Hace unos días el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que "lo ocurrido es sencilla y simplemente un error con los DNI, de procedimiento administrativo. Es lamentable que se produzcan, pero se producen en un procedimiento donde se gestionan millones de datos. No vean fantasmas volando, especulando, son errores puramente administrativos. Existe el encargo para que esos errores administrativos no se vuelvan a producir".
No obstante, Hacienda ha señalado a los notarios y registradores de la propiedad, como los culpables de estos errores. Concretamente, "en once casos fue consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria con origen en notarios y registradores figuraba erróneamente atribuida al DNI 14 sin letra de control".
Por tanto, sólo en dos casos se puede atribuir el error a la Agencia Tributaria, al incluir en su base de datos las operaciones realizadas por la infanta. Ahora el Ministerio de Hacienda "echa balones fuera", pero en este caso, todos los indicios apuntan a que hay muchas personas implicadas, tanto en la trama de corrupción, como en los supuestos errores administrativos.
Por otro lado, Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda, denunció que Hacienda no estaba ejerciendo las labores de auxilio judicial inherentes a su cargo. Y el encargado de la Agencia Tributaria alegó cuestiones formales para no emitir, añadir o suprimir nada del informe anterior solicitado por el juez encargado del caso.
En consecuencia, Hacienda señala que en este caso no hubo auxilio judicial, sino "solicitud de informe", por ello, "no era preceptivo un control específico de la información suministrada".
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