España tiene en estos momentos 5 millones de parados, un 22% en términos relativos. Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la economía española. Ya en la crisis de los noventa vivimos un drama parecido, y hoy, casi 20 años después seguimos destruyendo empleo de una forma alarmante.
Algo falla en nuestro mercado de trabajo para que, España no sea capaz de absorber el impacto de las crisis económicas. Máxime si analizamos nuestro entorno europeo y observamos que, países de características similares, han sido capaces de que sus tasas de desempleo no aumenten a situaciones límite como las que vive la economía española.
Análisis de los problemas del mercado laboral español
La práctica nos dice que todos aquellos países con mercados laborales flexibles son los que soportan mejor las crisis económicas, en términos de pérdidas de puestos de trabajo. Es por esta razón, que el gran problema de la economía española es la inoperancia de un mercado de trabajo que se desmorona cada vez que se observa una bajada de la demanda, o caen nuestras exportaciones.
El mercado laboral debe ser eficiente como cualquier otro mercado. Sin embargo, deberían de darse algunas circunstancias que posibiliten que los recursos de los que dispone la economía española estén asignados correctamente.
Primeramente, las mesas de negociación de los agentes sociales se ha visto que son un autentico fracaso. Los problemas de desempleo que persisten en nuestra economía, necesitan de procesos mucho más flexibles y rápidos con los que dar respuesta inmediata a las dificultades de destrucción de empleo.
Si necesitamos de un mercado flexible y eficiente, es lógico pensar que deben de ser las empresas las que, ante problemas de pérdidas de competitividad, den respuesta a sus necesidades. Puesto que ellas son las que realmente pueden identificar y estudiar cual es la mejor manera de llegar a acuerdos entre la patronal y los trabajadores.
Por tanto, la negociación colectiva debe de ser un texto marco en el que las empresas y los sindicatos puedan referirse para llegar a consensos claves. Pero lo que no es posible es que toda la sociedad este esperando el acuerdo de los agentes sociales, la creación de los convenios autonómicos, los convenios sectoriales, para dar respuesta a sus problemas inmediatos. Esto crea un mercado laboral muy poco flexible, incapaz de recoger de manera rápida la pérdida de empleos, y sobre todo, el cierre de empresas.
La falta de competitividad de las empresas españolas está dañando irremediablemente nuestro sector exterior. Cada vez somos menos capaces de actuar en la economía mundial con las mismas oportunidades que el resto de países. Nuestro sector exterior debe ser la senda por la que podamos salir de la crisis de una manera efectiva. Por ello, los sindicatos deberían de ser los primeros en pedir que el aumento de salarios vaya en función de la competitividad de la economía española, dejando de lado el IPC.
Este es otro de los graves problemas a los que nos enfrentamos, los sindicatos siguen anclados en el siglo XX, y en las luchas de clase, cuando en la actualidad, el sistema económico mundial está demandando otro tipo de sindicatos.
Los sindicatos no deben de quedarse solo con el objetivo de que los trabajadores aumenten sus salarios. Necesitamos de unos sindicatos que se preocupen por que las empresas contraten de manera eficiente a sus trabajadores, y sobre todo que se preocupen y exijan a los trabajadores aumentar su formación. El objetivo debe de ser aumentar la competitividad, y la productividad media del trabajador.
En este punto, el aumento de competitividad no solo se puede requerirse al trabajador a base de reducir sus salarios reales, sino que la formación y la contratación de personal realmente preparado para el puesto, debe de ser clave para aumentar la productividad total del factor trabajo.
Por consiguiente, las habilidades del trabajador y la obligatoriedad de reciclaje ante las nuevas necesidades de la empresa, deben ser una de las reivindicaciones claves tanto de patronal como de sindicatos. Debemos ser capaces de ser competitivos en el mercado mundial a base de aumentar la productividad de nuestros factores. Por consiguiente, las empresas deben de crear incentivos para que sus empleados sigan interesados en formarse de manera acorde a las necesidades de la empresa. Claro ejemplo de Alemania, donde el trabajador que aumenta su formación, se le premia con un aumento de salario.
Otra cuestión a tener en cuenta son las prejubilaciones forzosas. Muchas empresas usan el pretexto de las prejubilaciones para contratar a gente joven a las que, por el mismo trabajo que hacían los prejubilados anteriormente, se les paga un sueldo más bajo.
Es necesario adelgazar los subsidios del Estado, puesto que no es posible que una empresa opte por prejubilar a un trabajador aun apto para el mercado laboral, y deban ser los impuestos de todos, los que subsidien al despedido. En estos momentos se debe de pedir una mayor responsabilidad a las corporaciones, en este sentido, todas aquellas prejubilaciones deberán ser subsidiadas por las empresas siempre hasta que el jubilado llegue a la edad legal de retiro, con lo que ya es el Estado quien se hace cargo de su pensión.
Con esto eliminamos subsidios del Estado, y se protege al trabajador que pueda ser mandado a la jubilación con edades aun aptas para el mercado laboral. La disminución de costes salariales no puede ser un argumento legal para que sea la Seguridad Social quien se haga cargo de la pensión de un trabajador activo.
Asimismo, la enorme complejidad y cantidad de contratos que existen en estos momentos, hace casi imposible crear una seguridad de empleo en el trabajador. Sin embargo, tanto empresas como empleados deben saber que para que un mercado sea flexible, los puestos de trabajo necesitan de una cierta movilidad. Es decir, en los años 50 y 60 siempre se contrataba a un profesional con la intención de que permaneciese en la empresa durante toda su vida.
En la actualidad, se necesita de un mercado en el cual la oferta y la demanda fluctúe con total libertad entre empresas. De manera que las empresas creen incentivos con el fin de contratar a los más capacitados, al mismo tiempo que incita al mercado a crear mayores productividades, con el objetivo de obtener mayores rendimientos. Por tanto, para eliminar cierta burocracia es necesario que solo exista un único contrato de trabajo, que además, se rebajen las indemnizaciones por despido, con lo que bajamos los costes laborales. El objetivo no es cobrar indemnizaciones abundantes sino que el empleado sea capaz de pasar de una empresa a otra, pasando el menor tiempo posible en las listas del paro.
Lo que nos lleva a las prestaciones por desempleo. Es importante reformar los subsidios que ofrecen las Administraciones. Para dotar de una mayor flexibilidad al mercado laboral, es necesario que se incentive a los empleados a buscar trabajo rápidamente. Para ello, hay que rebajar los meses de prestación y la cantidad que perciben los parados, con el objetivo de que sea más atractivo para el parado estar empleado que no cobrando el susidio por desempleo. Salvo excepciones como la actual, o para aquellos parados de larga duración que van a tener importantes dificultades para encontrar un empleo.
Por último, existe un problema de distribución eficaz del factor trabajo. La movilidad geográfica no es un factor que se tenga muy en cuenta a la hora de buscar un trabajo. No hay incentivo para redistribuir la oferta y la demanda en los puestos de trabajo. Por consiguiente, nos encontramos con provincias que existe un exceso de demandantes de empleo, mientras que en otras provincias hay una merma importante de demandantes, con la consiguiente pérdida de recursos y empobrecimiento paulatino de ciertas zonas de España.
Las Administraciones Públicas necesitan estudiar la posibilidad de crear ciertos estímulos a trabajadores cualificados que opten por la movilidad geográfica, para ir a trabajar a zonas en donde existe una pérdida considerable de profesionales, con el objetivo claro de revitalizar ciertas zonas hasta ahora perdidas. Sería una inversión que atraería mayores ingresos al erario público en base a una mayor creación de empleos y empresas, que ayudarían a rejuvenecer ciertas zonas del país que, en la actualidad, no aportan ningún atractivo.
Los funcionarios públicos y sus privilegios
Mención aparte merecen las Administraciones Públicas y los funcionarios. Actualmente, a las Administraciones Públicas se les debe exigir la misma productividad y eficiencia que a cualquier empresa privada.
Por esta razón, se debe flexibilizar la entrada y salida de funcionarios de las Administraciones Públicas. No es posible que en estos momentos, un trabajador solo por el hecho de haber aprobado un examen, sea propietario de una plaza de trabajo de manera indefinida.
Al igual que en las empresas privadas un trabajador es consciente que puede ser despedido, al funcionario se le debe exigir lo mismo. Por dos motivos, una porque los sindicatos de funcionarios se han convertido en una fuerza negociadora importante, puesto que sus huelgas impiden el acceso de muchos ciudadanos a los servicios públicos. Y por otra parte, la conciencia de que el puesto es propio, invita a muchos a descuidar su competitividad con el resto de empleados públicos. Con la consiguiente pérdida de calidad de los servicios públicos, y la atención al ciudadano.
Si preguntásemos a la mayoría de jóvenes preferirían trabajar en la función pública antes de trabajar en el sector privado, o crear su propia empresa. Esto tiene un doble inconveniente. Por un lado, los jóvenes siguen prefiriendo el empelo estable antes que crecer profesionalmente y cambiar de empresas que ofrezca mayores incentivos. Con lo cual, la mayoría de jóvenes estudia con el objetivo de obtener un puesto en la empresa, sin mayores incentivos que cobrar su sueldo mensual. Provoca que exista una menor productividad y una mayor falta de personal cualificado y capacidad de liderazgo.
Otro de los inconvenientes es el sueldo de los empleados públicos. En la actualidad, con la enorme tasa de paro, y las consiguientes congelaciones de los salarios reales en España, los emolumentos que cobra un funcionario se han convertido en uno de los objetivos de la mayoría del capital humano.
Por consiguiente, con el objetivo de crear una generación de jóvenes preocupados por escoger aquel trabajo que ofrezca mayores alicientes, las Administraciones Públicas deben de ofrecer un salario menor a la media a sus empleados, con lo que el sector publico se considera una oferta poco atractiva.
Conclusiones a la reflexión sobre el mercado de trabajo
A modo de conclusión, se necesita de un mercado laboral que aporte mejores respuestas a las necesidades de empresas y profesionales. Esto solo se puede conseguir desregulando el mercado, con lo que aquellas empresas que necesiten aumentar su competitividad gracias a las mayores productividades del factor trabajo, serán capaces de ofrecer mayores incentivos a aquel personal cualificado.
Con lo que se pretende conseguir una mayor implicación de los trabajadores en seguir mejorando y reciclándose para optar a una mayor retribución, e impulsar empresas que tengan en la formación, la investigación, y la ambición de sus trabajadores mayores réditos en el mercado.
