Los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) han respaldado recientemente los planes de la Comisión Europea para impulsar un registro de operaciones bursátiles y de renta fija en tiempo casi real, según recogía ‘Reuters’. Este sistema, que se conoce como cinta consolidada (CC), tiene como objetivo ayudar a los inversores a encontrar las mejores ofertas en multitud de plataformas.
Alpay Soytürk, Chief Regulatory Officer de Spectrum Markets, el centro de negociación paneuropeo para derivados titulizados dirigido a entidades financieras e inversores minoristas, lo explica con todo detalle en este artículo.
Una CC es una base de datos pública central que proporciona datos de mercado consolidados a todo el mundo. La UE lleva mucho tiempo intentando incentivar a las bolsas y a los vendedores de datos para que construyan este sistema, que es una característica de los mercados estadounidenses, algo que hasta ahora se han resistido a hacer, ya que la venta de datos de mercado es un pilar central de su negocio. Ahora, el Parlamento Europeo está a punto de tomar cartas en el asunto.
En su borrador de propuesta legislativa, el Parlamento sigue ahora el consejo de la Comisión Europea, que quiere establecer las condiciones para una cinta consolidada europea en todas las clases de activos, con la consiguiente obligatoriedad de contribuir a ella. Argumenta el texto legal que la disponibilidad de precios en tiempo real para todos los instrumentos financieros en el conjunto de la UE es importante para reducir la fragmentación y será beneficiosa para los inversores finales, aumentando así el atractivo de los mercados de capitales del bloque comunitario.
Se concebirá como una base de datos pública, siendo también una herramienta para los pequeños inversores, "de fácil acceso y gratuita o, como máximo, que sólo requiera el pago de una cantidad simbólica", como dice la propuesta.
En el proyecto se contempla una exención de las contribuciones obligatorias para los mercados regulados pequeños, es decir, aquellos que representan menos del 1% del volumen total medio diario de negociación en la UE. Otra exención es para los centros que no contribuyen significativamente a la fragmentación del mercado de la UE en el sentido de que negocian predominantemente acciones para las que también son el centro de admisión primario. Además, habrá una opción de inclusión voluntaria para los centros que entren en alguna de estas excepciones, a los que se les reasignará una parte mayor de los ingresos de la CC.
En cuanto al calendario de implementación, la cinta consolidada europea se aplicará de forma escalonada, empezando por la renta fija, siguiendo por la renta variable, los fondos cotizados y los derivados. Las cintas de cada clase de activos se implantarán a más tardar seis meses después de la puesta en marcha de la cinta correspondiente. Aún no está claro cuánto tiempo tendrá la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), como organismo supervisor, en seleccionar y autorizar a los proveedores de la cinta y ocuparse del marco de gobernanza técnica.
Estas novedades forman parte de un proceso de revisión más amplio de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II) y de la regulación sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFIR), que también afecta a los internalizadores sistemáticos (IS, por sus siglas en inglés), la prohibición del pago por flujo de órdenes, la supresión del límite de los dark pools.
El acuerdo definitivo sobre todos estos cambios está bajo negociación entre la UE. Todo el proceso de revisión de la legislación puede constar de hasta tres lecturas y requerir un comité de conciliación, dependiendo de la rapidez con que las partes se pongan de acuerdo sobre una propuesta. No hay límite de tiempo para la primera lectura del proyecto. Para la segunda lectura, se dispone de tres meses. En caso de que sea necesario votar una propuesta en un comité de conciliación, puede llevar seis semanas como máximo. Durante la tercera lectura, el Parlamento Europeo aceptará o rechazará la propuesta o la dejará sin decidir. En cualquier caso, se contempla un período de seis semanas. Si el Parlamento acepta, la propuesta pasará al Consejo Europeo, que dispondrá entonces de otras seis semanas para aceptarla, rechazarla o no pronunciarse sobre ella. Por término medio, este proceso dura alrededor de un año y medio.
