Convergencia exigía una “señal” cuando la obra salía al concurso y el resto al adjudicarla
Convergencia exigía el pago de un anticipo a modo de “señal” a los empresarios dispuestos a financiar al partido de Artur Mas para conseguir la adjudicación de obras públicas. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han logrado reconstruir cómo funcionaba el mecanismo de cobro de mordidas por parte de CDC, gracias a la documentación incautada en los registros realizados el pasado 21 de octubre en la sede de este partido y en las oficinas de varias de las empresas implicadas.
Según estos datos, después de que la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat dirigida por Josep Antoni Rosell convocara una gran obra pública, el constructor interesado en hacerse con la adjudicación pagaba una “señal” a Convergencia.
Estos pagos se canalizaban habitualmente en forma de “donaciones” a las fundaciones CatDem y Fórum Barcelona, cuyo administrador era Andreu Viloca (hoy en prisión), que actuaba al mismo tiempo como tesorero de CDC.
A continuación, Viloca concertaba una reunión con el empresario para pactar el importe de la comisión ilegal, que oscilaba entre el 3% y el 12%. Durante su declaración ante el juez, el consejero delegado de la constructora Copisa, Xavier Tauler, explicó que había celebrado este tipo de reuniones primero con el ex tesorero de Convergencial Daniel Osàcar, con el actual consejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó (que ha sido además gerente del partido) y finalmente con el actual tesorero, Andreu Viloca.
Una vez pactado el importe de la comisión, la Generalitat adjudicaba la obra pública al empresario con el que se había cerrado el acuerdo. Esto significa que los procedimientos de valoración de las ofertas presentadas al concurso, en el Departamento de Infraestructuras dirigido por Rosell, estaban amañados para favorecer a una empresa previamente determinada.
Una vez aprobada la adjudicación, el empresario hacía efectivo el pago del resto de la mordida, en forma de “donación” a CatDem o a Fórum. Este mecanismo no solo funcionaba así en algunos concursos adjudicados por la Generalitat, sino también en ayuntamientos gobernados por Convergencia.
Rosell quería confesar ante el juez
De hecho, la operación Petrum -que el pasado mes de octubre dio lugar a la detención de Viloca y Rosell- se inició a raíz de una denuncia sobre la adjudicación amañada de una obra en el Ayuntamiento de Torredembarra, gobernado por CDC.
Gracias a la abundante documentación incautada durante la operación policial del pasado día 21, la Guardia Civil está cruzando ahora los datos correspondientes a la agenda del ex director general Josep Antoni Rosell, la caja fuerte que fue abierta en su presencia y las agendas de varios de los empresarios detenidos. El rastreo de los pagos a CatDem en forma de “señal” y de “donación”, junto con las citas concertadas por el tesorero Viloca con estos empresarios, permitiría cerrar el círculo sobre el amaño de los concursos públicos.
Entre los papeles intervenidos a estos empresarios la Guardia Civil ha encontrado también documentos relativos a los contratos del soteramiento del tranvía en Sabadell y la prolongación del Metro de Barcelona hasta el aeropuerto de El Prat, dos de las obras que fueron adjudicadas por Josep Antoni Rosell.
Según las fuentes consultadas por OkDiario, al ser conducido ante el juez de instrucción de El Vendrell Rosell se mostró dispuesto a confesar. Sin embargo, su abogado, Andreu Van den Eyden, le instó a acogerse a su derecho a no declarar. Las mismas fuentes explicaron que el letrado actuó más como un “comisario político”, imponiendo el silencio a Rosell para evitar que implicara a otros miembros de su partido.
En cualquier caso, el ex director general de Infraestructuras de la Generalitat puede verse cada vez más cercado por lo investigación, a medida que la Guardia Civil avance en el análisis de los maletines y la caja fuerte que fueron entregados por un empresario próximo a Rosell.