El pasado 30 de diciembre, el Real Decreto 1887/2011, en su artículo 13, apartado 2, establecía la supresión de la Secretaría General de Política Social y Consumo, así como de la Dirección General de Consumo. Habiendo desaparecido los organismos responsables del Consumo en España, resulta vergonzoso que las subvenciones a las asociaciones de consumidores se hayan repartido este año en noviembre. Unas subvenciones que permiten que sigan sobreviviendo unas asociaciones a las que tumbaría un soplido, y que han estado recibiendo millones de euros durante años –algunos de ellos declarados ilegales por el Tribunal Supremo–, pese a lo cual se han manifestado absolutamente incapaces de crear estructuras sólidas, eficientes y útiles. Asociaciones como Facua, Adicae y UCE caminan hacia su desaparición. La nueva política de que la gente haga su trabajo y no se conviertan en funcionarios sin oposición ni preparación es una buena medida.