Una vez conocidas las alegaciones de UNESA a la reforma energética nos encontramos con unos cuantos argumentos que son cuando menos peculiares. En particular llama poderosamente la atención el hecho de que aleguen en contra de que las compañías eléctricas dispongan de teléfonos de atención al cliente gratuitos, manifestando que esto provocará que los consumidores abusen, incrementando los gastos de atención al cliente, de tal forma que al final acabemos pagando un precio mayor por la energía, (ya que por mucho que parece que abusemos los consumidores, resulta que las empresas de energía no pueden tener pérdidas, al revés que los consumidores).
Lo evidente es que en un primer momento estamos hablando de los costes de atención al cliente y de las estructuras para canalizar las reclamaciones a presentar; pero sin embargo, debemos tener en cuenta que los sistemas de atención al cliente y de reclamaciones, tienen un impacto secundario que en este caso es muy superior.
Es fácil entender que cuanto mayor sea la facilidad para presentar una reclamación, menor será la facilidad de abuso por parte del vendedor, (y obviamente mayor la facilidad de abuso por parte del consumidor) y a mayor facilidad de abuso, es fácil inferir que estos serán mayores y más importantes, en este y en todos y cada uno de los sectores que nos encontremos. En definitiva, lo importante no son los costes derivados de atender las reclamaciones, sino que lo importante es el mero hecho de que exista un sistema de reclamaciones efectivo y sencillo para reclamar; o simplificando aún más. Estamos hablando del poder de mercado.
Si entendemos esto, apreciamos la primera conclusión sobre tal alegación, ya que resulta que atenta contra la primera base de lo que son unos ideales del liberalismo, por otra parte, tan defendidos por unos personajes de salón que lo sacan cuando les viene bien, pero que lo obvian cuando no. Se supone que el mercado es eficiente, siempre y cuando sea libre, para lo cual es requisito imprescindible la inexistencia de poder de mercado por parte de ninguna de las partes.
En consecuencia, para tratar de analizar la conveniencia de una determinada regulación, hay que entender inevitablemente la situación del mercado y tratar de entender si una determinada medida nos acerca o no a la situación ideal. En el caso particular se trata de entender primero si en el mercado eléctrico tenemos una situación de poder en manos de los consumidores o de poder en manos de las empresas oferentes. Si estuviésemos en una situación de poder de los consumidores y se establecen nuevos mecanismos para que los consumidores lo ejerzan, (o límites para la defensa de sus intereses por partes de las empresas), favorecerlos sería un desastre.
Sin embargo, el poder de las empresas en este mercado es tan evidente que hace inviable cualquier discusión. De hecho, es completamente absurda la explicación de que pueda existir la posibilidad de que las compañías eléctricas puedan sufrir un problema serio de abusos por parte del consumidor, (más allá de casos puntuales), cuando la realidad nos dice que tanto por estructura de mercado, como por estructura legal, como por todos y cada uno de los aspectos que podemos mirar, son las empresas las que abusan de forma generalizada de todo su poder, sin que los consumidores no puedan hacer nada.
Si alguien siente la tentación podemos tratar de enumerar la larga lista de imposiciones a los consumidores desde las empresas eléctricas, pero también podemos hacer un repaso y encontrar que tenemos los precios de la electricidad más caros de la Unión Europea, y dado que los precios en los mercados reflejan la situación de poder en estos, es fácil deducir la realidad. Por descontado, que no nos hablen de que las empresas tienen los costes más elevados, ya que por pura teoría económica, los precios de un determinado bien o servicio no dependen de sus costes, sino de la posibilidad de traspasarlos.
Entendiendo esto, en pocas situaciones se puede entender con más claridad la necesidad de incrementar el poder de los consumidores, aunque solo sea para defenderse de los abusos, y por tanto el hecho de que las regulación establezca la gratuidad de las reclamaciones debe entenderse como un mínimo que ni de lejos es suficiente para tratar de equilibrar el mercado, se pongan como se pongan las eléctricas.
