Es de todos sabido que la justicia en España adolece de muy graves problemas. El otro día publicaba un post en el que comentaba que la idea de Gallardón, (al igual que las anteriores reformas o retoques del partido socialista), son un auténtico despropósito, ya que lo que buscan es que los ciudadanos acudan lo menos posible a la justicia. En definitiva es como si los frenos de nuestro coche no funcionasen adecuadamente. A casi nadie se le ocurriría recomendar no ir al mecánico a arreglarlos y recomendar: ¡no usar el freno!. Sobre todo porque usar el freno no suele ser una cosa que se hace por placer, sino que es un “extra” necesario en los coches.
Para arreglar la justicia, (los frenos de un coche, y lo que se quiera), lo primero es identificar los fallos; y curiosamente estos días hemos tenido estos días uno de estos casos en donde se encuentran bastantes problemas. El único aspecto bueno de tener a un juez estrella sentado en los banquillos es que nos permite ver bastantes cosas que normalmente están ocultas; y así ha sido. Hemos conocido determinados aspectos del procedimiento; hemos conocido determinados razonamientos de las personas que están en la judicatura y sobre todo hemos conocido lo que piensa una parte importante de la sociedad.
Lamentablemente en medio de toda esta historia todas las discusiones parecen haber quedado en la superficie, de tal forma que en este punto, (como en tantos otros), nos hemos encontrado en la tesitura de elegir entre los de “la Gürtel” o los del “Juez”. Y este es el primer problema que nos encontramos en este país. Parece ser que todos los mensajes nos llevan a que tenemos que elegir un bando y en consecuencia, o estamos con unos o estamos con otros. Este argumento lo ha pillado al vuelo José Blanco que se defiende de unas acusaciones afirmando que es una denuncia de un delincuente. Pues lo primero que debemos tratar es de madurar un poco y tratar de entender que aquí hay cuatro posibilidades a priori. Podemos estar ante un caso en el que todas las partes de la contienda, (la que sea) son demonios, o todos son ángeles o que estemos ante el típico juego de buenos contra malos, (con dos posibilidades de reparto).
Esto quiere decir que para entender si Garzón o quien sea ha actuado correctamente en un determinado momento, no vale que si lo ha acusado Dios o el Demonio. Lo mismo va para el que desconfie de Pepe Blanco; ¿significa acaso que esta persona defiende al otro corrupto?.
Este pequeño detalle es realmente importante para empezar a pensar. Es decir; no se puede juzgar a una determinada persona sin olvidar (he dicho perfectamente: hay que olvidar), quien denuncia, para luego olvidado todo juzgar.
Sin embargo en el caso de Garzón es imposible olvidarlo debido a que se nos ha repetido hasta la saciedad que es el único juez encausado por cualquiera de las tres acusaciones que tiene que responder. Es paradójico el slogan de “investigar no es delito” para oponerse a una investigación al juez. Tan paradójico que parece que “investigar no es delito” siempre que se investigue a quien queramos, cuando la realidad es que se debería investigar a aquel que no haya cometido un delito. Una posición mucho más coherente y que deberíamos tener a priori para la reforma de la justicia es aquella de ¿Cómo va a quedar algo sin investigar?, que deberían usar los dos bandos para justificar las dos investigaciones.
Pero el hecho de que se critique el hecho de que únicamente se juzgue a Garzón por unos hechos, y no se juzgue a otros jueces por los mismos motivos, nos muestra una situación desesperanzadora. En su día ya había explicado como esta situación llega al extremo de que en el caso de los pagos de Santander, es completamente inconcebible la situación en la que se acusa a un juez de cohecho, pero no se acusa al que pagó. O hay cohecho o no lo hay, pero si se estima que hay indicios de tal situación, ¿Cómo es posible que los que han pagado no estén siendo juzgados o investigados?.
No debería sorprender tanto por el hecho de que se juzgue a una persona, sino por el hecho de que no es fácil entender el hecho de que los jueces (y otros personajes) parezcan tener cierta patente corso, a menos que se metan con algún grupo de poder. En este caso estamos ante una perversión de la palabra independencia, (al igual que en otros casos).
La independencia se confunde normalmente con la impunidad o la inmunidad, cuando son realmente distintas. Independencia en el ejercicio de cualquier poder ha de significar que CUANDO SE CUMPLEN ESCRUPULOSAMENTE las normas (requisito previo imprescindible), ningún grupo pueda hacer absolutamente nada. Es decir, alguien tendrá independencia de los grupos de presión cuando se tenga que preocupar exclusivamente por cumplir la ley. Pero cuando lo confundimos con impunidad, comprobamos que se da un efecto curioso. Determinados puestos actúan con impunidad, de forma que parece que no han de responder de sus actos; en este momento, nos pasamos la legalidad por el forro y se hace lo que da la gana, (da igual que sea un banco central, un juez o un funcionario), y en estos momentos queda al albur de los grupos de los poderosos. Dicho de otra forma, tras esta confusión lo que encontramos es que el concepto de independencia en el ejercicio de la profesión se ha ido a tomar gárgaras.
Ante esto no ayuda el hecho de que cualquier persona no puede denunciar a un juez, sino que tiene que interponer Querella ya que tienen una especial protección.
Pero es que si seguimos repasando los argumentos, es especial llamativo que no hayan chirriado un par de aspectos que personalmente me hacen poner el pelo de punta. Por un lado, uno de los argumentos de la defensa de Garzón es que no ha habido perjudicados.
Pensemos en algo tan cotidiano como una multa de tráfico en la que no ha ocurrido nada; es decir, nos hemos saltado un límite de velocidad sin que haya existido ningún tipo de accidente o incidente. ¿Podremos alegar que no existe ningún perjudicado?. Pues lo podremos alegar pero será completamente inútil ya que aunque no exista ningún perjudicado pudo existir. En este caso, las normas están, (por lo menos en teoría), para evitar determinadas situaciones que pudieran o deriven en situaciones en las que otro se vea perjudicado, de tal forma que el hecho de que alguien se vea perjudicado o no por nuestras decisiones en determinadas ocasiones es intranscendente.
Pero incluso asumiendo como valido este argumento, parece inconcebible la existencia de una cierta confusión en este punto ya que a veces confundimos la inexistencia de perjudicados con la inexistencia de perjudicados concretos. Este es otro de los puntos que es muy importante rectificar en la justicia, y entre ellos la doctrina Botín, (curioso cómo se van cerrando los temas), que en definitiva es lo alegado en el juicio por el caso del franquismo.
Esta doctrina nace del caso de las cesiones de crédito donde se acusaba a Botín, (y otros directivos) por un caso de finales de los 80. Se acusaba a la entidad de varios delitos contra la hacienda pública y por falsedad documental, al comercializar unos productos que servían para evitar la tributación de los clientes.
En dicho caso, el ministerio fiscal solicitó el sobreseimiento, al igual que el abogado del estado, de tal forma que al final quedaba tan sólo una asociación ejerciendo de acusación particular. Pero sin embargo, esta asociación no pudo demostrar la legitimidad porque no era perjudicada directamente por las actuaciones.
En este caso se cuantificaba el fraude fiscal en 2.400 millones de euros, lo cual nos lleva a que no se pudo demostrar el perjuicio, (que de ser probada la acusación existiría sin la menor duda), sobre nadie en particular, ya que cuando los perjudicados son tantos, la realidad dicta que en definitiva no hay perjudicados.
Curiosamente esta doctrina se fue a tomar viento con el caso Atutxa, que fue condenado en similares circunstancias, pero que parece que vuelve ahora con el caso de Garzón.
Aparte de la doctrina Botín, otro de los grandes errores que ha de corregir la justicia es tratar de mantener los criterios en lugar de la situación actual donde según los intereses y el poder del que intervenga, las actuaciones y el sentido final de las sentencias varía de forma sustancial.
Pero el surrealismo extremo, está en el diseño de la justicia, que en definitiva es lo que nos lleva a una situación completamente absurda. En las alegaciones nos hemos encontrado con que el juez fue el que ordenó a la policía que garantizase el derecho de defensa y que el fiscal ha garantizado que el principio de defensa quedase garantizado. Quizás deberíamos replantearnos toda la situación y el esquema porque en un juicio debe existir unas personas dedicadas a la defensa, otras dedicadas a la acusación y tiene que haber una persona encargada de arbitrar la contienda entre estas.
¿Cómo vamos a pretender que un sistema funcione cuando la policía que en teoría es la que acusa ha de proteger el derecho de defensa?. ¿Cómo vamos a pretender que sea otro de los acusadores, (fiscalía), el que garantiza el derecho de defensa?. Y como vamos a pretender que el juez sea imparcial cuando es al que se le ocurren las medidas para buscar pruebas contra la acusación. Por tanto otro de los puntos a mejorar en la justicia, es todo el esquema de funcionamiento de los juzgados de instrucción, de tal forma que los jueces deberían centrarse en ser quien garantice el cumplimiento de las leyes y desde luego el derecho a las defensas.
Quizás esta sea la explicación de las razones por las que los fiscales últimamente parecen abogados defensores al no ver delito en ninguno de las actuaciones o recomendando archivos en casos muy llamativos siempre que existan ciertos intereses por medio. No sólo en los casos de Garzón, donde actúan como defensores, sino en el caso de las cesiones de crédito o en el caso del Santander que decidió Garzón después de cobrar del Santander, (lo que en definitiva genera el caso del Santander), como en el caso de Couso en Irak, (donde Wikileaks nos mostró los cables que inducen a la conclusión de que tal resultado fue por las presiones de USA), o unos cuantos más.
En definitiva, la reforma de la justicia no tiene nada que ver con su coste, (que es otro tema), sino que es mucho más importante tomar toda una serie de medidas para que todos pidamos justicia, entendiendo que a veces no nos gustará porque perderemos o perderá alguien que puede suscitarnos simpatía. Pero desde luego eso no se hace limitando el uso y las exigencias de los ciudadanos para esto.
Y no es un tema menor, ya que es imposible que un sistema económico funcione o un país tenga un mínimo desarrollo sin un sistema de justicia efectivo que defienda los intereses de todos los ciudadanos.
