En estos procedimientos hay condena en costas, que da lugar a que el Banco deba pagar los honorarios de procurador conforme a su arancel y los de abogado con el límite del 33% de la cuantía del juicio. Si el abogado cobra más, el cliente sólo tiene que pagar la diferencia.
Tampoco es así. Se cobran las costas y, en su caso, un porcentaje sobre la cantidad a recuperar, porcentaje que le presupuestará cada abogado en más o menos.
Cae Vd en la estrategia de los bancos: hacer creer a sus clientes que los procedimientos judiciales son tan largos, complejos y costosos que no les merece la pena reclamar, siempre acabarán perdiendo. La experiencia dice que no es así, que se recupera lo defraudado con intereses legales y el banco tiene que pagar las costas del procedimiento. Pero es una estrategia que sigue teniendo éxito, como aquí se comprueba.
Lo que ha cambiado es que ahora se tramita como juicio verbal, más rápido que el ordinario. Sigue exigiéndose la intervención de abogado y procurador, lo que entraña que también hay condena en costas al Banco a favor del consumidor.
Hay que determinarlo en cada caso concreto, para cada demandante, si el Banco no ha reconocido la nulidad ya. Si ha presentado una demanda, es que hay que declarar la nulidad de la cláusula en su caso concreto.
Pues va a tener razón. Revisando la Ley, no es necesaria la intervención de abogado y procurador cuando el procedimiento se determinó en función de la cuantía y ésta no pasa de 2.000 euros; pero en estos casos, el procedimiento se determina por la materia: la Ley de Enjuiciamiento dice que los relativos a nulidad de cláusulas abusivas de seguirán por el trámite del juicio verbal. Esto implica que sí han de intervenir abogado y procurador, lo que tiene la ventaja de que cuando se estima la demanda debe haber condena en costas, si bien en cuanto a las de abogado están limitadas al tercio de la cuantía del procedimiento (es decir, si se reclaman 800 euros, por la condena en costas el Banco no está obligado a pagar más de 266,66 euros más IVA de la factura del abogado, por lo que la diferencia hasta lo que éste cobre, si es una cifra superior, la ha de pagar su cliente).