Sí, existe la obligación de actuar de oficio ante indicios manifiestos de ilegalidades. Lo que pasa es que la inspección del trabajo, así como la inspección de hacienda, o la fiscalía, es un cuerpo jerárquico, directamente dependiente del Ejecutivo, y sometido a órdenes y directrices.
Sobre las comisiones PPeras, en todo caso sería un ilícito de financiación, al superar ciertos límites, o aceptar donaciones de personas prohibidas. Como mucho, y siempre y cuando no estuviese prescrito, merecería una sanción equivalente a la retirada de la subvención pública que reciben en cantidad proporcional.
Eso depende de ese negociado-mausoleo conocido como Tribunal de Cuentas. Y tales próceres de la patria al parecer tienen la vocación de demostrar, en la realización de su cometido, que el caracol es un animal raudo y veloz. Y pretenden demostrarlo cabalmente y de forma empirica y sostenida.
Casualmente, los dineros que el ex-tesorero haya podido despistar por cuentas diversas, sí que podrían en parte recuperarlo, ya que aquí regiría el sistema normal de reclamación de deudas entre particulares.
la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!