El texto que sigue fue publicado como Tribuna en el diario El Comercio el día 27 de octubre de 2016
Las filtraciones de las diligencias que sigue la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa (OPS) de Bankia vienen revelando las vergüenzas de las direcciones de Bankia y del Banco de España, el organismo que vigila las buenas prácticas de la banca.
En diciembre de 2014 dos técnicos del Banco de España detallaron que la información financiera de la OPS era falsa, y ya lo eran las cuentas del ejercicio 2010: las cuentas de Bankia y su matriz BFA no recogían el impacto negativo del Banco de Valencia, del que BFA era accionista de control; no se habían revisado las valoraciones de inmuebles y activos y créditos muy deteriorados por la crisis ni las pérdidas de una filial creada por Bancaja para realizar inversiones especulativas. Bankia adoptó la estrategia de querer engañar a la justicia presentando unos informes que afirman que la rectificación de las cuentas en mayo de 2012 nada tenía que ver con las de la OPS, sino que vino obligada por circunstancias posteriores; pero quienes firman estos informes no han comprobado las cuentas de Bankia, a diferencia de lo que habían hecho los técnicos del Banco de España: han partido del supuesto de que estaban correctamente auditadas por lo que tenían que ser correctas, obviando que el supervisor de los auditores multó a Deloitte por incurrir en un conflicto de intereses (además de auditar, asesoraba) y por no utilizar ciertos documentos relevantes.
Después supimos que ya en diciembre de 2010 los técnicos del Banco de España habían informado que Bankia tendría pérdidas de 5.000 millones de euros en los dos años siguientes. La dirección del Banco de España redujo esa cifra a “sólo” 3.000 millones porque las reservas de Bankia superaban esa cifra pero no la original, lo que haría inviable al Banco; así permitieron que una entidad zombi continuase operando y saliera a Bolsa.
Ahora hemos conocido unos correos electrónicos de técnicos del supervisor en que se habla de la incompetencia de la dirección de Bankia/BFA y de la inviabilidad de la entidad, incapaz de generar ingresos por su actividad bancaria y que debía afrontar una enorme deuda que sólo podría pagar... con la venta de las acciones; y mencionan los mismos datos falseados en las cuentas de Bankia que los señalados en los informes de los peritos judiciales. Sin embargo, la dirección del supervisor permitió la salida a Bolsa.
No es el único caso en que los supervisores actuaron en este sentido: toleraron las emisiones de preferentes, subordinadas y bonos convertibles a sabiendas de que debían dar lugar a pérdidas de capital a los clientes haciéndoles creer que eran productos seguros. Permitieron que se colocasen sólo a clientes de la red comercial española de bancos y cajas porque en otros países no se autorizaría su venta y los inversores profesionales conocían los riesgos de la banca española. Quienes tenían sus ahorros en depósitos y otros productos tradicionales pasaran a aportarlos al capital de entidades ya inviables o con una gran sobrevaloración en Bolsa. Ejemplo señero es el del Santander, que realizó la emisión de mayor cuantía, 7.000 millones de euros, en bonos convertibles que denominó “Valores Santander” y exigía para recuperar la inversión que las acciones se revalorizasen un 16%; las acciones que se entregarían al cabo de 5 años se valoraban en 16,04 € pero se calculó su valor real en sólo 7,12 € según consta en el folleto (que, obviamente, ningún cliente conoció).
Lo más grave no es el fraude a los cientos de miles de personas cuyos ahorros se han derivado a productos basura: al menos éstos encuentran amparo en los tribunales. Lo peor es el daño a las instituciones creadas para garantizar el funcionamiento ordenado del Estado de Derecho, de la sociedad democrática y del mercado. Cuando los altos cargos de las instituciones públicas trabajan como peones al servicio de las corporaciones se tambalea la estructura del Estado, los ciudadanos pierden la confianza en sus representantes y la democracia peligra.
Por ello, las responsabilidades de estas prácticas tan dañinas no deberían quedar en el marco jurídico, en una condena penal. Existen unas responsabilidades políticas que han de asumir quienes vienen amparando tales prácticas. No fue la dirección del Banco de España la única que defraudó a los españoles: todos recordamos al Presidente Zapatero y a su equipo económico proclamar en los años 2007 a 2009 que España tenía el mejor sistema bancario y el mejor supervisor del mundo; que quien dirigía Bankia era Rodrigo Rato, Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno con el PP (en el que también se encontraba el actual Presidente).
Es necesario depurar las directivas de partidos y corporaciones para poder lograr un cambio radical en la cultura empresarial y política de este país. Es manifiesto que hoy los intereses de quienes nos gobiernan están al servicio de las grandes compañías y que la defensa de sus intereses prima sobre la de los ciudadanos, consumidores y votantes, a quienes se sigue negando el derecho a saber, a participar, a controlar y a decidir. Vivimos en una democracia en que la soberanía recae en el pueblo, en el conjunto de los ciudadanos españoles; el gobierno es nuestro; los cargos políticos no deben actuar autónomamente, sino como mandatarios elegidos por el pueblo, ante el que deben responder. Pero algo tan elemental en el concepto de la democracia sigue sin ser asumido por las direcciones de los dos grandes partidos, como se está evidenciando en los dos grandes procesos que se desarrollan estos días: el proceso judicial por el caso Gurtel, en que estamos conociendo cómo se financiaba ilegalmente el PP; y las disputas en el PSOE sobre cómo actuar ante la posible investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, en que la cúpula del partido actúa en contra de lo que le piden sus bases, jugándose así la desaparición del partido o su irrelevancia, como les ha ocurrido a sus colegas griegos o italianos.
