Un Día del Consumidor sombrío

Artículo publicado en el diario El Comercio el viernes 13 de marzo de 2009.

El 15 de marzo se celebre el día del consumidor, que este año se presenta especialmente sombrío para todos los consumidores del mundo, pero sobre todo para los españoles.

En el ámbito nacional, nos encontramos con algunos detalles de cómo la industria trata a sus clientes, es decir, a quienes son su razón de ser; y de que para ellas la responsabilidad social es un concepto que viene bien para la publicidad pero que no tiene por qué implicar nada con trascendencia real, léase actuaciones responsables hacia la sociedad.

Así, tenemos el muy reciente caso del cambio de la facturación de las compañías eléctricas, que ha dejado de ser bimensual para pasar a ser mensual. Cambio que se ha aprovechado por algunas para aplicar la revisión anual de la tarifa con un mes de anticipación, para hacer cálculos ventajosos de lo que podría ser el consumo mensual e incluso para enviar no una sino hasta cinco facturas por el consumo de un mes, a veces por cantidades astronómicas.

Sin cambiar de sector, el año pasado desapareció de hecho la tarifa nocturna (en realidad, técnicamente se cambia de formato); en la práctica la dejan sin sentido y quienes la contrataron e hicieron una inversión para adaptar su consumo pierden lo gastado. Es una medida perjudicial para los consumidores e insensata desde el punto de vista de la racionalidad del sistema eléctrico, porque precisamente habría que fomentar el consumo nocturno para reducir el desequilibrio que existe con el diurno y evitar el derroche de energía que supone tener que parar y arrancar plantas de producción o, más probablemente, que simplemente se derive la energía producida al suelo.

Esta misma rama de la industria tiene planes muy relevantes para Asturias: construir una regasificadora frente a las playas de Gijón y Carreño, media docena de centrales térmicas, cuatro líneas de alta tensión y una serie de subestaciones eléctricas. Teniendo en cuenta que Asturias es excedentaria en la producción de electricidad (exportamos el 30% de lo que producimos); que esas empresas no pagan impuestos en Asturias; que apenas crean empleo una vez terminada la construcción; y que ya hay sobreproducción y centrales paradas, ¿por qué quieren traernos más polución, más líneas eléctricas surcando nuestros paisajes, ocupar suelos que se podrían destinar a otras actividades más productivas? Quizás una parte de la respuesta se encuentre en que los costes de esas instalaciones se van a amortizar vía tarifa; de manera que prepárense para futuras subidas de cuantía elevada.

En el ámbito de las telecomunicaciones, el siglo XXI se supone que es el de la revolución de internet. Pero en España padecemos un servicio de los peores de Europa y unas tarifas de las más elevadas, si hemos de creer a las estadísticas y estudios europeos.

Por otro lado, la adquisición de casi cualquier producto electrónico (desde un CD o DVD hasta un ordenador o un reproductor de sonido o imagen) aparece gravado por una exacción totalmente anómala y de muy difícil encuadre en alguna figura jurídica conocida: el llamado canon a favor de los artistas. Es decir, por el mero hecho de adquirir un dispositivo que pueda servir para producir o almacenar tus propias producciones profesionales, artísticas o personales de cualquier tipo, gestionar tus finanzas personales por medios informáticos, reproducir las juegos, películas o música que hayas comprado, gestionar tu correo personal, surfear la red y un largo etcétera de actividades perfectamente legales y admitidas por todos, se te obliga a pagar una cantidad alzada a una entidad privada, ajena a cualquier control público y totalmente carente de transparencia en su funcionamiento; entidad con la que los adquirentes de esos productos no tienen ninguna relación; encareciendo así el producto de una forma absurda y artificiosa. Realmente éste es un lobby poderoso.

Ya en el plano mundial, hay una crisis económica que se extiende por todo el planeta. Ahora bien, va a tener una especial incidencia en España porque el gran desarrollo económico de los últimos años se basó en el ladrillo. En diez años se han construido las viviendas que deberían cubrir las necesidades de treinta, incluso destruyendo espacios valiosísimos de costa y campo. La aparente riqueza que vivíamos se basaba en la expansión del crédito hasta aproximarnos a los índices de endeudamiento familiar de los países anglosajones, sin que sirviesen de nada las advertencias del Banco de España y las asociaciones de consumidores. Ahora, hay que pagar las deudas adquiridas, al tiempo que el desempleo aumenta y aumentará hasta niveles de crisis social grave. Mientras tanto, bancos y cajas, que también carecen de solvencia y liquidez por haberse entrampado en inversiones especulativas en las burbujas financiera y del ladrillo, ya no pueden prestar a nadie, particulares ni empresas.
Curiosamente, las entidades financieras, que con su política especulativa, guiada por una codicia ciega y que prescindió de todo análisis de riesgos, está en el origen de la crisis económica que nos afecta a todos, están recibiendo ayudas multibillonarias de las instituciones públicas. Es decir, de nuestros impuestos. En lugar de destinar los activos públicos a fines sociales, a apoyar a las familias y a los trabajadores, se entrega a los especuladores que se han estado embolsando retribuciones de escándalo... y que no van a devolver.

Al mismo tiempo, cada vez más gente no puede pagar su hipoteca y es ejecutada por su banco o caja. Con el importante añadido de que España es uno de los pocos países europeos que no tiene ningún sistema de cobertura de los particulares insolventes. Hay un sistema concursal previsto para las empresas que en teoría sería aplicable a las familias, pero que en la práctica es muy inadecuado y complica aún más su situación. Por toda Europa existen sistemas judiciales o administrativos que permiten a las familias volver a empezar de cero tras liquidar su patrimonio y sus deudas y limitan los intereses y costes a pagar a las financieras. Incluso en Estados Unidos el prestatario puede liberarse de la deuda entregando la vivienda hipotecada. En España no, el banco le perseguirá todavía después de haberse quedado con la vivienda, porque le seguirá debiendo intereses (en la mayoría de los casos, superior al 20%) y costas. La banca gana, siempre.

El PSOE llevó en su programa electoral de 2004 la aprobación de una Ley de sobreendeudamiento familiar; incluso había presentado una proposición en ese sentido cuando era oposición, a la que se opuso la entonces mayoría popular. Esa previsión quedó en el olvido una vez que llegó al poder.

Para terminar, hay una buena noticia: ante la pasividad, si no complicidad con los abusos, de los sucesivos gobiernos, las víctimas de esta situación han empezado a organizarse y están surgiendo colectivos de “ahorcados por la hipoteca”, de “afectados por hipotecas imposibles de pagar” que tratan de darse apoyo mutuo y crear una conciencia social que obligue a los gobernantes a cambiar de posición y establecer medidas efectivas que rectifiquen la desigual y crítica situación actual. Quizás la crisis sirva para que haya más conciencia, movilización y participación social.