Cuesta mucho, como bien avisó Keynes, desprenderse de las ideas que uno ha aprendido. Yo estudié Economía en los años 80 del siglo pasado, y en aquel tiempo entre quienes nos enseñaban Hacienda Pública estaba muy de moda (o sea, era la "religión aceptada") el llamado federalismo fiscal. Lo que esto venía a significar es que el modo más eficaz de proceder a la hora de gestionar los ingresos y los gastos públicos era siguiendo una regla que permitiese el mayor grado de descentralización, de modo que el nivel de gasto en un bien público de tipo local (o el nivel y calidad de su provisión) se decidiese también a escala local, o sea, atendiendo a las necesidades concretas de la población de un territorio. Y de igual manera pasaba con su financiación, aspecto en el que debería buscarse también que fuese lo más local posible, o sea, de que el bien público local fuese pagado fundamentalmente por quienes se beneficiaban de él de modo inmediato o directo.
De esta forma, gracias a la descentralización fiscal se facilitaba, por una lado, el que el gasto público se acoplase lo más posible a las necesidades de las gentes, a la vez que, por otro lado, se tenía que si la financiación de los mismos era local, también las gentes serían conscientes de que los bienes públicos no salían gratis, con los que moderarían su demanda de los mismos. Dicho de otra manera, la descentralización fomentaba la eficiencia del sector público haciendo que se ofertasen o proveyesen desde el mismo los bienes públicos que la gente necesitaba realmente y pensaba así mismo que valía la pena costear mediante impuestos. O sea, que la descentralización administrativa del estado era el camino para evitar los despilfarros que los economistas detectaban en la gestión de los recursos por parte de la administración pública.
Una argumentación preciosa e incontestable que, como es bien sabido, sustentó teóricamente la nueva estructuración administrativa de España como "estado autonómico o de las autonomías", y que, además, vino mejor que bien a una España con problemas de vertebración territorial tras el largo paréntesis de la dictadura del general Franco (ése al que sus partidarios aún llaman "generalísimo").
En efecto, las que desde entonces se conocieron como "nacionalidades históricas", o sea, el País Vasco,. Cataluña y Galicia, habían salido muy "reforzadas" tras la dictadura y la transición. Sus particulares "identidades nacionales" ponían en un brete la identidad nacional española. En tal situación, unos "estatutos de autonomía" que conllevasen la decentralización fiscal y el autogobierno sólo para esas nacionalidades históricas hubiesen significado unos privilegios diferenciales fácilmente trasmutables en unas exigencias de plena soberanía.
Por ello, fue una jugada maestra el conjurar ese riesgo con lo que en aquel tiempo recibió el nombre de política descentralizadora del "café para todos", o sea, la extensión de los "privilegios" de la descentralización fiscal y el autogobierno a todas las regiones de España. Gracias a ella, se diluyó la peligrosa "singularidad" de las nacionalidades históricas. Y España se convirtió en eso que tenemos una amalgama de 17 comunidades autónomas (más dos ciudades también autónomas) con niveles de autogobierno similares, salvo el plus de que todavía inexplicablemente (para la Unión Europea, por ejemplo) gozan el País Vasco y Navarra (los "conciertos") como pago por su rapidísima rendición en la guerra civil a Franco.
Ahora bieno, y esto es muy importante para lo que luego vendrá, no se olvide que la "autonomización" del estado en España fue mucho más que una mera o simple descentralización fiscal. El estado de las autonomías consagra una descentralización fiscal como base para una descentralización o, mejor, fragmentación política o gubernativa en la medida que no sólo transfiere competencias acerca de la recaudación de ingresos fiscales y de las formas concretas y particulares, sino que "descentraliza" o fragmenta el gobierno, que es mucho más que la descentralización fiscal. O sea, fragmenta y transfiere el poder del estado a la hora de definir sus ámbitos de actuación. Eso es el autogobierno de que se dice que "gozan" las comunidades autónomas.
La configuración del estado autonómico permitía, además, solventar un problema digamos que más "personal". En efecto, la lucha contra el franquismo había llevado a muchas gentes a comprometerse durante mucho tiempo y con mucha intensidad en actividades políticas de resistencia y lucha contra la dictadura. El problema de este compromiso de los luchadores por la democracia, como ha señalado Albert O.Hirschman (quien en mi opinión mereció el Premio Nobel de Economía mucho más que la inmensa mayoría de quienes lo han recibido) en su maravilloso pequeño pero recomendabilísimo libro Interés Privado y Acción Pública, es que cuando el atractivo del activismo político pierde fuelle por las razones que sea (o bien por simple "agotamiento" o aburrimiento , o bien por "victoria" como pasó en España tras la muerte -en la cama- de Franco), o sea, cuando los activistas ya no pueden vivir tan intensamente en, por y para la acción política porque ello ya no tiene sentido y buscan reorientar su vida hacia lo privado, se dan cuenta de que el tiempo dedicado a la política ha tenido un altísimo coste de oportunidad.
Y es que el tiempo que dedicaron al activismo político no lo pudieron dedicar a formarse o a construir una carrera profesional que merezca la pena de modo que cuando el tiempo de la política se ve sustituido por el tiempo de lo privado, cuando cambia el ciclo del interés de lo público hacia lo privado, deja a montones de ex-activistas "colgados" en cierto sentido. Antes, en el tiempo de la política, los magros ingresos de los activistas en sus "secundarias" vidas laborales se veían compensados por las "remuneraciones no pecuniarias" de sus vidas en la actividad política, o sea, por el valor o la utilidad que se sacaba de ella. Ahora, con la llegada de la democracia, había acabado con esa fuente de "ingresos no pecuniarios" para la mayor parte de los más comprometidos con la política, cuyas expectativas vitales y económicas se vieron por ello muy reducidas.
Pues bien, aquí el "estado de las autonomías" permitió -por decirlo así- recolocar a una grandísima parte de quienes se habían jugado el tipo en la lucha contra Franco. Rellenar los puestos y cargos de los 17 miniestados autonómicos permitió crear una nuevas áreas de actividad política, o mejor, unas nuevas "empresas políticas" que ofertaron el número suficiente de plazas/puestos de trabajo como para recolocar a un gran número de luchadores ahora en el "paro" político. Dicho de otra manera, el estado de las autonomías sirvió como colchón para la reconversión "política" que supuso la instauración de la democracia en España. Como otros tipos de "reconversiones" en el mudno económico hay gentes -neoliberales de derechas y/o franquistas- que están contra ella. No es mi caso. Si la democracia era valiosa y traerla costó tiempo, vidas y recursos a quienes lucharon por hacerlo, era de justicia redistributiva el que se les compensara por ello.
No veo, si no, otra explicación al delirante número de comunidades autónomas existente. ¡Diecisiete! De las cuales seis son uniprovinciales sin ninguna lógica ni económica, ni social ni política que lo explique o justifique. Concretamente la de Madrid, en donde vivo, es una comunidad autónoma pequeña geográficamente pero hiperpoblada, de modo que sus efectos de rebosamiento desbordan con mucho su pequeña extensión lo que niega cualquier eficiencia en su diseño. En su favor, bien mirado, sólo puede argüírse que su existencia es la razón tras su desconocido himno, nunca usado que yo sepa en ninguna actividad oficial, cuya letra obra del inigualable filósofo y poeta don Austín García Calvo es la mejor crítica que se puede hacer en pocas palabras al entero despropósito autonómico. Lo transcribo por si algún lector no lo conoce
|
2
|
3
|
Sencillamente, para mí, maravilloso. Un himno corrosivo ante tanta "chunda-chunda" de estúpidos himnos autonómicos (sobre todo, de la de los "guerreros", ya se sabe, de esos que enaltecen las "virtudes" sanguinarias por no decir asesinas de "los de la tierra").
Y, por supuesto, que este "pecado original" en el diseño del estado de las autonomías, se transmite también "intergeneracionalmente". Nada es más "divertido" y a la vez "deprimente" que constatar cómo aquellos partidos que se proclaman regeneracionistas (pienso en Ciudadanos y VOX en particular) que se desgañitan denunciando la "peculiar" estructura territorial del estado en España, tan decimonónica ella, sobre todo en estos tiempos de inmediatez gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación lo que permite el recurso a estructuras administrativas más flexibles y centralizadas (como las de las empresas privadas en donde se ve como multinacionales que mueven cifras de negocios se administran desde diminutos paraísos fiscales) y que llevan a gala proclamar que si llegan al poder acabarán con autonomías, consejerías, diputaciones y demás, cambian de modo radical cuando sucede que tienen ocasión de llevar sus programas a cabo. Descubren, entonces, que los puestos de trabajo de esas instituciones tan medievales ofrecen unas plazas para premiar a sus militantes y simpatizantes para compensarles por sus arduos esfuerzos en denunciarlas.
Pero la ineficiencia del estado de las autonomías no sólo se debe a su número y su definición espacial, sino que en él la utopía soñada del federalismo fiscal se ha trasmutado en una realidad penosa y costosa por la confluencia de dos mecanismos adicionales:
1) El primero es un proceso que me atrevería a decir "natural", en el sentido de que es un ejemplo de aplicación de ese viejo y clásico aforismo que sostiene que la "naturaleza aborrece al vacío", que cuando hay un espacio vacío, pronto se ve rellenado. Pues bien, en el caso del mundo político sucede algo muy semejante, de modo que cuando se crea un cargo en una autonomía, se crea un "vacío" que quien lo ocupa trata de rellenarlo inmediatamente de competencias. Quienes ocuparon los nuevos cargos creados por el estado de las autonomías se encontraron con muchos "vacíos" que había que rellenar. Y no valía una política zen o taoísta de "no hacer nada" ni tampoco una continuista del régimen anterior. El dinamismo de los luchadores contra Franco exigía de acción. No bastaba con gestionar las competencias transferidas desde el Estado, cada consejero autonómico tenía que ir más allá, tenía que verse y notarse que era alguien proactivo, como se dice ahora. Tenía que verse que hacía cosas.
Y como Freud ya había avisado , en ese tipo de entornos el "narcisismo de las pequeñas diferencias" florece. Y nada hay más claro que el estado de las autonomías ha expandido hasta el rango de enfermedad mental colectiva ese narcisismo. Ahora se ven imbéciles con sus respectivas banderitas autonómicas en cualquier "evento". Ya sea una boda, una carrera ciclista, una carrera "solidaria", un concierto de un músico anglosajón...aparecerán unos cretinos embanderados.
Y ello ha sido consecuencia de una política concreta elaborada conscientemente desde las administraciones autonómicas. Para cada político que ocupa un cargo, es obligado convertir cualquier pequeña diferencia en gran diferencia, que requerirá una política diferente, o sea, más competenciasy presupuestos a su cargo Políticas diferenciales requieren necesidades diferentes, y si no las hay hay que crearlas. Y así se han creado, por ejemplo, 17 sistemas de salud, de educación con el inevitable resultado de que los ciudadanos del mismo estado reciban niveles de asistencia sanitaria y de contenidos educativos distintos. Como si los cuerpos y almas de los catalanes estuviesen sometidos a estragos diferentes a los de los madrileños o canarios. O como los alumnos de la Comunidad de Madrid que desconocen los afluentes del Ebro pero se saben muy bien las peripecias de ese "aprendiz de río" -como lo definía Lope de Vega, que es el Manzanares. De igual manera, las ayudas que reciben por parte de sus administraciones territoriales varían, como lo hacen los tramos impositivos que pagan. También, los empleados públicos de diferentes comunidades ganan distintos sueldos por hacer el mismo trabajo, y las empresas han de hacer frente a distintas regulaciones.
En esa carrera competitiva en busca de "hechos diferenciales" que justifique las políticas diferenciales los vencedores, sin lugar a dudas, son los ciudadanos de Euskadi. Gracias a sus "conciertos", un modelo de contabilidad creativa que las empresas particulares harían bien en estudiar para aprender a defraudar fiscalmente de modo eficaz, realmente han conseguido un auténtico milagro económico: que el Estado les pague por ACEPTAR o RECIBIR sus servicios. En tanto que los ciudadanos de otras autonomías han de contribuir a los gatso generales del Estado, incluidos los de "solidaridad" interterritorial, los ciudadanos vascos no sólo no pagan nada por ellos, sino que se les paga. Un auténtico milagro, como digo. Que por cierto, es una de las razones del auge del independentismo catalán en la medida que en su desbordada expansión en los últimos años puede decirse que está la queja de los catalanes de maltrato fiscal en comparación con ellos. Y casi con seguridad, la "solución" del "conflicto catalán" que el PSOE guarda bajo la mesa es extender el modelo de Concierto Vasco a Cataluña. Una solución de muy corto plazo, pues es dudoso que las demás autonomías aceptasen ese trato diferencial por lo que si todas las autonomías reclamasen conciertos similares, el estado autonómico estallaría.
2) en segundo lugar esta la corrupción. Lo que no contaban al principio los teóricos del federalismo fiscal es con la corrupción. Estudiaban las ventajas e inconvenientes de ñla descentralización en un mundo de incorruptibles y/o perfectamente democrático (o sea, aquel en que los ciudadanos pueden controlar sin coste alguno el comportamiento de los políticos y administradores de la "cosa publica". Por eso, todas las dictaduras son corruptas, pues impiden ese control). Más adelante, los estudiosos de la descentralización fiscal de los administradores públicos han estudiado su relación con diversas variables, y entre ellas, la corrupción en un mundo en que los individuos son corrptibles y existen costes de control.
Operan aquí dos fuerzas antitéticas. Por un lado, la descentralización fiscal favorece el control local en la medida que quienes pagan los impuestos están más dispuestos y les es más fácil el controlar cómo se usan esos impuestos, por lo que habría una relación inversa entre descentralización y corrupción. Por otro, la corrupción es más posible conforme la relación entre el corruptor y el corrupto o corruptible administrador público es más cercana, próxima o cotidiana, por lo que la descentralización fiscal favorecería esa relación. Todo el mundo sabe que la corrupción en las administraciones locales es muy superior a las autonómicas y en estas más que en la central y ello sencillamente debido al hecho de que hay más "escalones" entre el decisor o administrador público y el corruptor. Para muchos, y con razón sobrada, ya son sinónimos concejal de urbanismo y concejal corrupto. Los estudios no son concluyentes, si bien hay alguno que apunta a que sí que existe o que la relación entre descentralización fiscal y corrupción es no lineal. Es mayor a niveles medios de descentralización que a niveles altos o bajos
Pero, como ya señalé antes, hay que distinguir entre descentralización fiscal y fragmentación gubernativa. En este caso, un estudio: "Government fragmentation versus fiscal decentralization and corruption" de
Rajeev K. Goel y Michael A. Nelson en Public Choice (Vol. 148, No. 3/4 (September 2011), pp. 471-490)
apunta a que la fragmentación acompañada de descentralización, o sea, la autonomización típica del estado de las autonomías en España, favorece la expansión de la corrupción. Es un estudio, pero al menos la historia reciente no puede sino certificar esta conclusión. Sobran más palabras estos días en que, una vez más, el PP ha vuelto a ser imputado.
Pero, hay que dejarlo. Hay que aceptar que el estado de las autonomías es inmodificable. Sencillamente la alternativa de una mayor recentralización es políticamente inviable no sólo porque no hay ninguna fuerza política que la apoye sino a tenor de la virulencia que ha alcanzado la enfermedad del narcisimo localista, o sea, del "nacionalismo identitario" entre la ciudadanía española. Ya es una plaga frente a la que no hay antídoto. Y conforme el estado del bienestar se desarrolle hasta sus últimos límites, conforme las autonomías aumenten su capacidad para controlar a "su" poder policial y legislativo (recordemos que eso era lo que quería Convergencia i Unió, el corrupto partido catalán del 3%, en aquel Estatut que el Congreso de los Diputados recortó allá por los orígenes del procés), las posibildades de que la benémerita UCO de la Guardia Civil y del Supremo se verán constreñidas en la persecución de la corrupción a escala autonómica y local.
Por eso, frente a esta situación, sólo cabe la otra alternativa: Europa. Transferir más y más competencias a Bruselas, o sea, apoyar que cada vez más sean los burócratas de la Unión Europea los que decidan. Es la única forma que se me ocurre para combatir la corrupción inevitable del estado autonómico. Ya hoy mismo se puede dar gracias a Bruselas por sus intervenciones frente a esta corrupción autonómica. Dos ejemplos de hace unos días. Uno es Madrid Central. Es seguro que sin la denuncia de Bruselas, la coalición del PP y C's seguiría con ese absurdo. El otro, más reciente aún, es la clausura de pozos ilegales en el acuífero de Doñana. Con la ayuda y el sostén de las administraciones locales corruptas de la zona (fundamentalmente del PP), los agricultores de allí llevan una década robando agua de Doñana incumpliendo sentencias judiciales incluso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin que ni el Estado ni la administración regional (que era del PSOE) se hayan atrevido a o hayan querido hacer nada, y poniendo en peligro la viabilidad de es parque nacional de importancia mundial. Por fin, gracias a la intervención de Bruselas, la semana pasada el estado se ha atrevido a intervenir. ¡Qué pena que Europa no pudiera intervenir antes en las décadas de los 80 y 90 para evitar que la corrupción local y autonómica haya acabado para siempre con las playas del mediterráneo en España!
ADENDA: Cada pocos días surge una nueva ocasión para alegrarse de que "Bruselas" intervenga en los asuntos "nacionales" trayendo un poco de orden y de sentido común. Hoy le toca al increíble sistema de prebendas injustificadas de que goza la Iglesia Católica y que hasta ahora nadie se ha atrevido a cuestionar. Al delirante asunto de las descaradas "apropiaciones por la cara" conocidas como "inmatriculaciones" autorizadas por el Gobierno de Aznar (¿quién si no? Aunque también hay que recordar que el increíble Zapatero y su "mano derecha", la muy beatísima doña María Teresa Fernández de la Vega no tuvieron a bien poner ningún reparo a semejante latrocinio de lo público) se suma el que la Iglesia Católica no paga impuestos, por la gracia de dios y el delirante Concordato que firmaron con Franco , todavía ¡vigente!) Pues bien, parece que el asunto de la amnistía fiscal de que goza en este país la Iglesia Católica va a entrar por fin en manos de Europa. Ya era hora.
FERNANDO ESTEVE MORA
