Desde finales del siglo XVIII los economistas han intentado responder a una pregunta que parece constante: ¿son los mecanismos del libre mercado la mejor forma de organizar la actividad económica? El primer intento moderno por dar respuesta lo llevó a cabo Adam Smith (1723 – 1790) quién en marzo de 1779 publicó una obra capital titulada “La riqueza de las naciones”. En ella Smith defendía que un sistema económico de “libertad natural” y de “libre competencia” sería capaz de promover el crecimiento económico y, por tanto, el bienestar social. Los agentes económicos estarían dirigidos por una “mano invisible” para servir al bien público, a pesar de que ellos siguieran sus propios intereses. Es decir, se llegaría al bien común a través de la alineación de los egoísmos individuales.Smith escribió este libro influenciado por una escuela francesa de pensamiento denominada “fisiocracia”, un término proveniente del griego que significa “gobierno de la naturaleza”. Esta corriente argumentaba que existe una “ley natural” por la que la correcta marcha de la economía estaría garantizada sin la intervención de las autoridades públicas. Este concepto acuñó un eslogan que todavía hoy resuena “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar). La doctrina económica promovida era sencilla: libre mercado, libertad de contratación laboral, bajos impuestos y mínima intervención estatal.
Hacia 1930 Friedrich August von Hayek (1899 – 1992) desarrolló una nueva teoría sobre la competencia que dominó su tiempo. Hasta entonces el concepto que se asumía era que la competencia conducía a un equilibrio en la que ninguna empresa podía influir sobre los precios en su sector. A ello Hayek le unió la idea de la rivalidad. Para él, la esencia de la competencia es que las empresas compiten en el mercado entre ellas, lo que las lleva descubrir nuevas tecnologías y nuevos métodos de organización para producir mejor. Además, el papel del mercado es el de coordinar las decisiones individuales de las empresas. De hecho, estas decisiones son tomadas gracias a los precios, que en sí mismos acarrean una importante información que sirve a los agentes económicos como señales para interpretar hacia donde han de encaminarse. Así pues, la competencia llevará a la economía hacia el equilibrio, e igualmente hacia el descubrimiento de nuevas formas de organización.
Sin embargo, la pregunta seguía pendiente en la mente de los economistas ¿liberalidad o intervencionismo? ¿privado o público? En 1951 Paul Samuelson (1915 -) presentó la teoría de los “bienes públicos puros”. Los bienes públicos presentan dos características básicas: no rivalizan y no son excluyentes. Que no rivalizan significa que el consumo de ese bien por un ciudadano no limita la disponibilidad de consumo de ese mismo bien a otros ciudadanos. Que no es excluyente quiere decir que nadie puede quedar apartado del uso de ese bien.Por ejemplo, si un ciudadano compra un Ferrari, una joya de Bulgari o un libro de Delibes lo hará para su uso particular y sólo será utilizado por él, pues es un bien privado. Todos los bienes privados se consumen por elección y sólo quienes pagan por ellos tienes acceso a su consumo, de ahí su carácter de exclusividad. En el lado contrario existen otros bienes como la luz que provee un faro, un buen sistema judicial, un aire limpio e impoluto o un castillo de fuegos artificiales que son considerados bienes públicos. Si se proveen una vez, lo son para todos los ciudadanos, pues son indivisibles. El problema radica en que todos se benefician, pero nadie tiene incentivos para pagarlos. Por ello el precio será 0 o casi nulo. Como el mercado no valora adecuadamente, pues las señales de las que hablaba Hayek fallan, el suministro de esos bienes será poco eficiente.
En esa misma línea las administraciones públicas a veces ofrecen un servicio más barato que el coste de proporcionarlo. Sencillamente porque el estado tiene un objetivo redistributivo, ya que dan un servicio a grupos que no pueden acceder a los mismos. Por ejemplo, la Universidad de Valencia reconoce que al estado le cuesta entre 6.000 y 7.000€ por año y curso la formación de un estudiante. Un dinero que se ahorra el ciudadano y que favorece que las rentas más bajas puedan acceder a estudios universitarios.
Otro fallo del mercado surge con las externalidades. En economía una externalidad se considera el impacto negativo que una transacción tiene en una tercera parte no implicada en la operación. El ejemplo típico es el de la polución. Si una fábrica está produciendo cemento que vende a constructoras puede suceder que en la elaboración de ese bien se esté contaminado el medio ambiente. Con ello se está perjudicando a una tercera parte, en este caso a los ciudadanos que viven cerca de la cementera e incluso a los trabajadores de esa misma empresa, que pueden inhalar un aire contaminado. Sobre esta cuestión el economista Arthur Cecil Pigou (1877 – 1959) apuntó que si existieran externalidades negativas en ciertas actividades del mercado se deberían de implantar impuestos sobre ellas lo que dio lugar al término “impuesto pigouviano”. Según Pigou si se dan externalidades negativas el coste social, polución para todos, de una actividad de mercado se debe de sumar al coste privado de la actividad, fabricación de cemento, por lo que el coste total es muy superior y el resultado ineficiente. Sin embargo, como el mercado sólo valora el coste privado y éste es bajo se tenderá a una sobre-producción de es producto. Por tanto, el planteamiento sería que si se estableciera una tasa equivalente al valor de la externalidad negativa, la cantidad de producto que llegaría al mercado se reduciría a una cantidad eficiente.
Este planteamiento “pigouviano” fue contestado en 1960 por Ronald Coase (1910 - ). Su punto de vista era que al abordar la cuestión de las externalidades no se tienen en cuenta que dentro de toda sociedad existe un marco legal. Según Coase, el fracaso del mercado para asignar los recursos de un modo eficiente no responde a fallos en la competencia, sino a que existe una clara indefinición en los derechos de propiedad. Si estos derechos estuvieran claramente definidos los mercados podrían funcionar eficientemente. La figura habitual que se utiliza como ejemplo ilustrativo es la de una fábrica contaminante que está ubicada al lado de un río truchero. En esa tesitura el dueño de la fábrica y los pescadores deben de negociar sobre qué cantidad de polución se pueden verter a las aguas. Pueden ser 0 kilos o varias toneladas, dependiendo de quién tiene los derechos de propiedad o usufructo. Supongamos que los derechos sobre el río los tiene el propietario de la fábrica. En ese caso los pescadores deberían de pagarle una cantidad para que limitara su polución. Si fuera al revés, el fabricante debería de ofrecer una cantidad a los pescadores como compensación. Como se ve la perspectiva de Coase deja un mayor campo de acción al mercado que al estado y limita el planteamiento pigouviano.Sin embargo, la función pública también tiene una parte oscura y humana. En 1962 los profesores norteamericanos James M. Buchanan (1919 - ) y Gordon Tullock (1912 - ) presentaron su trabajo “The Calculus of Consent” con el que introdujeron la teoría de la elección pública, un trabajo que pretendía ligar la economía con la política. El nexo de unión sería el estado, entendido como suma de voluntades individuales de los funcionarios y políticos que trabajan en él. La premisa de esta teoría es simple: los burócratas y los políticos buscarán primero satisfacer sus propios intereses y después tratarán de elevar el bienestar común. Así pues, si un funcionario es un político perseguirá maximizar la utilidad de su cargo, es decir, obtener el máximo provecho del mismo. Por ello, ese político buscará forzar su re-elección a cualquier precio para mantener su poder y, si puede, incrementarlo. Para contrarrestarlo, deberán de existir mecanismos que puedan limitar sus ambiciones desmedidas.
Para concluir y no perder la perspectiva en esta larga serie de defensores y detractores del libre mercado, busquemos un terreno común para tener un criterio sobre el tema. Así, podemos convenir que el sistema económico ideal es aquel en el que se maximiza el bienestar social siguiendo dos criterios: eficiencia y equidad. La eficiencia consiste en que no es posible mejorar la posición de un individuo sin empeorar a otro. El principio de equidad define que no se puede redistribuir bienestar individual sin que el bienestar colectivo disminuya. Por ello, cualquier gobierno plasmará sus ideas políticas a través de leyes y presupuestos. Pero, recuerden, ningún gobierno es neutral y siempre tenderá a favorecer más a unos grupos que a otros. Aunque ésto ya es tema de otro artículo.
Felipe José Sánchez Coll
Lectura recomendada:
“The Penguin History of Economics” del profesor Roger E. Backhouse
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