A/A. Ministra Dña. Reyes Maroto Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Paseo de la Castellana, 160. 28046 Madrid (España) Asunto: Rescate Abengoa-Abenewco En Vigo, a catorce de julio de dos mil veintidós (14-07-22) Estimada Sra. Maroto: Me dirijo a usted en atención a la operación de rescate de Abengoa/Abenewco, en la cual se encuentra al frente de una serie de reuniones de un “grupo de trabajo” creado por las administraciones que tiene por objeto el estudiar qué mecanismos hay disponibles para poder "salvar lo que se pueda" del grupo Abengoa, el cual se encuentra en la actualidad formado por unos 5.500 empleados repartidos por todo el mundo (unos 1.300 empleados en España) y por unos 90.000 accionistas. Entiendo que es usted conocedora de que la SEPI acaba de denegar la ayuda solicitada por Abengoa por importe de 249 millones de euros al considerar que las filiales solicitantes no cumplen los requisitos para ser consideradas elegibles en base a los informes y escritos de los asesores jurídico, PKF Attest, y financiero, Grant Thornton, siendo las razones principales de esa denegación que no se encuentra demostrada la viabilidad a medio y largo plazo y que no se garantiza la devolución de los 249 millones de euros por parte de Abengoa al Estado Español. Como bien sabe, en este momento existe sobre la mesa una propuesta de capital privado (a través del fondo británico Sinclair Capital Reserve junto con su socio tecnológico portugués RCP Resource Project Management) para salvar toda la actividad y el empleo posible de la compañía mediante la inyección de 200 millones de euros en las unidades de negocio del grupo Abengoa, incluyendo cartera de proyectos por valor de 12.000 millones de euros y avales por valor de 300 millones de euros destinados al mantenimiento de la actividad de todas las sociedades de la compañía, con lo cual ya no es necesario un rescate por parte de las administraciones públicas. Esta propuesta de capital privado ha sido presentada directamente a través del presidente del Grupo Abengoa, D. Clemente Fernández, el cual ha sido elegido de manera democrática por la mayoría de los accionistas, cuenta con la confianza de los mismos y el cual no ha sido invitado por ustedes para que forme parte de su mesa de trabajo, pero si forma parte de esa mesa D. Juan Pablo Lopez-Bravo Velasco, el cual es simplemente presidente de una de las filiales de Abengoa en contra del deseo de la mayoría del accionariado, tiene abierta una acción de responsabilidad social y se ha auto asignado un sueldo y un blindaje que no han sido validados por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, saltándose la Ley de Sociedades de Capital, regladas por la CNMV. Igual esto se encuentra motivado en que D. Clemente Fernández se encuentra defendiendo los intereses de la compañía y D. Juan Pablo Lopez-Bravo se encuentra defendiendo los intereses de determinados acreedores bancarios, además de los suyos propios. Alguien va a dar explicaciones por esto. Con esta propuesta, además de mantenerse la mayoría de los puestos de trabajo, la Agencia Tributaria, el CDTI y la Diputación de Sevilla cobrarán el 100% de los aproximadamente 15,5 millones de euros que les debe Abengoa, la sede de la compañía se seguirá manteniendo en Sevilla y una vez saneadas las unidades de negocio serán reintegradas a la sociedad que cotiza en Bolsa (el objetivo final es que la empresa siga cotizando en la Bolsa española), con lo cual los 90.000 accionistas que forman parte de la misma no perderían toda su inversión. Recordarle que entre esos 90.000 accionistas se encuentra el propio Estado Español a través del Ministerio de Economía, el cual según consta en información pública, es el principal accionista de Abengoa (con una participación consistente en 584.545.294 títulos, distribuidos en 51.546.009 de la clase A y 532.999.285 de la clase B, que representan el 3,152% del accionariado) el cual perdería en caso de liquidación de la matriz de la compañía al menos 415 millones de euros de dinero público según la cifra facilitada por el ex ministro de Economía D. Luis de Guindos al hablar de la exposición del Estado a Abengoa. Página 2 de 2 Estos inversores privados han solicitado acelerar el proceso de entrada de dinero a la administración concursal de la compañía, ejercida por EY Abogados para evitar el colapso de la misma, ya que en la situación actual le quedan pocas semanas de vida. Para que esa propuesta de capital privado se lleve a cabo de manera inmediata es necesario que el juez que lleva el concurso acepte el recurso de reposición planteado por la compañía y que abra la fase de convenio a partir de la propuesta presentada por el consejo de la cotizada y que apoyan los inversores. En lo anteriormente citado tiene su mesa de trabajo un mecanismo disponible e inmediato para poder salvar al grupo Abengoa, el cual además no pone en riesgo el dinero público. La radiografía a fecha actual es que una compañía privada en dificultades cuenta con una opción privada e inmediata para poder vencer esas dificultades y salir adelante, con la cual se salvarían los 5.500 puestos de trabajo y la inversión de los 90.000 accionistas que forman parte de la misma (incluyendo los 415 millones del propio Estado Español) pero ahora, sin ser ya necesario, aparecen las administraciones públicas (encabezadas por usted) y actuando en contra de los propios informes emitidos por la SEPI buscan una fórmula de rescatar a la compañía con dinero público (pese al gran riesgo existente de no recuperarlo) en la cual se supone que se salvaran los 5.500 puestos de trabajo pero que probablemente liquidará la sociedad matriz de Abengoa, llevándose por delante la inversión de esos 90.000 accionistas, entre la que se incluye la del propio Gobierno (sin contar el dinero nuevo). Un sinsentido. La negativa de la SEPI ha hecho perder la oportunidad de ganar mucho dinero a varios acreedores financieros de la compañía, entre los que se encuentran el banco Santander y KKR entre otros. Permítame decirle que en mi opinión la sensación es de que en este momento lo que se está promoviendo desde el “grupo de trabajo” del propio Gobierno, con usted al frente, más allá de buscar la salvación de los 5.500 empleos de Abengoa (lo cual queda muy bien de cara a la galería) es el estudiar qué mecanismos hay disponibles para poder llevar a cabo un rescate a la carta para esos acreedores financieros en compensación por las pérdidas ocasionadas por la negativa de la SEPI y como ejecutar ese rescate de tal manera que no derive en cualquier proceso judicial o responsabilidades en su contra o del propio Gobierno por malversación del patrimonio público o por las pérdidas millonarias que serán ocasionadas a los accionistas de la compañía al interferir el en la vida social de la misma sin ser ello necesario. Una de las piezas que se están investigando en este momento dentro de Abengoa es la presunta administración de hecho que han venido llevado a cabo durante los últimos años los acreedores financieros de la compañía con objeto de beneficiarse claramente en perjuicio de la propia compañía. Sería algo impensable que esa presunta administración de hecho pudiese tener influencia más allá de las fronteras de Abengoa. Por supuesto que en caso de producirse irregularidades se procederá de inmediato a interponer denuncia contra cualquier funcionario, cargo público u organismo implicado en el proceso. En base a lo anteriormente expuesto, le solicito en su calidad de Ministra del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que por favor ayude con su “grupo de trabajo” a catalizar la propuesta privada en firme con la que cuenta la compañía en este momento en aras de proteger los 5.500 puestos de trabajo, la inversión de los 90.000 accionistas que formamos parte de la misma y la propia inversión del Estado Español. Queda constancia con el envío del presente documento mediante burofax de que ha sido informada de lo anterior y que esta comunicación se hará pública a futuro, si procede. Agradeciendo su atención, cualquier cuestión me encuentro a su completa disposición. Atentamente
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