El Gobierno promueve un referéndum consultivo en Cataluña para intentar contentar al independentismo
Pedro Sánchez prometió este miércoles en el Congreso que «nunca jamás» habría un referéndum de «autodeterminación» en Cataluña. Pero, apenas un día después, el Gobierno se descuelga con una propuesta que supone dar un trato especial a la comunidad, con
un referéndum «consultivo» sobre «autogobierno». El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, no ha ocultado que se trata de un auténtico «traje a medida» para la región.
Se trataría, según ha explicado Iceta, de «un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado». Aunque, en realidad, se trata de camuflar un trato diferencial para Cataluña porque lo que se pretende es reconfigurar una nueva política para esta autonomía.
Ese referéndum estaría amparado en el artículo 92 de la Constitución, que establece textualmente que: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos».
El artículo añade que «el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».
La propuesta ha sido secundada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha afirmado que «todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política de nuestro país». La votación no sería vinculante, pero tendría sin duda un impacto definitivo.
«Amnistía y autodeterminación»
El Gobierno vuelve así a dar un paso ante las exigencias separatistas. Lo hace apenas dos días después del
encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en La Moncloa. En la reunión, el presidente catalán avisó al socialista de que sus reclamaciones siguen intactas:
«Amnistía y autodeterminación». Después, en su comparecencia ante los medios, celebró haber visto «voluntad de acuerdo» por parte del jefe del Ejecutivo.
Sánchez aprovechó este miércoles su intervención en el Congreso sobre los indultos para asegurar que «no habrá referéndum de autodeterminación» en Cataluña «salvo que quienes lo defienden convenzan a los tres quintos de esta Cámara para reformar la Constitución». Y apostilló que «el PSOE nunca jamás aceptará este tipo de derivadas».
Lo que no cerró fue la puerta a que los catalanes se expresen votando sobre los acuerdos que, en su caso, se alcancen en la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat.
«Yo nunca he negado que la ciudadanía catalana vote», asumió Sánchez en respuesta a la CUP. «Lo que quiero es que se vote un acuerdo y ustedes quieren que se vote un enfrentamiento», aseveró.
No obstante, ni siquiera los propios independentistas se creen ya al presidente socialista. El portavoz de ERC en el Congreso,
Gabriel Rufián, exhibió el triunfalismo de tener a su disposición al jefe del Ejecutivo. «Ha dicho que nunca habrá referéndum de autodeterminación, la verdad es que también dijo que nunca habría indultos.
Así que denos tiempo», ironizó en su intervención.
Mesa de Pedralbes
Los independentistas aprietan, conocedores de las urgencias de Sánchez para mantenerse en La Moncloa. Y este siguiente paso del Gobierno, calculado y previsible, no deja de ser un nuevo escalón de la negociación.
Como avanzó OKDIARIO, los equipos jurídicos de Moncloa llevan ya un tiempo trabajando en un mecanismo que llegue al límite constitucional y que permitiría ratificar los acuerdos de la Mesa de Pedralbes, el foro bilateral de negociación entre Moncloa y Generalitat.
A principios del año pasado, cabe recordar, ERC ya definió con el Gobierno las bases que han de regir la llamada «mesa de diálogo», que culminaría -según el texto- con un referéndum camuflado. «Deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana.
En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña», se expone en ese documento. Sin mención alguna a la Constitución, se asumía ya la posibilidad forzar el límite legal de ese referéndum y señalaba que esa votación se haría “de acuerdo con los mecanismos previstos” o con los “que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.
