La constante subida de los tipos de interés desde hace ya más de un año está llevando a muchas familias españolas al borde del colapso económico. No es algo que digamos unos cuantos agoreros, es una cuestión sobre la que se acaba de pronunciar la Asociación Hipotecaria Española e incluso el Relator especial de la ONU para la vivienda. Y el caso es que la subida no ha sido muy fuerte ni brusca; de hecho, los tipos todavía se encuentran muy por debajo de los que rigieron en las décadas de 1980 y 1990: ¿Quién habría soñado con pagar unos intereses por el préstamo hipotecario inferiores al 5% en 1990? ¿Cómo es posible, entonces, que hayamos llegado a esta situación?
Creo que hay varias causas, con más relevancia unas u otras según el caso de cada familia. Una de ellas es el cambio radical de mentalidad que ha experimentado el conjunto de la sociedad española en los últimos cincuenta años. Se ha pasado de considerar un deshonor pedir un préstamo o no poder comprar algo al contado, al extremo opuesto de financiar hasta las vacaciones. De los presupuestos familiares calculados estrictamente, en que cada peseta que entraba en casa debía tener su destino fijo y justificado, hasta el despilfarro sin medida. De la austeridad máxima, obligada por las circunstancias económicas del país; al consumismo más exacerbado. Consumismo además a lo grande: hay que aparentar; así, se ven más BMW, Audi o Mercedes en España que en Francia o Canadá, doy fe. Es decir, nos hemos convertido en unos consumistas despilfarradores.
Otra, obviamente, es la subida del precio de la vivienda. No me voy a extender sobre ello, ya es de todos sabido.
Una tercera causa es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Esto tiene su parte objetiva, pero también su elemento relativo: ha habido congelaciones salariales de los funcionarios durante varios años; los salarios y pensiones que se revisan según el IPC no permiten mantener la misma capacidad económica, porque nadie se cree que los precios suban sólo lo que indica ese IPC; cada vez son más los empleos mal pagados, los contratos basura... Pero también tiene su elemento relativo: estamos en una cultura en que el DVD, el móvil de última generación o el ordenador portátil son productos de primera necesidad, no digamos el microondas, la secadora o el aire acondicionado (bueno, el aire acondicionado aquí en el Norte no, ventaja que tenemos).
Y siempre están las desgracias familiares y personales: un negocio rentable que se viene abajo; un socio que te estafa; la empresa en que trabajas desde hace veinte años cierra para trasladar la producción a China, una enfermedad, un accidente...
Sea por la causa que sea, el caso es que muchas familias ya están teniendo dificultades para pagar las mensualidades de sus hipotecas. Y muchísimas más dejarán de pagarlas si continúan subiendo los tipos de interés, como parece que va a ocurrir. Ya se nota en los Juzgados que empieza a subir el número de demandas ejecutivas que se presentan, en lo que puede llegar a superar la acumulación que hubo en los años ochenta y principios de los noventa. En quince años hemos pasado de unos índices de morosidad bancaria muy elevados a unos mínimos históricos para volver a subir la cuesta hacia una cifra que podrá ser también histórica pero por lo elevada.
Ante esta coyuntura, voy a hacer algunas recomendaciones:
-En primer lugar, mucha prudencia al asumir nuevas obligaciones o suscribir préstamos. Hay que hacerse un buen presupuesto a partir de los ingresos existentes y de los gastos presentes y los que se van a asumir; de ninguna manera podemos hacernos esta composición incluyendo expectativas de aumentos de sueldo, ingresos extraordinarios, buenos negocios, etc., porque los castillos en el aire suele tumbarlos el viento. Tampoco hay que contar con que vamos a ser capaces de ahorrar y recortar los gastos; hace falta fuerza de voluntad para renunciar a comodidades y pequeños lujos a los que nos hemos acostumbrado, y en esta sociedad hedonista esa fuerza es un bien muy escaso. Por el contrario, hay que asumir que el préstamo va a entrañar un incremento de los gastos que pueden aumentar y aumentar en función de la evolución de los tipos de interés. Y que en una casa siempre hay gastos imprevistos, además de los contratiempos que puede traer la vida. En resumen, que para que no te pille el toro, hay que ponerse en plan pesimista para hacerse el presupuesto.
-Una vez realizado el presupuesto, nunca llevar el nivel de endeudamiento hasta el máximo que se pueda soportar: insisto en la posibilidad de desgracias familiares, imprevistos de todo tipo, subidas de tipos de interés... Si ya estamos al límite, no podremos resistir.
-Si el peligro de no poder pagar los recibos se acerca, es el momento de apretar el cinturón en serio. De sacarle músculo a esa fuerza de voluntad desentrenada y prescindir de muchos gastos que, en realidad, no son tan indispensables. La verdad es que se puede vivir con mucho menos de lo que piensa la mayoría y, desde luego, la felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de cómo nos planteamos la vida.
-Si ya estamos sobrepasados y no podemos pagar los plazos de la hipoteca, lo último que hay que hacer es esconder la cabeza debajo del ala y esperar que los misiles nos pasen por encima sin tocarnos. Tampoco intentar solucionarlo a base de esos préstamos rápidos que tanto se anuncian en la televisión por las mañanas, para ir pagando el recibo de este mes y el que viene, y luego a ver si se arregla la situación: no se arregla sola, al contrario, crece porque nos metemos en la bola de nieve que rueda y rueda aumentando sin cesar. Hay que hacer frente a la situación, poniendo sobre la mesa la entidad de la deuda frente a los ingresos de que disponemos y el patrimonio familiar. Si se puede solventar con ayuda familiar, bien; en otro caso, habrá que pensar en empezar a liquidar bienes. Mejor vender por propia iniciativa a que te embargue el banco.
-Hay que intentar solucionar el problema antes de que el banco te demande. En cualquier caso, antes de que el piso salga a subasta. Hay que tener en cuenta que la demanda va a suponer no sólo la reclamación de todo el dinero prestado, sino intereses de demora (habitualmente por encima del 20%, incluso cerca del 30%) y las costas. Como se cometen muchos abusos, es posible defenderse de la demanda para intentar reducir los intereses de demora y eliminar la condena en costas, así como para obtener algún aplazamiento, pero nos metemos en gastos de pagar a nuestro abogado y procurador -y hay que encontrar a un abogado que lleve estos casos, muchos te dirán que no hay nada que hacer.
Y una última cuestión: ¿qué es lo que hace el Gobierno ante esta situación? Mientras en casi todos los países de nuestro entorno existen leyes de insolvencia familiar que afrontan este problema de múltiples maneras, en España sigue sin existir una norma de ese tipo. Lo más parecido que hay es la Ley Concursal, prevista para la liquidación de empresas insolventes, que se puede aplicar también a las personas físicas, pero con un procedimiento muy lento, complejo y caro, inadecuado para éstas; además de que sólo es aplicable cuando se tienen deudas con dos o más entidades distintas. Es reseñable que el PSOE, en el año 2003, cuando estaba en la oposición, presentó una Proposición de Ley sobre esta materia, que el Congreso, con mayoría absoluta del PP, rechazó. Después, el PSOE incluyó la aprobación de la Ley en su programa electoral, y cuando queda menos de un año para que se cumpla la legislatura no se conoce ningún proyecto para presentar el proyecto al Congreso. Es más, con ocasión de la tramitación del Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores, preparé una serie de enmiendas que presentó Francisco Garrido Peña, diputado de Los Verdes adscrito al Grupo Socialista; y el Grupo Socialista las retiró inmediatamente, parece que no interesaba que esa Ley incluyese mejoras reales en materia de hipotecas y préstamos en general, seguros y protección de la economía familiar. Y eso a pesar de que en el Acuerdo Electoral PSOE-Verdes para las elecciones generales de 2004 (ver punto 24) estaba expresamente prevista “la promulgación de normas que protejan a los consumidores frente a los riesgos económicos imprevistos” -ya se sabe que los programas y pactos electorales se hacen para incumplirlos, pero de forma tan descarada me parece excesivo. Y debemos tener en cuenta que no estamos tratando de un problema menor: la bancarrota familiar constituye probablemente la mayor crisis que se puede encontrar ésta, fuera de los problemas de salud, constituye el fin de todo un modo de vida y de la seguridad para el futuro que, en una situación como la presente, sin regulación legal, puede prolongarse indefinidamente.