La Seguridad Social es el pilar de nuestro sistema de protección de prestaciones de asistencia sanitaria y pensiones. Sin embargo, ya son muchos los economistas especializados en sistemas de financiación, los que anticipan una posible quiebra de la Seguridad Social en los países más desarrollados. España, según ellos, tampoco es ajena a este problema debido a que la población está envejeciendo al aumentar la esperanza de vida, lo que impide que el dinero que se recaude de los trabajadores en activo, en el futuro, sea insuficiente para cubrir el monto necesario para sufragar las pensiones de los mayores. Añaden, también, el desconocimiento generalizado en materia de pensiones públicas y la falta de concienciación de una población que da por hecho que alguien vendrá que lo arreglará.
Nuestra Seguridad Social data de 1883 cuando la Comisión de Reformas Sociales de la época realizó los primeros estudios. De aquellos vientos, en 1908, surge el Instituto Nacional de Previsión y aparecen los primeros sistemas de cotización obligatoria. Poco a poco van surgiendo diversas coberturas obligatorias como el Seguro para el Retiro Obrero (1919), Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de enfermedad (1942) y el SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidad) en 1947. No dejan de aparecer mutualidades laborales, pero todo era insuficiente hasta que en 1963 surge la primera Ley de Bases de la Seguridad Social, precursora de la Ley General de la Seguridad Social que entra en vigor el 1 de enero de 1997 siendo el inicio de nuestro actual sistema de Seguridad Social descrito en el artículo 41 de la Constitución como un “régimen público”.
Posteriormente, se han ido realizando ampliaciones y modificaciones ante la insostenibilidad del sistema hasta que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado, suscribiéndose en 1995 el Pacto de Toledo con la intención de garantizar el futuro de las prestaciones. Este Pacto incorpora grandes cambios como la creación de un Fondo de Reserva con los excedentes de ingresos, un sistema de financiación independiente, prestaciones no contributivas y mecanismos de jubilación flexibles. Las Pensiones Públicas son un derecho de los ciudadanos que nuestra Constitución recoge en su artículo 50: “Los poderes públicos garantizan, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Por lo tanto y sin lugar a duda, tienen más riesgo de quiebra los Fondos Privados de Pensiones.
La Seguridad Social se puede definir, entonces, como un sistema público de prestaciones y protección frente a situaciones o riesgos que impiden la actividad laboral, limitando o anulando la capacidad de trabajo. Así, la Ley General de la Seguridad Social (art. 87) establece que el sistema financiero será de reparto primando el principio de solidaridad financiera: se beneficia a los viejos, a los enfermos, a los desempleados, a los familiares de los fallecidos y a los que tienen cargas familiares.
Las proyecciones demográficas apuntan hacia un envejecimiento de la población lo que provoca un desfase entre pensionistas y ocupados. El aumento de pensionistas y la disminución de ocupados provocan que la recaudación sea insuficiente para que subsista un sistema de pensiones de reparto, lo que conlleva a un déficit creciente solucionado, de momento, por un aumento de impuestos y edad de jubilación y una reducción de las prestaciones. Por este motivo, algunos versados ven la conveniencia de ir pasando progresivamente desde el actual sistema de reparto hacia un sistema de capitalización. Éste consiste en que los trabajadores actuales ahorren hasta generar un fondo propio, para que el día que llegue su jubilación, sufrague la carencia de una prestación de reparto.
No todos los expertos se ponen de acuerdo en la idoneidad de un sistema u otro. Sin embargo, ya hay muchos que abogan por un sistema mixto y, además, que se imponga cuanto antes. Los motivos, más que evidentes: el incentivo al ahorro será menor si se sabe que en el futuro el Estado pagará su pensión; por otro lado, existe el deseo de quitarse de la vida laboral cuanto antes si se sabe que el cobro de una pensión futura está garantizado. Visto desde el otro lado, el incentivo al ahorro sería superior en el sistema de capitalización: se llegaría a la jubilación en el momento en que capital y prestación social fuesen suficientes para mantener un estatus similar a cuando se está en activo.
Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes. En el sistema de reparto, destaca su universalidad y su solidaridad, pero tiene el inconveniente de que a todos los políticos les gusta porque lo manejan ellos a su antojo. El sistema de capitalización permite que el trabajador sea dueño de su jubilación y la gestione a su manera, teniendo en contra la insolidaridad, haciendo más grande la brecha entre necesitados y solventes.
Por lo tanto, es más lógico mantener el sistema actual con las consiguientes modificaciones para que no entre en quiebra y, de forma personal, cada individuo se replantee un ahorro para luego rentabilizarlo a través de la inversión.
Día a día vemos que el ahorrador está también amenazado de muerte. En un abrir y cerrar de ojos puede perder todo su capital que tantos sacrificios le ha costado acumular. Entonces, la obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social se contempla, y así es, como el mejor de los males.
Tenemos un sistema de pensiones que merece la pena preservar, aunque no sea muy bueno y sean necesarias muchas reformas de gran calado para solventar el problema demográfico venidero. Pero también, no es menos cierto, que debemos acompañarlo con nuestro propio sistema de capitalización desde el inicio de nuestra vida laboral.
Ya hay países (Suecia, Chile, etc.) que han evolucionado desde un sistema de reparto a uno de capitalización. Es cierto que se ha gestionado de forma mixta, coexistiendo ambos sistemas. El resultado es que el consenso de la sociedad de ambos países alaba los beneficios del sistema.
Todas las predicciones que se han hecho con anterioridad sobre lo que ocurrirá con las pensiones en un futuro, no han acertado nunca. Ahora, de nuevo, se han hecho nuevas predicciones debido a la acusada destrucción de empleo de los últimos años y a la previsión del comienzo del periodo de jubilación de los trabajadores que nacieron en la década de los 60 y 70, décadas en las que se produjeron grandes oleadas de nacimientos.
Otro problema añadido es que las nuevas prestaciones son más altas que las anteriores y mucho más altas que las que se dan de baja por fallecimientos. Por lo tanto, cada mes se pagan más pensiones y de mayor cuantía.
Como curiosidad, y ya finalizo, según un estudio, los ciudadanos de mayor renta y mejor cualificación profesional tienen mayor esperanza de vida. En España, por ejemplo, viven, de media, 10 años más los que tienen mayor renta.
