El Sistema de Pensiones de España y su Seguridad Social es de lo mejor del mundo y se puede demostrar perfectamente con datos y comparativas con otros países, por ejemplo con la denominada tasa de resposición. Sigue siendo viable en el corto plazo, aunque cada vez menos, y es totalmente inviable en el largo plazo fundamentalmente por razones demográficas muy difíciles de encauzar en el corto y medio plazo, pero también por aumento estructural de gastos y disminución de ingresos del Sistema.
El aspecto relativo a las tendencias demográficas (mayor esperanza de vida, envejecimiento de la población y otros aspectos) viene ya recogido en el denominado factor de sostenibilidad , buscando el equilibrio financiero y equidad intergeneracional, entrando en vigor para calcular las pensiones a partir de 2019. No es ningún “invento” español ya que la problemática de las pensiones tiene rasgos similares, aunque también grandes diferencias en ocasiones, entre los diversos países de la Unión Europea. El factor de sostenibilidad no tiene ningún componente emocional ni político, es pura racionalidad financiera y pura solidaridad intergeneracional si queremos salvar, entre otros factores “curativos”, el sistema público de pensiones en el largo plazo. Es consecuencia, entre otras, de aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reforma que se añade a la de 2011 para la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Este denominado Factor de Sostenibilidad junto con el ya vigente Factor de Revalorización anual limitan ya no sólo el aumento de cuantía de las pensiones, sino que las hacen tender a la baja en términos nominales y efectivos de manera muy suave, pero con efectos progresivos y acumulados conforme vayan pasando los años.
Como aspectos pendientes de nuevas reformas está el análisis en profundidad de las formas de financiación, su ampliación y mejora; la posible salida de algún tipo de pensiones del sistema general, en el lado de las no contributivas, con cargo a Presupuestos Generales del Estado; la posible entrada de algún tipo de modulación fiscal para financiar las pensiones. Y mención aparte merece la cada vez más inaplazable complementariedad de las pensiones con otras fuentes de ingresos adicionales a la pensión, donde las empresas y sindicatos pueden y deben jugar un papel importante, así como las pensiones privadas.
El tema de los planes de pensiones privados o individuales en contexto de aumento de la cultura financiera empieza a tomar tintes críticos. Como dato esclarecedor de la poca cultura financiera al respecto que nos caracteriza en este ámbito, así como en muchos otros, por no decir prácticamente todos, indicaré que seguimos en cifras absolutamente ridículas de planes de pensiones privados, tan sólo ni siquiera el diez por ciento del Producto Interior Bruto, de manera que necesitarían crecer un 600% para estar simplemente en la media de la O.C.D.E, increíble pero cierto, finanzas-ficción sin duda en el corto plazo.
El Gobierno, las autoridades financieras y supervisores de mercado intentan hacer algún esfuerzo, más bien pequeño, para intentar aumentar la cultura financiera y en particular las aportaciones a planes de pensiones privados, intentando también mejorar aspectos como reducir comisiones que se cobran en gestión de planes de pensiones. Recientemente hemos conocido que se quiere aprobar un Real Decreto, ya será para el año que viene seguro, donde se rebajará normativamente la cuantía de comisiones que se aplica, rebaja que esperamos sea mayor que la contemplada inicialmente porque nos parece insuficiente, sobre todo en determinados segmentos de planes de pensiones.
Con cuantías máximas y tratamiento fiscal de planes de pensiones no hay novedades, de manera que el plan de pensiones sigue siendo la mejor inversión desde la perspectiva financiero-fiscal, considerando sólo el efecto comparado de la fiscalidad de todas las posibles inversiones.
Otra novedad que introduce el Real Decreto, que está en estos momentos en consulta pública, de las pocas novedades que se van a introducir en planes de pensiones privados con “efecto llamada” a la juventud, aparte de reducir las más que “generosas” comisiones que se cobran en estas operaciones, es dotarles de cierta liquidez, que nos sigue pareciendo insuficiente, de manera que a los diez años se podrán retirar las aportaciones. Es algo que ya estaba en la normativa pero no podía aplicarse, por decirlo de alguna manera, porque no existía el correspondiente reglamento posibilitador, que en principio podría estar para el año que viene. Veremos como transcurre todo y por supuesto estaremos atentos para tratar de influir por el bien de la mayoría en el período de consulta pública, mejorando condiciones para nuestros mayores que se jubilan, los parados de larga duración y los afectados por enfemedad grave , que son los colectivos directamente implicados.
Luis Ferruz Agudo
Economista y Escritor.
