Hoy conocemos una noticia que nos indica perfectamente como estamos. Resulta que el tribunal constitucional acaba de anular el SEGUNDO plan E del gobierno de Zapatero, a instancias del recurso de la Generalitat de Cataluña, pero dicha sentencia no tiene absolutamente ningún efecto, porque ya sea constitucional o no, resulta que en este plan ya se dilapidaron 8.000 millones, por no hablar de los 5.000 millones previos. Espero que por lo menos no nos encontremos con que se recurre esta sentencia.
Pero repasemos un poco la historia para tratar de entender el cachondeo de toda esta historia. Cuando la crisis era más que evidente, una de las medidas que se ha propuesto es el famoso plan E que consistía en inyectar 5.000 millones en ayuntamientos para que realizasen obras en una aplicación burda de las caricaturas de tesis keynesianas. El citado plan fue repetido con una segunda versión que fue de 8.000 millones. La coartada era la creación de empleo, pero sin embargo la realidad es que se salvaba a constructoras que hacían todo tipo de obras a un precio disparatado y para eso contrataban a alguna persona, (y en muchos casos extranjera) por unas horas, días o meses.
Está claro que si el segundo plan E fue declarado inconstitucional por no contar con las comunidades autónomas para su diseño, hemos de concluir sin problema alguno que el primer plan E tampoco fue constitucional. Sin embargo, nos enteramos unos años más tarde que el segundo lo era, y nadie ha hablado del primero. ¿Por qué?. Pues porque en el primer caso no ha habido una denuncia.
Este es el primer gran fallo de todo nuestro sistema político y judicial. Desde hace tiempo se plantean los recursos ante el constitucional como una parte más de la táctica política. Alguien decide algo, y si no le gusta a los otros participantes, se establece una negociación y en el caso normal de que se llegue a un acuerdo, pues no se recurre y punto. Esto ha pasado en varios casos, como el que nos ocupa o con algunas de las reformas financieras en las que distintas comunidades han amenazado con elevarlas al constitucional a menos que se negociase.
La perversidad es máxima, porque en un país serio, una medida o es constitucional o no lo es. Cualquier persona que crea que una medida no es constitucional ha de llevarlo a los tribunales porque en definitiva se estará adoptando una medida que va en contra de una constitución. El hecho de negociar distintas concesiones, no es más que venderse para permitir algo que va en contra de lo que en definitiva debería ser la norma fundamental del estado. Y digo cualquiera que pueda, porque en realidad lo que no se debería entender es que exista alguna persona que no pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad. Cualquier persona debería estar capacitada para interponerlo y no un número limitado de agentes que además se dedican a estar negociando con el cumplimiento de las leyes.
El recurso de constitucionalidad lo puede presentar el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, cincuenta senadores, cincuenta diputados, y los gobiernos y parlamentos autonómicos. Existe la posibilidad de que cualquiera pueda hacerlo pero será a través de la cuestión de inconstitucionalidad, pero exige un procedimiento previo, convencer a jueces… y sobre todo perjudicados concretos, (lo cual en muchos casos no es nada sencillo).
Pues de todos estos, nadie ha presentado el recurso al primer plan E, (de hecho bastantes se han apuntado a un plan inconstitucional), permitiendo que se apruebe una medida ilegal. Respecto al segundo tan sólo ha sido presentado el recurso por una comunidad autónoma, y porque directamente no estaban ya en sintonía con el gobierno. Por tanto todo el mundo ha de ser considerado de alguna forma responsable de algo que en un estado de derecho es lo peor que se puede permitir: ¡que se apruebe una ley en contra de la constitución!.
Esto es importante porque tenemos cientos de normas, que al igual que el primer plan E, no han sido declaradas inconstitucionales, por la sencilla razón de que nadie ha presentado tal recurso. Como siempre se pacta y como además los intereses de todos los grupos están muy alineados, nos encontramos con que se aprueban medidas que van en contra del espíritu y la letra de la constitución sin ningún tipo de impedimento. Por esta razón por ejemplo tenemos un sistema impositivo en el que deberían contribuir progresivamente aquellas personas con mayor capacidad, aspecto que se incumple de forma reiterada y constante.
Al existir un número tan acotado de personas o colectivos que puedan presentar el citado recurso, la realidad es que existen numerosas leyes que van en contra de la constitución, hasta el punto de que es completamente irreconocible, sin que nadie diga nada. Tampoco ayuda el hecho de que directamente no pase nada por el hecho de que se aprueben normas que vayan contra la constitución que en un sitio medio normal supondrían decidir si estamos ante una negligencia o bien ante una prevaricación.
¿Cómo es posible que no se hayan tomado ninguna medida contra todas las personas que por omisión u acción han tomado una decisión contra la constitución?.
Pero es que además, resulta que los recursos de inconstitucionalidad no interrumpen las medidas tomadas, de tal forma que tenemos la situación actual. Se declara una decisión inconstitucional, pero no tiene absolutamente ningún efecto e incluso podríamos encontrarnos con un plan F que repitiese exactamente el mismo esquema y se volvería a aprobar sin que nadie respondiese.
Es evidente que tanto los límites a las presentaciones, como el hecho de que no se interrumpan las decisiones, se argumenta bajo la premisa de que se bloquearían las decisiones y el propio tribunal, pero también es muy evidente que esto no se ha solucionado, y que en definitiva tenemos un sistema completamente perverso en el que la justicia y las normas no sirven absolutamente para nada, ya que se ha creado un perverso sistema de incentivos, donde a nadie se le ocurra que el hecho de presentar recursos de inconstitucionalidad no depende de si la medida es o no es constitucional, sino que se trata de un arma más; y por supuesto que tampoco importa en muchas de las medidas, porque con tal de ir cambiándolas cada poco, nos encontraríamos con que nunca existe el mínimo control efectivo.
En todo este panorama nos queda lo referido a la politización del tribunal, que es de todo lógico, porque a fin y a cuentas no es un instrumento jurídico, sino directamente político.
Todo esto se soluciona con un sistema en el que se sancione, tanto la presentación de recursos de inconstitucionalidad manifiestamente incorrectos como la no presentación de recursos cuando proceda, y por supuesto abriendo mucho la posibilidad de presentarlos a otros colectivos o personas.
Y por supuesto, permitiendo el bloqueo de las decisiones hasta que el tribunal se manifiesta, de tal forma que se presione al tribunal para que responda en plazo razonable, en lugar de tirar por la calle del medio de decir: ¿Qué más da?. No tiene demasiado sentido que estemos más pendiente de la decisión del tribunal constitucional alemán que el nuestro.
En definitiva, lo que nos hace falta es todo un sistema de incentivos para que todo el mundo, y en particular nuestros representantes, cumplan unas normas que han sido puestas por escrito por la simple razón de que existen numerosos incentivos para saltarlas.
