La justificación última a cualquier proceso concursal es la de tratar de introducir un conjunto de normas jurídicas que tratan de arbitrar un procedimiento para resolver las situaciones de insolvencia evitando que los acreedores con más poder tomen que acaban perjudicando al conjunto de la sociedad y al resto de acreedores. Es así de simple. Se trata de buscar un procedimiento que beneficie al conjunto de los acreedores y de la sociedad.
Una vez teniendo claro este esquema y este fin último, se tendrán que diseñar las normas para conseguir este fin último; y por supuesto esta idea nos servirá para evaluar las normas en vigor. Es tan sencillo como entender que para evaluar cualquier política, decisión o normativa, tenemos que compararla con este sistema.
En este sentido todo el mundo, cuando hace análisis ex-post (a posteriori) de todas las reformas pasadas, se comprueba que muchas empresas acaban en liquidaciones, se destruyen puestos de trabajo y muchos acreedores quedan sin cobrar. Es decir, los sistemas concursales no están funcionando. Hay pocas discusiones sobre el respecto, aunque también es cierto que no hay una discusión correctamente planteada sobre los motivos de que no funcionen. Esto es debido a que fundamentalmente se busca actuar sobre los aspectos legales y se obvia el resto de los aspectos. Se trata, en definitiva, de retocar la normativa olvidando tanto el entorno económico como incluso para que sirven estos procesos.
De hecho, si a alguien se le ocurre cuestionarse esto, supongo que le tirarán a la cara esto de que estamos hablando de filosofías. Lo malo es que estas filosofías han de ser tenidas en cuenta, si no queremos sorprendernos una y otra vez ante los fracasos que curiosamente son más que previsibles.
Hay un par de aspectos en la nueva reforma concursal y en la nueva situación legal en la que nos movemos que nos llevan al desastre que ha sido la anterior, siempre entendiendo que se trata de un sistema para salvar empresas.
El primero de los problemas ya lo he tratado en un post de 2011, en el que trataba de explicar lo absurdo del cambio de marzo de aquel año en el que trataba de dar todo el poder a la banca a costa de todos los demás acreedores. El sistema de reforma concursal que debería ser un sistema para equilibrar las relaciones de poder, se había convertido en un sistema por el que los acreedores que no fuesen bancos directamente no podrían opinar. Esto es, filosóficamente, aproximarnos a una situación en la que no exista norma alguna para organizar a los acreedores; simplemente que el más fuerte gane.
Con la nueva reforma directamente se ofrece la totalidad del poder a la banca, hasta el punto de que puede imponer ahora las condiciones de las refinanciaciones previas, pero incluso ya hasta los socios quebrando incluso los principios de la responsabilidad limitada de las sociedades mercantiles. Parece increíble pero ahora cualquier socio, (que no administrador), de una sociedad puede acabar respondiendo con su patrimonio si vota que no a una propuesta de los bancos, lo cual es una salvajada increíble que deja las votaciones y los intereses de los socios a nivel simplemente estético. De hecho, las votaciones en las que sólo se puede votar en un sentido son típicas de entornos que se suelen criticar, (con razón).
El colmo de esta situación lo encontramos ya en ciertas noticias que ni siquiera extrañan. En marzo se conoció que los bancos del IBEX se han puesto de acuerdo para ir creando un protocolo de actuación y habían elegido cinco empresas para entre ellos ponerse de acuerdo y hacer lo que literalmente les apetezca.
Una de las empresas (Naviera de Armas) ha planteado un poco de guerra y parece que se ha caído, entre otras cosas porque había refinanciado su deuda hace unos meses; y por otra parte parece que empieza a haber problemas derivado del reparto del fondo malo al que van a destinar las deudas incobrables, y de los costes de N+1 y McKinsey en condición de expertos independientes.
Sorprende un poco la naturalidad con la que todo el mundo asume que se diseñe un procedimiento legal que básicamente será desarrollado, aplicado y pensado por seis bancos y que podrá ser usado contra cualquier empresa de tal forma que ni tan siquiera se han molestado en notificárselo a las interesadas o sus socios.
¿De verdad se cree alguien que esto va a funcionar?. Me gustaría recordar el final del post de 2011: “Como es habitual, la coartada para tremendo atropello la encontramos en lo de “reactivar el crédito”; coartada que como todas las veces que se ha usado hasta ahora, es de un absurdo tal, que sin duda alguna llevará a la conclusión de que no sólo servirá para reactivar el crédito sino que va a servir exactamente para lo contrario. Como he explicado en su día para desmontar este comodín; ¿para qué se va a reactivar el crédito si lo que se puede conseguir racionándolo es mucho más y limpiar completamente a terceros?.”
