Estafados sin estafadores, de Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia
OPINIÓN
Miramos mucho hacia Chipre y quizás deberíamos mirar más hacia Mataró. La pesadilla del producto bancario conocido como emisiones preferentes es una prueba para la democracia española. No lo digo de manera solemne ni dramática, me limito a levantar acta de una evidencia. Esta democracia que surgió de un pacto de debilidades bajo la vigilancia de los militares tiene ahora la oportunidad de tratar a sus ciudadanos como tales en vez de abandonarlos miserablemente.
El ciudadano espera el amparo –en teoría– de un Estado de derecho que le debe proteger y tiene que administrar justicia. Si eso no pasa, el abuso, la arbitrariedad y el delito acaban imponiéndose y cualquier víctima se convierte entonces en invisible. Llegados a este punto, el Estado de derecho se convertiría en un artefacto inoperante y el ciudadano se sentiría legitimado para incumplir cualquier ley. Las sociedades donde estas cosas son habituales se articulan a partir de las mafias, la violencia y la corrupción estructural.
Los gobernantes y legisladores españoles deben elegir ahora si refuerzan el Estado de derecho o si abonan que todo es un decorado de plastilina y cartón. Las personas que adquirieron preferentes sin saber el riesgo que corrían son lo que técnicamente se denomina estafados. La estafa es un delito. Si yo voy al supermercado y compro una botella de leche, espero encontrar leche. En caso de que encuentre agua, me habrán estafado. En caso de que encuentre lejía, me habrán estafado y, además, habrán puesto en peligro mi salud. Hay quien sostiene que era una obligación de los tenedores de preferentes leerse toda la letra pequeña antes de firmar y que, por lo tanto, su ignorancia sobre el producto no es fruto de una mala práctica bancaria sino de una irresponsabilidad individual. Después de hablar con varios afectados –sobre todo ancianos– debo concluir que el argumento anterior no me convence. Regreso a la metáfora del supermercado: si yo estoy en la zona de lácticos, lo que espero encontrar es leche o yogures, no agua ni lejía. La costumbre y la lógica me hacen pensar así. Centenares de decisiones se basan en esta inercia, de lo contrario el mundo no podría funcionar. El malentendido que asociaba las preferentes a un depósito con rentabilidad fija no nació en la mente del cliente, fue originado por el consejo que ofrecía el empleado bancario. Costumbre y lógica. Quien puso –con inconsciencia o mala fe– las botellas de leche al lado de las botellas de lejía no fueron los consumidores.
La costumbre y la lógica en mi actitud como consumidor en el supermercado o en la caja de ahorros (o banco) de turno se fundamentan en la confianza. La confianza hace que no me fije nunca en la fecha de caducidad de las botellas de leche, porque no me pasa por la cabeza que me vayan a vender una partida a punto de caducar. La confianza hizo que miles de personas pensaran que las preferentes eran un producto más para obtener una buena rentabilidad de los ahorros. La confianza daba seguridad. El comercio –también el del dinero– se basa en este vínculo tan antiguo y tan delicado a la vez. Para que este equilibrio no se rompa hay que considerar que la verdad no es un asunto abstracto sino una dimensión concreta de la existencia. La verdad del tendero y la del banquero no tiene nada de metafísico: las cosas son o no son. ¿Eso es o no es leche? ¿Eso es o no es un depósito con rentabilidad fija?
Si hay estafados es que también hay estafadores. ¿En qué consistió esta estafa? En esconder (enmascarar, desfigurar, distorsionar) la verdad de las emisiones preferentes. Estamos tan acostumbrados a que ciertos políticos hayan convertido la verdad en una papilla sin sabor que no nos damos cuenta de la magnitud del fraude que ha tenido lugar ante nuestras narices. El otro día vi por televisión a una señora de Mataró –antigua clienta de Caixa d’Estalvis Laietana y ahora cautiva de Bankia– que iba repitiendo con ademán de estupor: “Yo no sabía nada”. Los clientes de la banca nacionalizada serán los tenedores de preferentes peor parados. Los de Catalunya Caixa perderán el 61% y los de Bankia casi el 100%. El drama que eso supone para miles de familias es una gran vergüenza de la España democrática.
El decreto ley del Gobierno de protección a los titulares minoristas de preferentes crea una comisión que dirá cuáles son los criterios para acceder a los arbitrajes, pero no queda nada claro cómo recuperarán el dinero los afectados. A pesar de la dureza del cuadro, parece que hay quien quiere bromear con el sufrimiento. ¿Saben quién presidirá esta comisión? La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano del Estado que precisamente erró al permitir la comercialización inadecuada de las preferentes. Además, el vicepresidente de la mencionada comisión será el actual subgobernador del Banco de España, que antes había estado en la CNMV. ¿Qué confianza pueden tener en el Estado de derecho los estafados cuando la salida a su problema será gestionada por los que exhibieron una incompetencia letal?
¿Irá alguien a la cárcel por la estafa de las preferentes? ¿Irá alguien de los que dieron las órdenes de colocar este producto sin explicar toda la verdad? ¿Irá alguien de los que debían vigilar que las cosas se hicieran bien?
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