El riesgo político nos hace mercados emergentes
A finales de los noventa, un recién doctorado de Stanford en Ciencias Políticas llamado Ian Bremmer fundó la consultora de riesgo político Eurasia. El nombre era una alusión a la especialidad de la empresa: la antigua Unión Soviética (Bremmer, por lo que sé, es en parte de origen armenio, una comunidad que, junto con los judíos, los indios y los cristianos libaneses forma parte de las minorías de más éxito en EEUU).
Ahora, sin embargo, Eurasia está extendida por todo el mundo. Tiene analistas siguiendo a España y a otros socios de la UE. Y la definición, medio en broma, que Bremmer dio de lo que es un mercado emergente ("un país en el que la política es tan importante como la economía para el mercado") se aplica a cada vez más países. No es que todo el mundo sea Rusia o China, donde las empresas dependen del Gobierno para prosperar, pero sí que los Gobiernos cada día intervienen más en la actividad empresarial debido a la crisis, aunque solo sea cambiando las regulaciones.
Eurasia no es un caso aislado. Su rival IHS Global Insight ha comprado a la venerable Jane's, una de las fuentes de análisis sobre cuestiones militares con más solera del mundo, y a CERA, la consultora de energía fundada por el gurú de la energía más famoso, el Premio Pulitzer Daniel Yergin, autor del monumental (y, aún así, entretenido de leer) Historia del Petróleo (Plaza & Janés).
De modo que el análisis del riesgo político se ha convertido en una industria floreciente que ha pasado de los mercados emergentes al mundo desarrollado.
El riesgo político importa porque cada vez los Gobiernos tienen más que decir en la economía. No es que antes tuvieran poco, pero desde la crisis de 2008, por ejemplo, los Gobiernos han ido rescatando al sector financiero en todo el mundo. De pronto, los bancos se han convertido en una especie de empresas semipúblicas (públicas a la hora de perder dinero; privadas, a la de ganarlo). Ha habido cambios regulatorios en todo el mundo. Y la crisis ha debilitado a muchos Gobiernos.
Todo eso afecta a los inversores. Y ahí está la fuente de ingresos para Bremmer, Yergin o Alyson Warhurst, una profesora de la Universidad de Warwick que fundó hace diez años Maplecroft, otra de las empresas líderes de esta industria: ver cómo la política afecta a la economía (Stratford, que algunos delirantes nos vendieron como 'la CIA en la sombra' cuando Wikileaks divulgó algunos de sus informes, es otra consultora de este tipo).
Así pues, los países desarrollados nos parecemos cada vez más a los emergentes en eso del intervencionismo. Que un país lleve cinco reformas laborales en tres años (adivine de qué país hablo), cuatro del sistema financiero, y una reforma constitucional, afecta, y mucho, al inversor extranjero. ¿Cómo va a meter uno sus cientos de millones de dólares, o los de sus accionistas, en un sitio en el que las normas cambian de un día a otro? O ¿cómo va a comprar alguien bonos de un país cuyos Gobiernos regionales tardan meses en publicar sus cuentas públicas que, por otra parte, siempre son mayores de lo presupuestado?
En esta crisis, además, el riesgo político se está incrementando por las protestas populares. En abril, la aseguradora Aon -que está trasladando su sede de Chicago a Londres- publicó la nueva edición de su Índice de Terrorismo y Violencia Política, que está accesible aquí.
Según esa empresa, la tensión social está creciendo en gran medida en Europa. Aon rebajó el 'rating' de estabilidad social de España, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal de 'bajo' a 'medio'. Las razones fueron "el continuado efecto de la crisis económica mundial", que "quedó claramente en evidencia en 2011". Para Aon, "a medida que las medidas de austeridad y los recortes del gasto se produjeron, las protestas, huelgas, disturbios y manifestaciones estudiantiles se dejaron ver a lo largo de amplias regiones de Europa".
Esta semana, las manifestaciones en España y los rumores acerca de la caída de Mariano Rajoy si se produce un rescate del FMI, han dado un nuevo ejemplo de esta dinámica. Las protestas son inevitables en una situación en la que la gente descubre que las reglas del juego han cambiado para el ciudadano de a pie, pero no para la élite política o económica. Y es casi una norma no escrita que si un país recibe un rescate 'total', el Gobierno se va.
Pero, al mismo tiempo, es una situación que genera un círculo vicioso. A medida que hay más ajustes, hay más tensiones sociales. Eso, a su vez, debilita a los Gobiernos y a los partidos establecidos. Ambas cosas generan inestabilidad política y regulatoria.
Eso, a su vez, retrae más a los inversores, que ya tenían bastante con no saber a dónde iba la economía para encima no saber a dónde va la política, el sistema regulatorio, el modelo fiscal, la presión tributaria, y la opinión pública. Un ejemplo: las empresas estadounidenses pueden estar 'sentadas' sobre un colchón de más de cuatro billones de euros fuera del alcance a la Hacienda de su país en el extranjero. No es algo ilegal, sino simplemente una consecuencia del desquiciado sistema impositivo de ese país desde el que escribo. Pero, si esas empresas tuvieran claro el futuro, invertirían ese dinero.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/22/economia/1342935600.html