El Consejo Económico y Social (CES) calcula que el fraude fiscal en España se situó en el 6% del PIB en 2012, tal y como se desprende del “Informe sobre distribución de la renta en España”.
Estas cifras de evasión fiscal suponen un “lastre” para el sistema español, debido la cuantía de ingresos que Hacienda deja de recaudar en detrimento de toda la ciudadanía.
Además, señala que el fraude fiscal tiene "fuertes efectos distorsionadores" en la equidad, la progresividad y la distribución de la riqueza ya que, cuando mayor sea la cantidad defraudada, mayor será la carga fiscal para el resto de contribuyentes. Por otro lado, también tiene repercusión en la equitativa distribución de la renta, debido a que se concentra en las fuentes de mayor riqueza.
Como puede observarse en el siguiente gráfico, la mayor parte del fraude fiscal (72%) corresponde a las grandes empresas y patrimonios; el 17% a las PYMES; el 9% a los autónomos y sólo un 2% al sector no empresarial, que representa a la gran mayoría de la población.
De esta manera, las reformas han supuesto una caída de la recaudación y un aumento de la inequidad, porque en el IRPF se ha realizado una reducción de tipos y tramos, así como deducciones por planes de pensiones y vivienda que benefician a las rentas más altas. Además, denuncia que la supresión del Impuesto de Patrimonio y la drástica limitación de la imposición sobre Sucesiones y Donaciones ha desembocado en la "práctica eliminación" de la imposición sobre la riqueza en España.
En este contexto, la presión fiscal española pasó del 37% del PIB en 2007 (próxima a la media de la UE-27) hasta el 31,1% en 2011, casi ocho puntos por debajo de la media europea.
Por todo ello, el CES pide plantear una reforma "en profundidad, ampliamente consensuada y con visión de largo plazo", destinada a incrementar la capacidad recaudatoria del sistema, la equidad en el reparto de la carga y su eficacia respecto al sistema productivo.
