La ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado presentó este pasado día 12 de diciembre a las 12.00 horas los resultados de las actuacionescontra el fraude fiscal.
La preocupación por parte del Ejecutivo en materia de fraude fiscal se materializaba con la aprobación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, en la que se reflejaba que le fraude fiscal supone “una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales; distorsiona la actividad de los distintos agentes económicos, de tal modo que las empresas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras; en definitiva, el fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo el sistema tributario”.
Tras estos cinco años desde la aprobación de la Ley 36/2010 parece que los datos indican un descenso sobre el fraude fiscal. No obstante el fraude en España supondría un ingreso ficticio de más del 25% del PIB, que bien puede materializarse entre otras, en las siguientes conductas:
- Facturar sin IVA.
- Falsedad documental en cuanto a las facturas.
- Trabajadores que desarrollan su actividad laboral sin encontrarse en situación de alta en la Seguridad Social.
- Cobro de ayudas y subvenciones indebidas.
- Empresas utilizadas a modo de tapadera para trasvase de los beneficios.
Como consecuencia de lo expuesto, la mayor parte de la doctrina apunta a la conveniencia de la intervención del Gobierno en la presente materia con preferencia frente a las reformas laborales llevadas a cabo mediante la aprobación de la Ley 35/2010 y Real Decreto-Ley 10/2011 que de forma clara, han supuesto una considerable pérdida de los derechos adquiridos durante años por los trabajadores, ya que según los datos ofrecidos en el presente texto y los previsibles suavizados informes que la Vicepresidenta Salgado ha desvelado, determinan que un endurecimiento de la actual permisiva legislación en materia de fraude fiscal, así como la instrumentación suficiente para su cumplimiento, podría suponer la disminución del mismo en un porcentaje mucho más alto que el que nos ofrecen las estadísticas.
La lectura del panorama que se plantea no es otra que un legislador que ha priorizado una disminución de los derechos de los trabajadores en beneficio de las empresas que han situado a España entre uno de los países más afectados por una crisis económico-social-laboral en lugar de establecer un planteamiento serio eficaz contra uno de los mayores atentados económicos: el fraude fiscal emitido por las empresas beneficiadas por la presente situación y consentido por los distintos equipos de Gobiernos.
Todo lo expuesto cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta la entrevista que se realizó a Rosell, actual presidente de la CEOE cuando comentaba que los contratos rebautizados por el mismo como los contratos “mini-job” son la única alternativa que pueden proponer, asumible para la patronal…cuando lo cierto es que la primera medida que habría que plantearse si en realidad representara los intereses de las empresas, en pro de la recuperación de la poca credibilidad que merecen éstas actualmente, no estaría de más fomentar un control exhaustivo sobre la fiscalidad de las empresas a las que él como presidente de la CEOE representa, el lugar de la constante preocupación por someter a los trabajadores a los lamentables intereses empresariales vertidos por éste y por la organización a la que representa sobre todo, a lo largo de estos últimos años.
Antonio Valenciano Sal.
Letrado laboralista.
@antonioandet
