La irresponsabilidad de PP y PSOE
Bruselas manda un dictamen motivado que, a pesar de ser reconocido por Puertos del Estado como muy documentado, es ignorado por el equipo del Ministerio de Fomento en tiempos de doña Ana Pastor. Esta falta de atención da lugar a una denuncia de la Comisión al Tribunal Europeo y una condena sin paliativos al Reino de España: "Hay que cambiar la ley liberalizando la estiba, y de no hacerlo en plazo cada día habrá que pagar más de ciento treinta y tres mil euros de multa".
Ni el ministro Blanco con su equipo ni la ministra Pastor con el suyo quisieron coger el toro por los cuernos y, como siempre, se plegaron a las exigencias de la Coordinadora, que amenazaba, como ahora, con parar los puertos. ¿Y ahora qué? Bruselas ni cede ni cederá. No se puede obligar a una empresa que quiera dedicarse a la actividad de estiba a que obligatoriamente pertenezca a una sociedad dominada por la Coordinadora, ni mucho menos obligarla a que su costosa maquinaria sea manejada cada día por diferentes trabajadores sin vinculación directa con la empresa.
El Gobierno anuncia que, de acuerdo con la sentencia, tiene preparado el decreto de liberalización, y la Coordinadora le dice que ni se atreva a aprobarlo porque le monta el pollo portuario; eso sí, con un tipo de huelga sui generis, una hora de paro y una de actividad, así no dejan de cobrar; y al ministro no se le ocurre otra cosa que aplazar la aprobación para que empresarios y sindicalistas se entiendan. No, señor ministro. La responsabilidad de adecuar el sector a la normativa comunitaria es de usted, no intente trasladarla a los empresarios.
La suerte está echada. Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. Cada palo debe aguantar su vela y los buenos estibadores, que los hay, seguirán trabajando con normalidad, pero ajustados a las reglas de la libre competencia.
Adrián Ángel Viudes fue presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena entre 1996 y 2014.
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