Imaginemos que circular a 90 km/h por un tramo de carretera limitado a 50 km/h, supusiese una multa de 40 euros, y un procedimiento de tres años de duración, durante el cual la D.G.T. no podría iniciar ningún otro procedimiento por hechos similares. Por supuesto, imaginemos que no habría ni una sola consecuencia adicional, nada de retirada de carnet, ni pérdidas de puntos. ¿Cuántas personas respetarían el límite de velocidad?; ¿Frenaríamos aunque viésemos al Radar?.
Desde luego, cada cual conduciría como le da la real gana, y llegado el caso, pues se pagan los 40 euros, que es menos importe que llenar un depósito y arreglado el tema para tres años. Claro que en el momento de pagar, mentaríamos a todos los padres de la patria y nos quejaríamos amargamente de tener que pagar una sanción, (no muy importante, pero sanción a fin y a cuentas), por una conducta que realmente todo el mundo haría.
En fin, pues parece exagerado, me gustaría que la sanción dependiese de lo que se gana. De tal forma que ascendiese al 0.20% de sus ingresos anuales. Esto significaría que para un sueldo de 20.000 anuales, nos saldrían los 40 euros, pero para un mileurista, (alrededor de 15.000 euros brutos anuales), la multa ascendería a 30 euros.
Pues en julio de 2009, la Comisión Nacional de la Competencia hizo publica una sanción a Repsol, Cepsa y BP, por determinadas prácticas que limitan la competencia. La sanción fue de 5 millones para Repsol, 1,8 a Cepsa y 1,1 a BP, además de obligar de abstenerse en el futuro a las operadoras a continuar las prácticas sancionadas. Dado que Repsol ha facturado 2.598 millones en el 2009, la sanción por atentar contra la libre competencia, ha supuesto ese 0,20% de su facturación.
Por supuesto la reacción a la dura sanción fue enérgica y anunciaron recurso por que se atentó contra sus “derechos fundamentales”; (supongo que se refiere a los de los accionistas), y por supuesto anunció su decisión de pedir daños y perjuicios. A día de hoy no tengo ninguna noticia acerca del fin de esta historia.
La pregunta es; ¿Por qué va a competir Repsol?. Todo el mundo entiende que si se ponen a competir, los precios caen. Imaginemos que caen un 5%, derivado de ponerse manos a la obra. Es fácil entender que le sale más barato pagar una multa cada cinco o seis años que asciende al 0.20% de la facturación de uno de los ejercicios; que ponerse a competir y perder el control de los precios por un importe superior todos los días de todos los años.
En el caso de que la multa del exceso de velocidad fuese del 0,20% tras tres años de arduas investigaciones, en las que todo se acumula a ese 0,20%; los limites de velocidad, los respetaría ¿Quién?; pero sí derivado de incumplir obtuviésemos un beneficio, (en lugar de la posibilidad de pegarnos un tortazo), la realidad es que pasaríamos completamente de cumplir la norma que sea.
Debemos tener en cuenta, que la realidad es que la competencia, favorece a la economía en general y a los consumidores. Por un lado se generan precios más bajos, contenciones de margen y mayor renta disponible que a su vez genera la aparición de oportunidades para otras empresas. Por otra parte, genera el mayor incentivo a la innovación, (para producir y competir mejor), de tal forma que todos son efectos positivos de esta. Sin embargo, la competitividad no es buena para las empresas que se ponen a ello, que (si pueden), preferirán operar en regimenes de monopolio u oligopolio.
Parece que en España, no existen leyes antimonopolio, pero el problema no es la existencia de leyes o no; el problema es el mismo que las multas a los pubs por vulnerar horarios, ruidos o lo que sea, y no es otro que para las empresas sale mucho más rentable pasar de cumplir la normativa que cumplirla. Cuando tocan, pagan una parte de lo que ganan con las prácticas prohibidas y se hacen los ofendidos, denunciando injusticias y a seguir a lo suyo.
Hablaba Repsol de los daños y perjuicios; y es cuando menos curioso, que en este caso somos los clientes de Repsol los que sufrimos en definitiva los daños y perjuicios de esta práctica, por no hablar de la cafetería a la que dejamos de ir a tomar una cañita cuando se desboca el litro de gasoil, o de los bares de los camioneros que ven como estos andan con los tuppers de aquí para allá, (por poner dos ejemplos entre una larga lista). A día de hoy tenemos una resolución sancionando una práctica, tenemos unos efectos y unos daños. Sin embargo, nadie puede reclamar absolutamente nada, ya que sólo podemos reclamar sobre daños y perjuicios que podamos demostrar. ¿Cuánto daño nos ha hecho a cada uno de nosotros las prácticas que han sido sancionadas?.
Para que nos hagamos una idea clara de la situación de los daños, vamos a seguir con Repsol, compañía que en noviembre de 2008, se vio envuelta en una polémica, que temo sólo se ha conocido en Galicia. El 1 de noviembre, cientos de coches y camiones que llenaban sus depósitos con gasoil de la refinería de A Coruña, comenzaron a averiarse por que los filtros de gasoil se atascaban. Repsol, al principio, negó toda relación con tan paranormal suceso. Sin embargo el 2 de noviembre la compañía, interrumpió el suministro de gasoil en la comunidad, manteniendo, eso sí, que el gasoil es normal. El 4 de noviembre Repsol, moderaba un poco el tono y reconocía que asumiría la reparación de los motores, siempre y cuando se demostrase que hubo un fallo en la refinería. Por supuesto, nadie se digna en aclarar como es posible que un propietario afectado pueda demostrar que el fallo viene de la refinería.
Dicho de otra forma, se puede llegar a demostrar que el fallo proviene del gasoil, pero desde luego, puede ser de cualquier fase de la cadena. En consecuencia, al final nadie tiene las posibilidades de demostrar el fallo. En este caso en particular, han existido cientos de afectados, de tal forma que la situación obligó a la intervención de la Xunta de Galicia, ¡que llegó a un acuerdo!, por el que al final el 8 de noviembre se conoce que es CLH quien se hace cargo de la reparación de los motores, de la grúa y del abono del combustible, (al final parecía defectuoso, y en consecuencia no procedía el cobro), de las personas que pudiesen demostrar que habían repostado y donde, (pagos con tarjeta y las que tuviesen recibo).
Por supuesto, no entran más gastos, ni más perjuicios. Esta es la situación de la defensa de los consumidores, (que ya he tratado en otro caso también muy llamativo).
La realidad es que ante cualquier incidencia, las empresas pueden arreglar o no la situación con premura, pero lo cierto es que al estar tan limitada la responsabilidad por los fallos o incidencias, lo normal es que no atiendan las reclamaciones presentadas y pongan todo impedimento posible a la solución. Por supuesto, cada una de las personas afectadas, puede acudir a los tribunales a reclamar, pero todos somos perfectamente conscientes que los costes nunca superarán a lo que se puede obtener, lo que se traduce en la práctica en una impunidad casi absoluta por parte de las empresas, (impunidad que se vuelve hasta oficial en los casos del sector financiero o los inversores, donde realmente ni las decisiones del banco de España ni de la CNMV, ya de por sí benévolas, ni tan siquiera son vinculantes).
Aparte tenemos normativas distintas para reconocer los derechos de los consumidores, distintas en función del sector que se trate, y desde luego de la capacidad de negociación de los distintos grupos. Un caso especialmente salvaje es el de las telecomunicaciones, donde se establece una indemnización máxima por la interrupción de los servicios de 5 veces la cuota prorrateada, (el artículo 15 del pdf linkado). Esto quiere decir que si pagamos 30 euros al mes por Internet, la indemnización que correspondería por un día sin servicio serían 5 euros. Da igual si lo necesitabas y no has podido hacer una operación bancaria vital, si perdiste una cita que la desconocida del chat te propuso por mail, o que no hayas podido leer la prensa.
Esto es lo que corresponde y da exactamente igual todo lo demás. Por supuesto, cualquiera que pase un día sin Internet y que pueda demostrar daños superiores a los 5 euros de marras, podrá ir a un tribunal y con mucha suerte después de años, dolores de cabeza y desde luego muchos gastos, podrá conseguir algo más, (o no).
Alguien dirá aquello del tema de la imagen, pero ese problemilla se soluciona fácil. Gracias a la colaboración de la prensa, simplemente estas historias no se salen de madre, y como podemos ver, el hecho de cientos coches averiados, sólo ha significado la existencia de noticias a nivel local. Sin un contrapeso en la administración y silencios llamativos en la prensa, ¿Qué nos queda?.
Podemos pensar en los temas fiscales, y en este caso, “olvidar” ingresos supondrá un recargo de la deuda tributaria, en base al tipo legal del dinero, en el caso de que Hacienda logre pillarlo. ¿Por qué se van a declarar todos los ingresos?. Si nos olvidamos, pues lo peor que pasa es que pagaremos por la parte que descubran después de mucho tiempo, de tal forma que las empresas han obtenido un préstamo, (y a tipos inferiores a los de los bancos), por la parte que finalmente descubra Hacienda, y una subvención por la que no descubra. ¿Es riesgo ocultar ingresos?. Si nos pillan ganamos poco, en caso contrario, ganamos mucho.
Por tanto, desde luego, los incentivos a la competencia, a la mejora de los productos, a crear valor, reducir precio y atender correctamente tanto las normas y a los clientes, son desde luego inexistentes y en la mayor parte de los casos, de hecho son exactamente a lo contrario.
¿Qué solución existe?. Pues respecto a las normas, está claro. Que aprendan de la D.G.T. y su trato a los ciudadanos, y pongan sanciones que realmente penalicen la actividad que pretenden evitar. Desde luego, si queremos evitar acuerdos en contra de la competencia, deberán poner sanciones que penalicen las actividades por encima de lo que la empresa gana.
Por supuesto, desvincular en las sanciones, el daño producido del importe monetario, tal y como ocurre con las multas de tráfico, donde la sanción correspondiente, no se ve minorada o reducida por el hecho de que no se haya atropellado a nadie, (o que no se haya podido probar perjuicio para nadie).
Y por supuesto, además de sanciones punitivas, debería establecerse un sistema de indemnización punitiva, (similar al de Estados Unidos), que en España está expresamente prohibido. Dicho de otra forma, que cualquier consumidor pueda reclamar ante una empresa, y se establezca una indemnización por daños, (demostrados), y otra indemnización punitiva, que penalice el comportamiento de la empresa, y que en consecuencia, no dependa del daño demostrado sino de la maldad de la acción demostrada.
De esta forma, se lograría incentivar las reclamaciones de los consumidores, que pueden intentar demostrar prácticas incorrectas o ilegales de empresas, con la esperanza de un beneficio, (el típico juicio norteamericano), a la vez que lograría extremar los cuidados de las empresas, que se jugarían en todas sus ventas la empresa.
Hace poco he visto la película “legitima defensa”, en la que Matt Damon y Danny de Vito, luchaban contra una aseguradora que hacía mil y una por no pagar el tratamiento de un pobre enfermo de leucemia. Por supuesto, que el desequilibrio y la batalla entre los abogados de uno y otro bando, suponen un atentado a la justicia en cualquier lado. Sin embargo, en España, se ha llegado al nivel de que es más sencillo conseguir la mejor ley que el mejor abogado. Dicho de otra forma, en USA tendrás que luchar contra los mejores abogados para conseguir algo, lo cual incentiva tanto a los abogados, como a las empresas, como a las personas. En España, simplemente no se lucha contra el abogado contrario, sino contra la ley. La verdad es que en esa película al final la empresa no pagaba la indemnización millonaria, derivada de perder el juicio porque se acogía a la quiebra. Por tanto al final puede parecer que el resultado es el mismo, aunque desde luego no sea ni parecido. Al final cuando Danny de Vito cuenta que esas empresas son como tragaperras que tragan el dinero y nunca sueltan el premio, no sabe cual es la situación en España.
Se trata por tanto de dar protagonismo, respaldo y poder a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos de forma efectiva, y no como ahora que sólo la administración sea la que tenga la única potestad de recibir las indemnizaciones punitivas, dado que además parece que es más benévola con las empresas que con los ciudadanos.
