Un tema reciente e importante que ha levantado cierta polémica social ha sido la problemática asociada a la revalorización de las pensiones, llevando a cabo este colectivo manifestaciones exigiendo mayores subidas para mantener el poder adquisitivo.
En este sentido, la sociedad española ya está haciendo un esfuerzo importante, el tercero mayor de los países de la UE-28 y mucho mayor que el de países cuyas pensiones tienen mayor poder adquisitivo que las españolas, tal como he comentado recientemente , pese a lo cual, el poder adquisitivo de las pensiones se sitúa solo ligeramente por encima de la media de la UE-28, siendo el noveno más elevado en paridad de poder adquisitivo.
España, de forma similar a muchas otras economías, está experimentando un proceso de envejecimiento como resultado del incremento de esperanza de vida y reducción de las tasas de natalidad. Hecho que se traduce en el cambio de la estructura de la pirámide demográfica poblacional que conlleva efectos importantes sobre el importe del gasto social público necesario para mantener el estado de bienestar, incluyendo dentro de este el gasto en pensiones.
Parece por tanto, que no hay duda de que el incremento de gasto en pensiones se incrementará de forma importante, aunque su cuantificación es muy complicada dado el número de variables implicadas y su posible evolución durante décadas. Entre los factores que condicionan dicho gasto podemos mencionar:
- Evolución de la tasa de dependencia, condicionada por la evolución demográfica (esperanza de vida y tasas de natalidad), modificación de la edad de jubilación y saldo migratorio.
- Evolución del mercado laboral, del incremento del número de ocupados y de los salarios.
- La evolución de la tasa de sustitución (porcentaje que supone la pensión con respecto al salario).
- Los incrementos de productividad.
Ante la situación, los políticos buscan forma de financiar “el problema”, valorándose distintas estrategias, como traspasar el coste de las pensiones no contributivas o de viudedad a los presupuestos generales del estado; hecho que lo que realmente supone es simplemente un apunte contable que traspasa la financiación de las cotizaciones a los impuestos sin variar el volumen de gasto. Es decir, se socializa el coste, que correría a cargo de la sociedad en su conjunto y no solo de los trabajadores.
También se ha mencionado la posibilidad de incrementar impuestos de formas muy variopintas, como el impuesto a las grandes tecnológicas o a la banca, que además de ser insuficiente, podría acabar repercutiendo sobre los ciudadanos en forma de incremento de comisiones y precios y pérdida de poder adquisitivo, contribuyendo a alimentar la inflación y a un mayor gasto en pensiones debido precisamente a la indiciación de las pensiones al IPC, creando un bucle de retroalimentación, lo mismo que ocurriría si el incremento de impuestos se produce a través del IVA.
Pero las opciones son más amplias, ya que se pueden incrementar también el impuesto de sociedades y el IRPF, o llevarse a cabo la financiación a través de la emisión de deuda, planteando todos ellos importantes riesgos potenciales.
El incremento del impuesto de sociedades, sobre todo afectaría a nivel de grandes empresas, estas suelen ser las más productivas, exportan más, y sus trabajadores tienen mayores salarios. Constituyendo el riesgo el hecho de que este tipo de empresas tienen mayor facilidad para deslocalizarse o desviar sus inversiones hacia otros países, reduciendo la creación de empleo y la productividad; lo que simultáneamente dañaría la competitividad, y que a su vez induciría la emigración del cápital humano, hecho que potenciaría la pérdida de competitividad.
Si el incremento de ingresos fiscales se llevase a cabo a través del IRPF, también puede provocar de forma similar a las empresas la deslocalización de las rentas altas, y en el caso de las medias y bajas, además de reducir su poder adquisitivo, reducir el consumo de los hogares, y en este aspecto no deberíamos olvidar que este representa casi el 60% del PIB .
Y por último, en el caso de que la financiación se produjese a través de la emisión de nueva deuda, deberíamos recordar en primer lugar, que este abordaje supone financiar gasto presente con ingresos futuros, y estos ingresos futuros los deben proporcionar las siguientes generaciones, lo que supone un acto de insolidaridad intergeneracional mayúsculo debido al previsible volumen de deuda que se generaría, lo que además también contribuiría a la deslocalización de nuestro cápital humano.
Pero además, el incremento de deuda eleva los gastos financieros, que también se incrementarán fruto de la elevación de los tipos de interés del BCE y del aumento del volumen de deuda total al refinanciar los vencimientos de deuda con más deuda. Esto daría lugar a un incremento del ratio de deuda/PIB, que también podría verse incrementado si el PIB se contrae como resultado del incremento de impuestos y contracción de la actividad económica.
Esta situación contribuirá a elevar la prima de riesgo y los tipos aplicables a la deuda española incrementando los gastos financieros y todavía más el volumen de deuda en un proceso de retroalimentación. Hecho que, en el peor de los casos, podría llegar a impedir la financiación exterior del estado, viniendo a la mente el caso griego.
Y en este punto, deberíamos recordar también que los gastos financieros de la deuda pública española ya suponen, según los presupuestos generales del Estado para 2018, casi 31.600 mill de euros . Este volumen de gasto supone un coste de oportunidad, ya que estos fondos se podrían haber destinado a inversión y generar empleo incrementando el PIB potencial y los ingresos fiscales, o financiar más gasto social. Es decir, los gastos financieros contribuyen también a contraer el PIB, siendo por tanto este efecto potenciado si se recurre a la deuda para financiar las pensiones.
Pero además, el incremento de volumen de deuda pública y prima de riesgo también repercute sobre la deuda privada, hogares y empresas. En el primer caso por ejemplo incrementando los tipos hipotecarios y por tanto reduciendo la capacidad de adquisición de vivienda. Y en el segundo, reduciendo el margen empresarial, lo que podría traducirse en un ajuste vía empleo y/o salarios con menores ingresos fiscales y por cotizaciones sociales.
Podríamos concluir entonces que financiar el incremento de las pensiones tal como se pretende detrae fondos de la economía real suponiendo un coste de oportunidad en forma de reducción de inversión, impactando sobre la productividad y dificultando el crecimiento económico.
A pesar de todos los motivos mencionados, todavía existen defensores de incrementar el gasto presentando argumentos muy variados, desde el hecho de que el incremento de productividad de la economía puede compensar la evolución del ratio de dependencia, cosa poco probable como ya he mencionado en otro post , hasta los que indican que gracias a las pensiones la sociedad ha resistido mejor los embates de la crisis, contribuyendo los pensionistas a sostener a familiares más jóvenes. Sin embargo, aunque cierta, esta afirmación no contempla el hecho de que si se generase mayor actividad y empleo, los pensionistas no tendrían que haber llevado a cabo esta labor social, siendo ello dependiente de la política económica del país, es decir, de los políticos.
En cualquier caso, no pretendo indicar en estas líneas que no sea un objetivo deseable incrementar las pensiones y la calidad de vida de nuestros mayores. Solo incidir en que se deben valorar los modos de llevarlo a cabo y las consecuencias a medio y largo plazo que podrían implicar.
Siendo de destacar en este sentido, que las medidas fáciles, de incrementar impuestos o deuda, dan lugar a efectos negativos sobre la economía y acaban perjudicando a aquellos que se pretende ayudar, ya que dificultan la capacidad del sistema de generar ingresos y financiar gasto social a largo plazo.
Parece bastante obvio que la solución pasa por incrementar la actividad económica a través de la productividad y competitividad, objetivo sobre el que debería centrar sus esfuerzos la clase política, ya que no olvidemos que los políticos, a través de las leyes, son los que condicionan el entorno económico y por tanto la capacidad de la economía de generar los ingresos fiscales necesarios para financiar el estado de bienestar que deseamos.
