En primer lugar quiero aclarar que este post se refiere a los Ayuntamientos del área metropolitana de Valencia, si bien es algo habitual en todas las Administraciones de España que tramitan temas relacionados con sanciones de tráfico.
Desde hará cosa de varios años, vengo comprobando la situación de completa indefensión en la que se encuentra el ciudadano en este tipo de procedimientos, pues la mera formulación de una denuncia, se tenga razón o no, acaba, de ordinario, con una multa que suele rondar, de media, entre los 100 y 400 euros.
Antes de empezar, debe destacarse que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, exige, por regla general, para interponer recursos contencioso-administrativos ante el Juzgado, la intervención preceptiva de Abogado, por lo que normalmente este tipo de resoluciones no suelen ser recurridas, pues entre pagar una sanción de 100 euros o sufragar los honorarios de un Abogado, se opta por la primera opción.
Complementando lo anterior, debe destacarse que el sistema administrativo, se basa en la existencia de un sistema de recursos y garantías, que no se erigen más que en meras quimeras dado que normalmente suelen contestar a los recursos con fórmulas estereotipadas, que en ocasiones, ni siquiera resuelven lo planteado.
En Valencia, esta situación es completamente flagrante, habida cuenta de que no paran de imponer sanciones en los túneles y las rondas, especialmente, obteniendo, por esta vía, una fuente de ingresos segura, castigando con saña a los ciudadanos, a pesar de encontrarnos en tiempos de crisis.
No perdonan una. La imposición de estas multas sólo tiene como finalidad la recaudación y no son, ni mucho menos, una consecuencia de la siniestralidad ya que, en muchos casos, el defecto de velocidad es motivo de accidente.
Las sanciones han de ser, como la velocidad, algo razonable y no puramente tributario.
Por poner unos ejemplos, en la medianera del túnel de Ademuz suele verse a un agente de la Policía Local, sentado en una hamaca junto a un radar móvil.
Desde allí avisa a una patrulla colocada unos metros por delante.
Los medidores se colocan, sobre todo, junto al túnel de la avenida del Cid, o en las principales rondas de Valencia, por donde se circula habitualmente a más velocidad. A los 300, 400 e incluso 500 euros de multa se añade la retirada de puntos del carné de conducir.
Estos radares móviles cambian de lugar varias veces en el mismo día con el fin de asegurar una recaudación a la tesorería municipal.
Igual conclusión se saca con los denominados “controladores de la Ora”, pues los empleados de empresas privadas (que además, reciben incentivos por cada denuncia que interponen) ejercen potestades semipúblicas, denunciado a los ciudadanos, que se ven en el brete de pagar 100€ o en el proceso ya circunstanciado, hasta el punto, que en muchas ocasiones sancionan a pesar que en ocasiones, los parquímetros no están operativos.
Frente a este atropello, desgraciadamente, poco pueden hacer los ciudadanos, salvo la pataleta o acudir a los Juzgados de lo Contencioso, cual quijotes, a pesar que en muchas ocasiones es antieconómico.
Lo peor, más del 50% de las multas de tráfico de escasa cuantía, son finalmente anuladas en el Juzgado.
Finalmente, quiero aclarar que este post es fruto de la impotencia que esto me produce, pues a pesar de la ingente cantidad de condenas que la Administración tiene por estos hechos, por razones económicas, siguen ejecutando de forma impune los mismos, pues saben que más de un 80% de las multas jamás se recurren.
Desde el año pasado, he llevado de forma gratuita, como "acción ciudadana" unos 130 casos de este tipo, hay 72 sentenciados, en los cuales, se han anulado las sanciones en 59 ocasiones (multas de menos de 400€). Sólo en tres de estos casos, han condenado en costas a la Administración.
Es decir, por regla general, a pesar del ingente gasto en personal de la Administración de Justicia que ello acarrea (Salario del Juez, Secretario, Personal del Juzgado etcétera, por una multa de 90 euros), a la Administración Local le sale más barato imponer multas ilegales (pues, por regla general, como mucho, la multa acabará anulada varios meses después) que cumplir con la legalidad y revocarlas en vía Administrativa
Sobran mayores comentarios.
