El despiporre de PODEMOS

 

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El caso Dina, convertido ya en caso Iglesias, amenaza con sentar en los tribunales al vicepresidente del Gobierno.

Luis F. Quintero Seguir a LUISFERQUINTERO

2020-08-22

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Capítulo III de las Crónicas del Asalto | Libertad Digital

Avanza el mes de agosto entre la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo, dura rival política en el congreso para la izquierda radical, que ya es toda en el hemiciclo, y el preocupante aumento de contagios de coronavirus, que hace activar cada día medidas más restrictivas y amenaza con tocar de muerte -si no está tocada ya- la economía. Y a medida que avanza el mes de agosto Libertad Digital continúa publicando sus "crónicas del Asalto", desgranando los muchos casos de corrupción que han afectado y afectan a Pablo Iglesias y los suyos.Tras repasar los orígenes con Monedero y su medio millón de dólares bolivarianos y los muchos casos de corrupción desvelados hasta ahora como la beca de Errejón, el piso de Espinar o la asistenta de Echenique, hoy recordamos y tratamos de resumir uno de los casos más oscuros que afectan a la formación, el "caso Iglesias", más conocido como "caso Dina", que ha ido desgranando con precisión quirúrgica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital.Se trata de una historia de intrigas, denuncias judiciales, propaganda y machismo, mucho machismo, pero, sobre todo, un caso que levanta una enorme sombra de sospecha de corrupción que señala directamente al líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias.Todo comenzó a finales de 2015. Dina Bousselham y su pareja denunciaban el robo de sus dos teléfonos móviles en un centro comercial ante los Juzgados de Instrucción de Alcorcón (Madrid). Estaba acompañada de su entonces pareja Ricardo Sà Ferreira. El dispositivo almacenaba fotos y vídeos íntimos y mensajes de varios chat de Podemos. Algunos sospechan que también información confidencial del partido. Ricardo Sà Ferreira, era entonces también asesor de Podemos en el Parlamento Europeo en Bruselas y en el momento del robo, según su propio perfil, era asesor de la campaña electoral de la formación morada para las generales de diciembre de 2015.Pero Podemos silenció el robo de Ferreira. Fuentes conocedoras del caso apuntaron a LD que "a pesar de que les robaron los dos móviles todo se ha centrado en el móvil de Dina para alimentar la llamada trama de las cloacas policiales y mediáticas proyectada por Pablo Iglesias.Pocas semanas después, en enero de 2016 aquella tarjeta SIM llega a la redacción de Interviú, supuestamente de forma anónima. Tras consultar el contenido de la tarjeta en redacción, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, llamó a Pablo Iglesias, le citó en el periódico y le dejó en un despacho consultar el contenido de la tarjeta. Interviú decide no publicar nada argumentando que su contenido tenía muchas intimidades pero poco "recorrido" informativo. Eso sí, Iglesias salió del despacho con la tarjeta en el bolsillo e Interviú la dejó marchar no sin dejar en su sede una copia del contenido. Copia que terminaría apareciendo en poder del comisario Villarejo, por entonces todavía no tan conocido. Posteriormente un informe policial al que tendría acceso LD, certificaría que Villarejo accedió al móvil de Dina tres meses después que Pablo Iglesias.Curiosamente, el director de Interviú que pilota esta operación con la tarjeta SIM junto al presidente de Zeta, Antonio Asensio, era Alberto Pozas. Periodista que llegó a ser director general de Información Nacional con Pedro Sánchez y dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación de Miguel Ángel Oliver. Pozas dimitió cuando saltó el escándalo. Está imputado en el casoEn julio de 2016, Okdiario publica los famosos mensajes de Pablo Iglesias en un chat de Telegram afirmando sobre la periodista Mariló Montero que "la azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata". En noviembre de 2017, detienen al comisario Villarejo. Durante los registros de su domicilio, encuentran el pendrive de memoria con los archivos y carpetas del móvil robado a Dina.El 27 de julio de 2016 una reunión de crisis interna sobre el caso Dina, tras la publicación de los chat del partido en Okdiario. Una cita a la que acudieron dirigentes y abogados de la formación morada. En dicho encuentro, los presentes concluyeron que los pantallazos publicados los había realizado la propia exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, y que por tanto era insostenible plantear un caso judicial de robo: "Nuestra argumentación hace aguas, archivo total". Sin embargo, a pesar de estas conclusiones Iglesias aseguró en su declaración de marzo de 2019 ante García Castellón, 3 años después, que el robo del móvil había sido obra del comisario José Villarejo, tras compincharse supuestamente con el director de Okdiario, Eduardo Inda.El 27 de marzo de 2019, Iglesias declara como perjudicado en la Audiencia Nacional ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón, tras el hallazgo del pendrive de Villarejo. Iglesias asegura que él y Podemos son víctimas de una conspiración entre las cloacas policiales de Villarejo y Okdiario. Este asunto lo utiliza durante su campaña electoral para sacar rédito político en las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Dina Bousselham también declara como víctima y asegura que los mensajes publicados en Okdiario los sacaron de su móvil robado.Posteriormente, la instrucción acredita que Pablo Iglesias recibió una tarjeta de memoria con información del teléfono robado de su exasesora en enero de 2016 a través del editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio. Iglesias pudo acceder a la tarjeta y ver su información, incluida la más íntima.

La instrucción del magistrado Manuel García Castellón avanza y surgen las contradicciones, las dudas y los cabos sueltos. El 11 de mayo de este año, Dina Bousselham anuncia que deja Podemos para dirigir la web Laultimahora vinculada a la formación morada. Un periódico digital que no tiene publicidad porque quiere ser independiente pero cuyos fondos se recaban por recomendación de Iglesias entre los afiliados morados.

Un informe de la Policía detecta que los mensajes publicados en Okdiario son en realidad pantallazos (fotos del móvil) tomados por la propia Bousselham. Otro informe de la Policía Científica apunta que la tarjeta que Iglesias le entregó a Dina presentaba daños físicos, estaba parcialmente quemada y se sospecha que pudo ser destruida en un microondas.

Dina es llamada nuevamente a declarar. El 18 de mayo, asegura al juez que Iglesias le entregó la tarjeta dañada en el verano de 2016 sin darle explicaciones tras publicarse los mensajes de Okdiario y reconoce que ella misma hizo los pantallazos que publicó el diario digital de Eduardo Inda. Las fechas no son verosímiles, porque la expareja de Dina, Ricardo Sà Ferreira, envió la tarjeta dañada para intentar recuperarla a una empresa de Reino Unido en septiembre de 2017. Es decir, se sospecha que Iglesias pudo esconder la tarjeta durante más de año y medio y no durante 6 o 7 meses como dijo Dina. La empresa de Gales que analizó la tarjeta, confirma que ya era "irrecuperable" en 2017.

Las declaraciones de Dina dejan en la picota a Iglesias. El vicepresidente podría haber cometido un presunto delito de revelación de secretos (por acceder a la tarjeta de Dina) y de daños informáticos (por destruir la tarjeta). Por lo tanto, podría enfrentarse a una imputación si el magistrado García Castellón eleva una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.

El 28 de mayo, Bousselham cambia nuevamente su versión a través de un escrito que presenta la abogada de Podemos, Marta Flor, y dice que la tarjeta cuando se la entregó Iglesias inicialmente funcionaba y que después dejó de hacerlo. El juez decide retirar a Iglesias su condición de perjudicado y envía una comisión rogatoria a Reino Unido para saber más datos sobre la tarjeta de Dina. A la vez, encarga un nuevo informe a la Policía Científica para conocer exactamente cómo pudo ser destruida dicha tarjeta.

Ya el pasado mes de junio, el juez García Castellón dice que Dina no puede compartir abogada con Iglesias y es el propio Iglesias el que cambia de abogado dejando a Marta Flor, la abogada de Podemos y supuesta amiga del fiscal Stampa Ironman, como representante de su antigua asesora, por si acaso. El nuevo letrado del vicepresidente, Raúl Maíllo, sale del entorno de Enrique Santiago, diputado podemita. Como curiosidad habría que añadir que Santiago tiene un despacho profesional como abogado en la madrileña calle de Jorge Juan, donde fijó su sede a efectos registrales el muy independiente periódico de Dina Bousselham.

A la espera de saber si el magistrado Manuel García Castellón reúne los indicios suficientes para imputar a Iglesias, a finales de junio se desata un nuevo escándalo. El abogado de Podemos, José Manuel Calvente, 'purgado' tras denunciar irregularidades en el partido, alertaba hace unos meses sobre las "graves irregularidades de la abogada Marta Flor por anteponer sus relaciones íntimas con el fiscal de un asunto importante de Anticorrupción".

En febrero, una particular pide que se abra una investigación interna para esclarecer la supuesta estrecha relación entre Marta Flor y uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa. En marzo, dicha investigación es archivada. Sin embargo, el run run no cesa y en la Audiencia Nacional no se deja de hablar de unos mensajes de Marta Flor que podían evidenciar una presunta revelación de secretos por parte del fiscal. Son los llamados "secretos de Marta Flor" que desveló Libertad Digital.

Salen a la luz, entonces, los mensajes en el chat jurídico de Podemos de su abogada, Marta Flor -que ya representa únicamente a Dina- y en los que se refiere al fiscal Stampa con el nombre en clave de "Ironman" y al otro fiscal, Miguel Serrano, como "Batman".

Estos mensajes muestran que Marta Flor sabía que se iba a producir un registro en Okdiario, que se habría coordinado con los fiscales para paralizar una sentencia del Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias o que el abogado purgado Calvente advirtió en 2016 que los mensajes publicados sobre Dina eran "una filtración". Finalmente, la gota que colmaba el vaso. Stampa habría dicho "extraoficialmente porque está en secreto" que el juez había aceptado unas diligencias a Flor. Es decir, afloraba, y nunca mejor dicho, la presunta revelación de secretos.

El propio Villarejo en una grabación de 2018 denunciaba los "abrazos" entre los fiscales y los abogados de Podemos. La Fiscalía General del Estado anunciaba la apertura de una nueva investigación a Stampa por estos hechos. El escándalo es mayúsculo y al margen de que se pueda demostrar si cometió algún delito, debería ser apartado de la causa por pura imagen de la Fiscalía Anticorrupción.

La cercanía de Stampa a la letrada Marta Flor ha transmitido una connivencia insoportable de esta respetable institución con Podemos en un momento en el que está en juego todo el Estado. Esta Fiscalía especial está repleta de fiscales valientes, trabajadores y auténticos servidores públicos, sin embargo, también hay excepciones y hay que depurar responsabilidades y salvaguardar su prestigio. No hay nadie intocable.

Los enfrentamientos entre el juez y los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, son más que palpables por peticiones o afirmaciones más que discutibles de estos últimos.

Solicitaron al juez que instara a Dina a aclarar si concedía el perdón expreso a Iglesias por la posible revelación de secretos. El magistrado se negó en rotundo. Posteriormente, García Castellón planteaba un posible "conflicto de intereses" por el hecho de que Dina (víctima) e Iglesias (posible verdugo) compartiesen a la abogada Marta Flor. Los fiscales no veían ningún conflicto de intereses y finalmente, el magistrado acordaba que Flor no podía defender a Bousselham. Una decisión que no es firme a la espera de los recursos.

Que Dina Bousselham siga siendo defendida por Flor es una tomadura de pelo en toda regla al juez. Además, Iglesias recurría ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional la retirada de su condición de perjudicado en la causa con ataques directos al instructor. La guerra está servida. Los fiscales e Iglesias contra el juez.

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ha cerrado filas con Stampa, soslayando el calado de las informaciones publicadas a cerca de su estrecha relación con la abogada Marta Flor. Después del pronunciamento de la Fiscalía Anticorrupción, se han desvelado más informaciones que destapan conversaciones "al oído" entre Stampa y Marta Flor o chats privados entre ambos.

El final de la historia está por escribirse. Por ahora, sólo hay incógnitas y misterios sin resolver. ¿Iglesias será imputado? ¿Flor dejará de defender a Dina? ¿El fiscal Stampa será apartado de la investigación? Y por supuesto, uno de los mayores enigmas del caso, ¿por qué comenzó todo? ¿Fue una venganza de Dina o de su expareja?
  

 

La normativa le obligaba a hacerlo en un plazo máximo de 15 días desde la emisión por el órgano fiscalizador

A diferencia del partido de Iglesias, tanto PP como PSOE sí han subido este informe a sus portales

(Vídeo: OKDIARIO)

Podemos ha incumplido la ley al no publicar en su página web el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016 que el Pleno del órgano fiscalizador aprobó el pasado 28 de julio. Un documento que halla irregularidades en las finanzas del partido del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y que le emplaza en este sentido a la devolución de 320.967,07 euros, más 2.861,15 euros de aportaciones realizadas a las formaciones Més e EUIB. En total, 323.828,22 euros.

En concreto, la Ley Orgánica 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos, aprobada bajo mandato del Gobierno del PP para una mayor transparencia de las formaciones políticas, establece en su artículo 14 apartado nueve esta obligación infringida por los morados. «Los partidos políticos, una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un determinado ejercicio, deberán hacerlo público a través de su página web en un plazo máximo de 15 días», señala la citada Ley Orgánica.

Sin embargo, en el autodenominado Portal de Transparencia de Podemos no hay ni rastro de dicho informe del Tribunal de Cuentas, donde constan una serie de irregularidades sobre la contabilidad del partido. Sí aparecen, en cambio, los informes de 2014 y 2015 pero no el último de estas características, el correspondiente a 2016, aprobado por el órgano fiscalizador a finales de este julio de 2020.

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó dicho informe el 28 de julio y su departamento de Comunicación lo difundió a la opinión pública junto a una nota de prensa el pasado 4 de agosto. Casi cuatro semanas después de esta última fecha el documento sigue sin aparecer en la web de Podemos, que ha hecho caso omiso a los 15 días de margen que estipula la mencionada Ley Orgánica. En el apartado ‘Informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas’ del ejercicio 2016 sólo figura disponible el documento de ‘Remisión de Cuentas’ pero no el de su revisión por el órgano que preside María José de la Fuente.

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La web de Podemos sin el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2016.

A diferencia del partido morado, imputado por un juez de Madrid como persona jurídica por presuntos delitos de malversación y administración desleal a raíz de la denuncia de su ex abogado José Manuel Calvente, tanto PP como PSOE sí han subido este informe del Tribunal del Cuentas a sus portales, dando así cumplimiento a la normativa vigente.

En la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, también han sido imputados Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas y estrecho colaborador de Pablo Iglesias; la gerente del partido, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. Este último es el responsable de la comunicación con el Tribunal de Cuentas y fue él mismo quien estampó su firma en la remisión a este órgano de las cuentas de 2016.

Deficiencias

Tras el análisis de las mismas, el Tribunal de Cuentas ha hallado distintas deficiencias. Por ejemplo, reclama a Podemos la devolución de 320.967,07 euros. La formación que lidera el ahora vicepresidente del Gobierno recibió subvenciones para gastos de seguridad del ejercicio 2016 por importe de 384.276,94 euros y dijo haber invertido en este concepto 452.955,97 euros.

Sin embargo, el tribunal ha detectado algunos conceptos no subvencionables por esta categoría que suman 320.967,07 euros. El grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir estas subvenciones estatales. Y es que, por ejemplo, el partido de Iglesias incluyó aquí el gasto de 201.400,47 euros en pagar a estos ochos trabajadores para que se encargaran de la seguridad en actos de la formación morada.

Cursos de formación

De igual modo, el Tribunal de Cuentas considera que tampoco era subvencionable, en tanto imputable al concepto de gasto regulado en el
Real Decreto 1306/2011, un importe de 9.045,75 euros que Podemos destinó a costear cursos de formación en seguridad privada a estos trabajadores.

También consta como «no subvencionable» un importe de 131.927,15 euros correspondiente al coste laboral de cinco trabajadores encargados de la identificación de acceso a la antigua sede central de la formación, que entonces se encontraba en la madrileña calle Princesa. «Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de Seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada», indica el órgano fiscalizador.

«Por lo anterior, al no aceptarse gastos por un total de 389.646,10 euros, el importe de la subvención que se considera justificado asciende a 63.309,87 euros, por lo que existe un importe de 320.967,07 euros que deberá ser objeto de reintegro», apercibe el organismo.

Además, añade que «el partido deberá proceder a reintegrar las aportaciones realizadas a las formaciones Més e EUIB en concepto de subvención para gastos de seguridad, por un importe conjunto de 2.861,15 euros, al no haber presentado los partidos coaligados la cuenta justificativa de la subvención regulada en el artículo 18 del citado Real Decreto». En consecuencia, el importe total a reintegrar derivado de las incidencias descritas anteriormente asciende a 323.828,22 euros, cantidad que «el Tribunal de Cuentas comunicará al Ministerio del Interior a tal efecto», reza el informe.

Todas estas reprobaciones, contenidas en el informe del Tribunal de Cuentas del año 2016, no aparecen en la web de Podemos. 

 

La normativa le obligaba a hacerlo en un plazo máximo de 15 días desde la emisión por el órgano fiscalizador

A diferencia del partido de Iglesias, tanto PP como PSOE sí han subido este informe a sus portales

(Vídeo: OKDIARIO)

Podemos ha incumplido la ley al no publicar en su página web el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016 que el Pleno del órgano fiscalizador aprobó el pasado 28 de julio. Un documento que halla irregularidades en las finanzas del partido del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y que le emplaza en este sentido a la devolución de 320.967,07 euros, más 2.861,15 euros de aportaciones realizadas a las formaciones Més e EUIB. En total, 323.828,22 euros.

En concreto, la Ley Orgánica 3/2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos, aprobada bajo mandato del Gobierno del PP para una mayor transparencia de las formaciones políticas, establece en su artículo 14 apartado nueve esta obligación infringida por los morados. «Los partidos políticos, una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un determinado ejercicio, deberán hacerlo público a través de su página web en un plazo máximo de 15 días», señala la citada Ley Orgánica.

Sin embargo, en el autodenominado Portal de Transparencia de Podemos no hay ni rastro de dicho informe del Tribunal de Cuentas, donde constan una serie de irregularidades sobre la contabilidad del partido. Sí aparecen, en cambio, los informes de 2014 y 2015 pero no el último de estas características, el correspondiente a 2016, aprobado por el órgano fiscalizador a finales de este julio de 2020.

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó dicho informe el 28 de julio y su departamento de Comunicación lo difundió a la opinión pública junto a una nota de prensa el pasado 4 de agosto. Casi cuatro semanas después de esta última fecha el documento sigue sin aparecer en la web de Podemos, que ha hecho caso omiso a los 15 días de margen que estipula la mencionada Ley Orgánica. En el apartado ‘Informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas’ del ejercicio 2016 sólo figura disponible el documento de ‘Remisión de Cuentas’ pero no el de su revisión por el órgano que preside María José de la Fuente.

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La web de Podemos sin el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2016.

A diferencia del partido morado, imputado por un juez de Madrid como persona jurídica por presuntos delitos de malversación y administración desleal a raíz de la denuncia de su ex abogado José Manuel Calvente, tanto PP como PSOE sí han subido este informe del Tribunal del Cuentas a sus portales, dando así cumplimiento a la normativa vigente.

En la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, también han sido imputados Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas y estrecho colaborador de Pablo Iglesias; la gerente del partido, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. Este último es el responsable de la comunicación con el Tribunal de Cuentas y fue él mismo quien estampó su firma en la remisión a este órgano de las cuentas de 2016.

Deficiencias

Tras el análisis de las mismas, el Tribunal de Cuentas ha hallado distintas deficiencias. Por ejemplo, reclama a Podemos la devolución de 320.967,07 euros. La formación que lidera el ahora vicepresidente del Gobierno recibió subvenciones para gastos de seguridad del ejercicio 2016 por importe de 384.276,94 euros y dijo haber invertido en este concepto 452.955,97 euros.

Sin embargo, el tribunal ha detectado algunos conceptos no subvencionables por esta categoría que suman 320.967,07 euros. El grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir estas subvenciones estatales. Y es que, por ejemplo, el partido de Iglesias incluyó aquí el gasto de 201.400,47 euros en pagar a estos ochos trabajadores para que se encargaran de la seguridad en actos de la formación morada.

Cursos de formación

De igual modo, el Tribunal de Cuentas considera que tampoco era subvencionable, en tanto imputable al concepto de gasto regulado en el
Real Decreto 1306/2011, un importe de 9.045,75 euros que Podemos destinó a costear cursos de formación en seguridad privada a estos trabajadores.

También consta como «no subvencionable» un importe de 131.927,15 euros correspondiente al coste laboral de cinco trabajadores encargados de la identificación de acceso a la antigua sede central de la formación, que entonces se encontraba en la madrileña calle Princesa. «Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de Seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada», indica el órgano fiscalizador.

«Por lo anterior, al no aceptarse gastos por un total de 389.646,10 euros, el importe de la subvención que se considera justificado asciende a 63.309,87 euros, por lo que existe un importe de 320.967,07 euros que deberá ser objeto de reintegro», apercibe el organismo.

Además, añade que «el partido deberá proceder a reintegrar las aportaciones realizadas a las formaciones Més e EUIB en concepto de subvención para gastos de seguridad, por un importe conjunto de 2.861,15 euros, al no haber presentado los partidos coaligados la cuenta justificativa de la subvención regulada en el artículo 18 del citado Real Decreto». En consecuencia, el importe total a reintegrar derivado de las incidencias descritas anteriormente asciende a 323.828,22 euros, cantidad que «el Tribunal de Cuentas comunicará al Ministerio del Interior a tal efecto», reza el informe.

Todas estas reprobaciones, contenidas en el informe del Tribunal de Cuentas del año 2016, no aparecen en la web de Podemos.