En referencia a la noticia de que los bancos de la Unión Europea podrían evadir parte de los requerimientos de capital de Basilea III bajo un borrador de legislación para la implementación del acuerdo global, según reporta Financial Times, aprovechamos para precisar algunos aspectos sobre Basilea III, los próximos test de estrés y el sector bancario europeo.
Basilea III es el tercero de los acuerdos que plantean mejorar a nivel internacional la legislación y regulación bancaria para asegurar mejores ratios de solvencia de la banca, para asegurar la protección del sector frente a crisis financieras, asegurar la supervisión de la gestión de los fondos propios y generalizar las buenas prácticas bancarias. Basilea III plantea el objetivo de mejorar para 2019 el ratio de solvencia desde el 7% hasta el 10% endureciendo los requisitos de capital y estableciendo nuevos mecanismos de control sobre la liquidez del sector, limitando además el apalancamiento de los bancos. Entre otras cuestiones, armoniza el tipo de instrumentos financieros que pueden ser considerados como capital a los efectos de cálculo de solvencia, permitiendo unas ventanas temporales de excepción para ciertos instrumentos financieros. Estas últimas excepciones incluyen la contabilización de capital en base a aseguradoras participadas; una legislación por parte de la Unión Europea que promueva la aplicación de dichas excepciones de modo generalizado no solamente representa una trampa al espíritu del acuerdo internacional de Basilea III, sino que además pervierte el resultado de los test de estrés que se van a realizar este verano, ya de por sí poco útiles.
Es importante destacar para evitar confusiones que no todos los países llevan el mismo ritmo en la aplicación de Basilea III y que incluso las condiciones en que se desarrollan los test de estrés son diferentes a nivel europeo de los realizados por cada país. El Banco de España está adelantando la utilización de criterios de Basilea III en los test que realizó, mientras que el próximo test a nivel europeo emplea criterios más permisivos que Basilea III.
En Europa, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) utilizará para los próximos stress tests este verano un mínimo de solvencia basado en un ratio Core Tier 1 del 5%. En dicho cálculo de capital básico no se incluyen instrumentos híbridos como acciones preferentes. No obstante, se acepta que puedan ser tomados en cuenta las ayudas públicas de recapitalización, según estaba previsto. Dichos criterios a la hora de medir las pruebas de resistencia son distintos a los utilizados en Basilea III. La EBA comentaba al respecto que “en algunos aspectos los requisitos son más duros (como el descuento que se aplica por las participaciones financieras, aplicable a las participaciones en aseguradoras que ha levantado tanto revuelo), pero en otros son menos estrictos (sobre todo respecto a otro tipo de deducciones, como los activos fiscales diferidos)”. En cuanto al listado de entidades que serán estudiadas, serán 90 entidades financieras, 24 de las cuales serán españolas (bancos, cajas y SIP).
En España, con la aprobación por el Consejo de Ministros del decreto ley sobre las nuevas exigencias de capital a las entidades financieras, se les concedía hasta el primer trimestre de 2012 para salir a bolsa, flexibilizando los plazos (el Banco de España podría incluso conceder un plazo adicional de máximo tres meses en casos extraordinarios). El decreto ley incrementaba las exigencias de capital en línea con los objetivos de Basilea III e incluso adelantaba dichos requisitos. Se incluían los bonos convertibles en acciones antes del año 2014 (aunque sólo podrán representar el 25% de los fondos que contabilicen en el capital básico) y los recursos ofrecidos por el FROB, al igual que las primas de emisión y los créditos fiscales. La exigencia general para las cajas es alcanzar el 8% en el ratio de core capital con carácter general y el 10% en casos excepcionales. Para obtener la ayuda pública, las cajas tienen que traspasar todo su negocio financiero a un banco en un plazo máximo de tres meses, ya que el FROB entrará en el capital mediante "la compra de acciones a valor de mercado". En cualquier caso, el FROB no puede permanecer en el capital de la entidad rescatada durante más de cinco años. Aquellas cajas que no logren el capital suficiente para cumplir con las exigencias de los ratios de solvencia marcados por el Gobierno, y en las cuales el Estado tuviera que inyectar capital, tendrán una presencia de funcionarios públicos tan sólo con funciones de vigilancia y no ejecutivas en los consejos.
De modo general podemos decir que las posiciones más frágiles en Europa corresponden a Credit Agricole, Unicredit y Banco Popular, aunque este último ya aprobó el examen español, más exigente que el europeo que está por venir.
