Desde que empezó el año no hay un solo día que no me cruce con algún subastero que no acabemos hablando de lo que más tememos, la llegada de Podemos al gobierno de España de la mano del PSOE. Algo que antes de las elecciones comentábamos como un futurible casi imposible, ahora lo tememos como a la próxima plaga inevitable.
¿Y qué hay de malo en que Podemos entre a formar parte del próximo gobierno y que Pablo Iglesias sea su próximo vicepresidente?
Aparte del drama que va a suponer para todos los españoles en términos de aumento del desempleo y de fin de cualquier esperanza de prosperidad para los próximos diez años, aparte de todo eso, para los subasteros significa el fin de los desahucios. Es decir, que en cuanto Podemos ponga en marcha la llamada "Ley 25 de emergencia social", cuya primera medida será, según el mismo Pablo Iglesias ha dicho en numerosas ocasiones, el fin de los desahucios, todas las subastas que en ese momento estén en tramitación y cuyo desalojo aún no se haya producido, quedarán paralizadas y ya será imposible desahuciar a nadie.
Me diréis que el gobierno del PP ya hizo algo parecido con su Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que en principio suspendió los dasahucios durante dos años, hasta mayo de 2015 y que el año pasado, por cierto año electoral, fue prorrogada por dos años más, hasta mayo de 2017.
Pero el caso es que aquella ley solo afectaba a los casos en que hubiera sido el propio banco acreedor quien se adjudicara la vivienda (95% de las adjudicaciones) y con lo que ahora nos amenaza Podemos es con algo parecido pero sea quien sea el adjudicatario, es decir, aunque seamos el resto de los postores (5% de las adjudicaciones).
Es decir, que si compras en subasta, serás el propietario, pero no podrás tomar posesión de lo comprado.
Respecto a los arrendamientos (porque estos bolcheviques no distinguen entre unos desahucios y otros) impedir los desahucios de las viviendas alquiladas cuya mensualidad no se está cobrando multiplicaría la inseguridad para los arrendadores, ya que nada obligaría a los inquilinos a pagar, al no existir posibilidad de desahucio.
Los impagos de alquiler se multiplicarían.
Y el grueso del coste de la eliminación de los desahucios recaería sobre los propietarios de vivienda.
Con lo que ha costado convencer a los propietarios de viviendas vacías para que las pongan en alquiler, algo que poco a poco se está consiguiendo, que calamidad será que ahora venga la familia Picapiedra con su ideología del siglo XIX para echarlo todo a perder.
A mayor seguridad jurídica para el arrendador, mayor oferta de inmuebles y menor rentabilidad esperada de los mismos, por lo que los ciudadanos tienen a su disposición mejores inmuebles disponibles y más baratos. Y viceversa, a mayor probabilidad de sufrir pérdidas, mayor será la rentabilidad exigida, y menor el stock disponible en el mercado.
Es decir, que eliminar los desahucios, en vez de facilitar el acceso a la vivienda, lo que hace es dificultarlo. Si se prohíben la vivienda será más cara y habrá menos oferta.
Además, recordemos que en España dos de cada tres desahucios son por impago de alquiler, no de hipotecas y recordemos también que la inmensa mayoría de lo arrendadores no son fondos buitre ni banqueros codiciosos sino simples ciudadanos que han convertido sus ahorrillos en pequeñas propiedades inmobiliarias.
Y respecto a los desahucios por ejecución hipotecaria, acabar con los desahucios puede dar un golpe definitivo a los acreedores, porque anular las cláusulas con que se firmaron los contratos de forma retroactiva atenta contra la seguridad jurídica y porque conllevaría una inmediata subida de los intereses que cobran a las nuevas hipotecas, lo que perjudicaría a los que quieran comprar una casa en el futuro.
O sea que volvemos a lo de siempre, los más, jodidos por los menos.
Los gorrones sociales de siempre jodiendo a la inmensa mayoría ahorradora y trabajadora que somos el resto de los ciudadanos, que, además, pagamos nuestros impuestos.
¿Quién es la casta en este caso?
Y tampoco olvidemos el "riesgo moral" que supone que reciba el mismo trato tanto el que paga su hipoteca como el moroso que no lo hace. No solo deja de haber un incentivo para pagar la hipoteca sino que el incentivo comienza a ser para no pagarla, lo cual puede disparar la morosidad hipotecaria y la consiguiente necesidad de dotar provisiones, ahora que la tasa de mora general por fin está bajando.
Total, qué más da que haya que volver a rescatar a la banca si el dinero va a volver a salir de los paganinis de siempre, los tristes ciudadanos o algunos de ellos. No olvidemos que los de la verdadera casta, los yonkis del gasto social no pagan impuestos.
Tristán, eres un desalmado y un cabrón, cómo puedes decir estas cosas...
No es cierto, no soy un desalmado al que no le duele ver a una familia dejar su hogar, sino alguien que se da cuenta de que, al igual que no sirve de nada prohibir la pobreza, el hambre o la necesidad, tampoco solucionaremos nada legislando para evitar un fenómeno que no nos gusta a nadie pero que está ahí y cuyo drama seguirá produciéndose siempre que alguien deje de pagar sus deudas.
Que guay sería que no hicieran falta las cárceles porque no hubiera delitos. Pero sería una estupidez derribar las cárceles porque es completamente ilusorio que deje de haber delitos y delincuentes.
Pues de la misma manera es imposible que deje de haber impagos. Mientras haya préstamos o intercambios comerciales, habrá impagos y será necesaria una legislación civil que regule la vía por la que los acreedores puedan cobrar sus deudas.
O, como dijo mfmelo ayer mismo, las deudas impagadas deben terminar en venta judicial forzosa o los ciudadanos acabaríamos solucionando esos problemas a escopetazos.
U otra forma con la que estos cafres podrían evitar los desahucios sería prohibir todo intercambio comercial.
Pero será mejor no darles ideas, porque esto último seguro que también les encantaría.
El fenómeno del desahucio es inevitable. La morosidad en el alquiler o en las hipotecas siempre ha existido y existirá. No se puede eliminar por decreto. Pero el problema no es la existencia de desahucios, sino los dramas humanos que hay tras ellos. Eso es lo que hay que solucionar. El impago seguirá existiendo, se prohíba o no. La cuestión es qué hacer cuando eso ocurre y qué consecuencias tienen esas medidas.
Estamos ante un problema económico y social, no inmobiliario, por lo que no tiene sentido cargarse el mercado inmobiliario e imputar todo el coste a quien ni pincha ni corta en todo esto.
Que sí, que quien tenemos cierto patrimonio somos más ricos que quienes no lo tienen, pero eso no significa que el coste de alojar a toda esta 
gente que no paga su alquiler o su hipoteca tenga que recaer en nosotros. Para eso está el Estado.
Ante el drama de los desahucios hay que buscar soluciones eficientes y, sobre todo, realistas.
Para empezar yo voy a proponer la mía, que los gobiernos de España se preocupen más por las políticas que crean empleos que por las de beneficencia. Menos subsidios y más política económica liberal.
¿Alguna otra idea?
