Llevo más de cuatro años escribiendo este blog y creo que he relatado docenas de ejemplos de la negligencia generalizada en los juzgados españoles. La intolerable incompetencia de algunos juzgados nos está conduciendo a los usuarios más frecuentes a la desesperación y a la melancolía. Los errores, uno detrás de otro, se han convertido en una constante con la que hay que contar.
Este blog tiene varios lectores que enseguida saltan en cuanto digo lo que pienso de algunos funcionarios. Por ejemplo Feinman es incansable intentando demostrar con estadísticas que la productividad de los funcionarios es muy superior a la del resto de los mortales, o sea que trabajan más y mejor. Muy lejos de eso, yo, que llevo veinte años trabajando con y dependiendo del trabajo de los funcionarios de Justicia, sostengo que el trabajo de muchos de ellos es bastante deplorable. Aunque no el de todos, pues todavía quedan héroes que resisten la marea de dejadez.
Pero lo que le acaba de suceder a uno de los lectores del blog es de lo peor que nos puede ocurrir en este negocio. Y lo pésimo es que no le ha ocurrido por novato ni nada parecido. Nos podría haber ocurrido a cualquiera. Es casi imposible preverlo a menos que se esté encima de todos los detalles.
Es más que frecuente que el registrador nos devuelva la documentación sin haberla inscrito por adolecer de "defectos subsanables". Es increíble la cantidad de errores que algunos empleados judiciales cometen con el dichoso corta y pega, pero los más frecuentes son la falta de datos del adjudicatario, la no especificación de las cargas a cancelar, la falta de mención de si ha habido o no sobrante y qué se ha hecho con el mismo o si el decreto es o no firme. Siempre los mismos errores, una y otra vez.
Pero lo que os voy a mostrar a continuación es la suma de todos esos errores más otro error, mucho más grave que los habituales y de consecuencias fatales. Alguna vez oí de algo parecido pero hasta ahora no me había topado con un ejemplo tan flagrante. Resulta que el acreedor ha inflado la Liquidación de Intereses y la secretaria del juzgado se la ha tragado (en vez de ceñirse exclusivamente a la responsabilidad hipotecaria) y le ha dado el dinero que debería haberse quedado a disposición de la hipoteca posterior, por lo que ahora el Registrador se niega a cancelar la misma.
Lo dicho, error grave el de la secretaria judicial. Y de difícil solución porque, a ver quien es ahora el guapo que le requiere a la parte actora para que devuelva el dinero que recibió de más, siendo todas las resoluciones firmes. En cualquier empresa privada en la que un ejecutivo con responsabilidad hubiera adolecido de semejante incompetencia le hubieran despedido de inmediato y con las peores referencias.
A continuación, el documento: