La historia de casos de corrupción y corruptelas en España empiezan a ser absolutamente insoportables. El impacto sobre la economía de todas estas actividades es muy evidente por la “distracción” de recursos y porque la situación ha llegado a un punto en el que no se puede entender que se realice ninguna actividad económica al margen de todo este sistema. ¿Qué puede ser más rentable que un sistema en el que las empresas consiguen contratos, adjudicaciones, concesiones de lo más variopintas o ventajas a cambio de pagar comisiones a unas personas que al final acaban financiando también a partidos políticos?.
Se generan negocios, se financian partidos e incluso se puede decir aquello de “se crean no se cuantos empleos” en toda rueda de prensa, y de paso por el camino se van dejando caer todo un reguero de beneficios ingentes para el común de los mortales, pero ridículos en relación al daño causado de toda corruptela que perciben personas que traspasan todos los límites morales y en ocasiones (demasiadas) legales.
Se habla con frecuencia de la pillería de los españoles, obviando que ni esto es algo exclusivo de los españoles, y que la inmensa mayoría de nosotros tenemos el triste papel de pagar todas las burradas. Los casos son tantos y tan abundantes que es imposible negar el problema (o por lo menos sin llegar a ser tan patéticos como estos políticos que reivindican la honradez de la profesión, mientras acumulan demasiadas decisiones que sólo son oscuras porque en la mayoría de los casos no se ha investigado absolutamente nada). De hecho cualquier día, en cualquier periódico, ya sea local o nacional, nos encontramos con toda una serie de noticias que no cesan, acompañados del “es legal”, (lo cual a veces es cierto, aunque olvidan decir que es legal porque se quiere que sea legal, y a veces no es más que una excusa). El manual sigue con aquello de la presunción de inocencia y las referencias a una persecución. Del otro lado pues aquello de la exigencia de responsabilidades, y la exigencia de una investigación, (pero con la boca pequeña).
Esta semana nos encontramos con el ático de Ignacio González, (afirmaba que era alquilado a una empresa extranjera de la que no se conoce nada, pero que ahora nos encontramos con que es suyo pero no está inscrito), los 22 millones que Barcenas tenía en una cuenta en Suiza, que luego resulta que suyos eran 10 millones que además regularizó en la amnistía fiscal, mientras la agencia tributaria dice que no, los millones y negocios de CIU en Cataluña, los Eres en Andalucia, los bailes e informes en la sanidad con contratos y fichajes por todos lados y el Banco de España actuando de mafioso y tirando de teléfono para transmitir unas instrucciones a las entidades financieras, (que dado que son las beneficiarias, no es difícil asumir que además son las inductoras de tal despropósito), para cargarse la competencia en una de las partes del negocio de forma que no pierdan dinero pagándoselo al común de los mortales. Y en medio Pepe Blanco se queja de que la policía lo investigue, (y por favor, que nadie me diga lo del derecho a la defensa porque está más que acreditado que estos tienen toda la defensa del mundo, y porque en el caso particular se denegaron determinadas prácticas por no duplicar la investigación, por lo que en realidad no tengo tan claro que la policía haya desoído nada). Todo ello aderezado con unos cuantos casos locales, (en Galicia tenemos unos cuantos casos a cuenta de adjudicaciones y contratos).
Toda esta situación tiene un límite de tolerancia para la sociedad, ya no sólo económico. No es que no se pueda soportar económicamente; es que el que aún tenga medios para vivir con cierta comodidad y pretenda que esto sea algo más o menos honrado no puede llegar al fin del día informado y de buen humor. ¡Día tras día!.
Y tan sólo hay tres cosas que se pueden hacer: La primera es eliminar negocios del estado y de las concesiones; Ya vale de tanta gestión privada de lo público, que nos lleva a estas situaciones día sí, día también. Tiene que existir una discusión sobre lo que el estado debe asumir y prestar, y lo que no. Aquellos servicios que debe prestar el estado deben ser prestados directamente por el estado y en los demás salirse por completo, para evitar la primera fuente de problemas que es la existencia del reparto de unas dadivas que pagaremos todos.
La segunda es investigación, investigación e investigación, y por tanto dejar de tener maniatados o persiguiendo a mindundis a los inspectores de varios campos en España y la tercera es responsabilidad penal. No ha habido de la otra durante tiempo que tan sólo nos queda la cárcel como un medio para la reinserción de unos cuantos caraduras que están arruinando el país y como medio para la recuperación de la dignidad de la sociedad.
La alternativa a una regeneración de la de verdad, (no la típica de los discursitos políticos), es que la sociedad no aguantará más y por tanto explotará; y nadie quiere esto, porque aunque cada vez haya más gente que estima que la solución es violenta, debemos acordar que esto no beneficia absolutamente a nadie. Hay unos códigos penales para los castigos y cuando nos salimos de ahí, (lo que ocurre cuando se descontrolan las cosas), cualquier cosa puede pasar a cualquiera, (de hecho la mayor parte de las victimas en este caso serían precisamente inocentes).
