Llevamos años padeciendo la reivindicación del lobby energético sucio de que hay que subir la tarifa de la luz porque no cubre el coste de producción. Y en los últimos años, viene clamando también contra los productores de energías renovables, de las que dicen que elevan el coste de producción. Cualquiera que haya investigado con un mínimo de seriedad la cuestión sabe que poco de lo que dice este lobby es cierto.
El déficit tarifario viene en gran medida de los regalos que los sucesivos gobiernos que sufrimos en España han hecho a estas empresas, desde la absurda compensación por los supuestos costes de la transición a un sistema de libre competencia ¿? a la moratoria nuclear, más absurdo aún (debería haberse dejado a la industria que promoviese las centrales nucleares que quisiera... eso sí, corriendo con todos los gastos, incluyendo los de seguridad, expropiación de terrenos y usos en toda la zona de seguridad, tratamiento de residuos para los próximos 30.000 años, etc.: no se habría construido ni una).
Otro de los regalos es el mismo sistema de cálculo de la tarifa y, en estrecha relación, el sistema de cálculo de la retribución a la producción: se paga a todos los productores por el coste de la energía más cara. Así, la producción en teoría más barata (la hidroeléctrica o la nuclear, que tienen sus instalaciones amortizadas... y además la nuclear no paga externalidades, el coste de seguridad, de coste de oportunidad, de almacenamiento de residuos, que se lo pagamos de nuestros impuestos) cobra lo mismo que la supuestamente más cara. Por consiguiente, el coste de producción que se computa es un puro artificio contable-legal.
En cuanto al ataque a las fuentes de energía renovables, la razón última no se encuentra en el coste de éstas (está demostrado que incluso la solar es ya rentable): la razón verdadera es que las renovables permiten una descentralización del sistema energético, una democratización de la energía, que conduce a que las grandes corporaciones del sector pierdan poder. El crecimiento de las renovables reduce el hueco de mercado de las energías sucias y, por ende, su negocio. Por ello, sus directivos sin escrúpulos quieren intoxicarnos con informaciones falseadas sobre aumentos de costes, la supuesta inviabilidad del sistema y otras falacias, y así poder seguir intoxicándonos también con sus malos humos, sus gases de efecto invernadero, sus residuos tóxicos y sus negocios sucios.
Muestra de la mendacidad de este lobby es un acto que tuvo lugar en Madrid en que el Presidente de Siemens, ante el estupor de la plana mayor del empresariado español y de Esperanza Aguirre y avarios de sus segundones, explicó que el mayor reto que tiene la humanidad es el cambio climático, que hay que combatir mediante la transición a las energías renovables; y que su empresa está comprometida en esa transformación esencial. Para ello, es necesario una inversión en educación e investigación muy superior a la que se está haciendo en toda Europa. Una persona que estuvo en este acto me decía que Esperanza Aguirre se puso de todos los colores: presentaba al Presidente de una de las mayores empresas del mundo pensando que venía a apoyar sus regresivas políticas, y resulta que viene a defender las energías renovables y la inversión en educación e investigación, en medio de los recortes que vienen imponiendo tanto ella como Rajoy (y ya antes Zapatero, en esto no hay grandes diferencias).
Si estos personajes (grandes empresarios, Esperanza Aguirre y los suyos) leyesen algo serio y se relacionasen con investigadores responsables, sabrían que las grandes empresas y los políticos más formados en Europa, América y Asia ya van por ese camino. Les recomiendo especialmente que lean el último libro de Jeremy Rifkin titulado La tercer revolución industrial, en que explica precisamente hacia dónde va el mundo, y como grandes empresas (no sólo Siemens, muchas más) y políticos de todas las tendencias (sí, también conservadores como Merkel o Cameron) ya están en esa línea.
Volviendo a los regalos a las empresas del sector energético sucio, otro se encuentra en el sistema de retribución garantizada por las instalaciones de transporte: esto fomenta que proliferen instalaciones completamente inútiles. Un ejemplo de ello es la regasificadora que se está terminando de construir en el Puerto de El Musel, en Gijón. Esta planta no estaba prevista en la planificación del Ministerio de Industria, pero el anterior Presidente del Gobierno asturiano, Vicente Álvarez Areces, de infausto recuerdo pero que Francisco Álvarez Cascos está haciendo bueno (por aquello de que “luego vendrá quien bueno te hará”, o de “salir de Guatemala para ir a Guatepeor”) movió muchos hilos en Madrid hasta que consiguió que se incluyera en la planificación; esta regasificadora, junto con un ciclo combinado a construir junto a ella, justificaba la inversión en una macroampliación del Puerto de El Musel (que, por cierto, ya había sido ampliada anteriormente y la superficie ganada al mar había sido aprovechada hasta el momento... para instalar el Cirque du Soleil y la Semana Negra, dos actividades culturales relevantes pero que difícilmente pueden justificar la necesidad de una nueva ampliación). Por cierto, que el actual gobierno local de Gijón, del partido creado por Álvarez Cascos, parece que va camino de acabar con la Semana Negra.
Pues bien, la ampliación del Superpuerto de Gijón tuvo un presupuesto inicial de 250 millones de euros que luego se incrementó en sólo 135 millones más; este sobrecoste se intentó colar a la Unión Europea como una segunda fase, fraude que denunciamos desde Los Verdes de Asturias. Europa abrió un expediente, comprobó la realidad del fraude y denegó las ayudas solicitadas. Ahora ha abierto otro expediente por las irregularidades que pudo haber ya en el expediente inicial y es probable que reclame incluso la devolución de la subvención inicialmente concedida. Puede seguirse el culebrón en el blog de Los Verdes de Asturias (partido ahora integrado en Equo).
Pues bien, ni el ciclo combinado ni el resto de plantas que la industria decía que iba a construir en Asturias, plantas que en teoría justificarían la regasificadora, van a construirse, saldo la ya construida en Soto de Ribera, entre Oviedo y Mieres. Y no van a construirse porque ya existe sobrecapacidad de producción de electricidad en España, hasta el punto de que no sólo el saldo internacional del sistema es exportador desde hace años, sino que muchos ciclos combinados están parados por no tener hueco en el mercado (hasta el escándalo del Decreto del carbón, las plantas cerradas eran las de carbón, más sucias). Pero incluso aunque se hubieran construido los ciclos combinados previstos en Asturias y suponiendo que funcionasen a plena capacidad, podrían tener el suministro garantizado desde las regasificadoras de Bilbao y Mugardos (Ferrol), que están funcionando por debajo del 50% de capacidad; la de Mugardos estuvo incluso por debajo del 20% y sufrió varios problemas por trabajar por debajo de mínimos técnicos.
Pues bien, con todo este panorama absurdo, la regasificadora del Musel está a punto de terminarse.
En su día, Los Verdes de Asturias impugnamos la autorización de esta regasificadora precisamente por su falta de justificación (aparte de la deficiente tramitación del EIA y otras razones de seguridad, urbanísticas, etc.) con mi dirección como abogado. El recurso está tramitándose ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pues bien, pese a que el Ministerio se ha opuesto a la demanda (por supuesto, también Enagás, que va a cobrar aunque la planta no tenga justificación porque así está regulado, lo que repercutirá en la tarifa del gas natural), la Comisión Nacional de la Energía nos acaba de dar la razón en cuanto al fondo del asunto: acaba de reconocer expresamente la innecesariedad de esa planta. Por cierto, planta que tiene un presupuesto de 300 millones.
En concreto, en el “Informe sobre el sector energético español” de 9 de marzo de 2012, en las páginas 15-16 de la Segunda Parte, se puede leer:
1.3. RETRASO EN LA PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA DE REGASIFICACIÓN DEL MUSEL
La planta de regasificación del Musel tiene una inversión estimada de 380 millones de €, con impacto en los costes regulados de 2013 de 67 millones de €.
Dado que operativamente la planta no es necesaria para el suministro de gas, que tampoco se tiene constancia de que la planta tenga contratado el acceso a la misma, y que la entrada en servicio de la planta del Musel aumentará los problemas por mínimos técnicos en el resto de las plantas de regasificación existentes, se propone retrasar la puesta en servicio de la planta del Musel hasta que la demanda la justifique, lo que podría suponer ahorros en parte de los costes fijos de mantenimiento la planta, por mantenerla parada en caliente.
Los costes regulados por mantenimiento de la planta son de 12,7 millones de €/año. Los ahorros estimados podrían estar entre 3 y 5 millones de €/año dadas las necesidades de mantenimiento de la planta aunque se difiera su puesta en servicio.
En todo caso, dado que el acta de puesta en servicio es un acto reglado integrante de la autorización administrativa en una instalación prácticamente construida, la aplicación de esta medida requeriría una norma con rango de ley, por lo que, finalmente, no se considera dentro de las medidas adoptadas.
Por supuesto, no ha rodado ninguna cabeza por la aprobación de este costosa e inútil infraestructura.
En cambio, el PP tiene planeada la desaparición de todos los organismos supervisores y reguladores de diversos sectores: Energía, Telecomunicaciones, Competencia...,, con el consiguiente despido del personal altamente especializado y en muchos casos muy implicado en el buen funcionamiento del sistema. Sus competencias van a pasar al Ministerio de Economía, donde deberán asumirlas funcionarios ya sobrecargados de trabajo, sin formación especializada y sin incentivos para responsabilizarse de asuntos tan complejos y sometidos a tantas presiones externas.
Y ya saben todos cómo se pagan estos favores: Felipe González es consejero de Gas Natural; José María Aznar es asesor de Endesa; Pedro Solbes es Consejero de Enel (que controla Endesa); Josu Jon Imaz preside Petronor y el área de renovables (¿?) de Repsol; y Elena Salgado no ha tenido ningún pudor en fichar por Endesa sin esperar a que transcurra el período de incompatibilidad mediante un fraude de ley: figura como consejera de Endesa-Chile, aunque no tenga ninguna experiencia conocida en asuntos de ese país.
Queda claro que ni el coste de la tarifa eléctrica es culpa de las renovables ni el déficit público es culpa de los funcionarios o del estado del bienestar, sino de los políticos venales que promueven infraestructuras multimillonarias inútiles, que luego tienen sobrecostes escandalosos.
