Los usuarios habituales de la Justicia española sabemos de sobra que a menos la Ley esté redactada en términos claros y diáfanos, el juez y el Letrado para la Administración de Justicia, en su caso, siempre encontrarán resquicios para poder favorecer al villano, al moroso, al abusador.
Es decir, que como decía hace unos días en Subastanomics, en todos los pleitos hay una parte que está tratando de abusar del respeto por la Ley de la otra parte.
Por ejemplo, cuando un moroso le dice a su acreedor que o se conforma con cobrar la mitad de lo adeudado o va a estirar el pleito lo más posible, está abusando de la ley y aprovechándose de la incompetencia judicial española.
Cuando un inquilino moroso le dice a su arrendador que o le perdona los quince meses que lleva sin pagar o le deja la vivienda hecha un erial, está abusando del desastre judicial español.
Y lo peor es que los usuarios habituales, como mencioné al principio, sabemos que si el juez o el secretario judicial tienen la mínima oportunidad de favorecer al malo de la peli, sin duda que lo van a hacer.
¿Por qué es esto así?
Lo ignoro.
Pero lo cierto es que, o la Ley es taxativa en determinado punto o, ante la duda, el juez y el secretario siempre favorecerán al malo.
Y en muchas ocasiones incluso aunque la Ley sea terminante, el fallo seguirá igualmente favoreciendo a los villanos y no nos quedará a los justos más remedio que esperar a que una instancia superior corrija las memeces de primera instancia.
Con muy honrosas excepciones.
Que también las hay.
En este sentido, no hay espectáculo más siniestro que cuando el secretario judicial pone desde el principio su recto a disposición de la glotonería del villano, porque éste, naturalmente, sin los naturales límites que la Ley impone, suele dejarse llevar por su mala naturaleza y da rienda suelta a su bellaquería sin más límite que sus bajos instintos.
Para llevar a cabo la labor del Letrado para la Administración de Justicia es imprescindible que el timonel tenga carácter y no se deje manipular por las marrullerías de los malos de siempre.
Dicho esto como simple preámbulo y sin que tenga nada que ver con lo que mencionaré a continuación.
Durante el pasado fin de semana finalizó la subasta SUB-JV-2016-11130 para la disolución de un proindiviso en la que en principio me interesé hasta que vi en qué juzgado se había tramitado el expediente.
Porque conozco al juzgado y se de sobra cómo se las gasta en las disoluciones de proindiviso.
Resulta que por mi labor profesional he tenido conocimiento de que hay un subastero enganchado en una serie de sandeces sin sentido que se están produciendo en ese juzgado.
En este caso el villano es uno de los copropietarios. El típico hermano gorrón que lleva toda la vida viviendo por la cara en la vivienda heredada de sus padres sin darle ni un euro a sus hermanos y sin aceptar ni comprarles a éstos su parte ni venderles la propia.
Además, el tipejo ha salido marrullero, lo que ya quedó meridianamente claro durante el procedimiento judicial.
Por ejemplo, un detalle muy significativo. A unos días de la subasta este señor prescindió de su representación procesal. Pronto sabremos por qué.
El precio de adjudicación fue del 26% respecto al tipo de subasta.
Es decir, que la adjudicación no quedó firme.
Ya he comentado varias veces que el problema de las disoluciones de proindiviso, al menos hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, es que la inmensa mayoría de los secretarios judiciales se lían al aplicar a estas subastas condiciones que en realidad están pensadas para el procedimiento de apremio.
Y estos líos se presentan en su mayor amplitud cuando el precio de adjudicación no alcanza el 70% del tipo de subasta, como así sucedió en este caso.
Al notificarle al hermano demandado el resultado de la subasta dándole diez días para presentar a un mejor postor se vio la marrullería que había preparado, que consistió en:
- Al no tener representación procesal se le tardó dos meses en notificar. Precisamente renunció a la misma con esa intención, lo que era obvio.
- Y ahora lo alucinante: cuando habían transcurrido seis o siete días desde la notificación positiva el tipo pidió justicia gratuita para personarse en el procedimiento.
¡¡una persona que había tenido su propio abogado y procurador hasta antes de ayer!!
Y lo peor de todo, que el secretario permitió que eso paralizara el plazo que le quedaba para presentar al mejor postor.
¿Qué coño tiene que ver una cosa con la otra?
Una cosa es que todas las partes de un procedimiento tengan derecho a disponer de representación procesal para defender sus intereses y otra cosa muy distinta es que eso paralice el plazo de un ejecutado para presentar a un postor que mejore la postura del adjudicatario provisional.
Aquí me someteré a opiniones mejor informadas pero he de manifestar que nunca vi algo así.
Sí que he visto algunos intentos en ese sentido, pero siempre fueron frustrados por el manotazo firme de los secretarios que, ante el intento del bellaco de meterles la polla en la boca (ojo, solo en sentido metafórico), le han apartado sin miramientos en vez de plegarse a sus lúbricos deseos.
Sobre todo porque si aceptas algo así ya el resto del camino es cuesta abajo.
Ya no hay redención posible.
El caso es que este secretario sí lo aceptó y, cuando un mes después se le rechazó la solicitud de justicia gratuita, el tipejo no tuvo problemas en personarse con su abogado de pago. El mismo que había tenido desde el principio.
¿No estáis alucinando?
Aquí solicito opiniones mejor informadas que la mía: ¿Acaso necesita el ejecutado defensa procesal para presentar a un mejor postor?
Obviamente, de no ser así su personación no tuvo por qué interrumpir el plazo de diez días.
Y lo siguiente que hizo fue mejorar la puja del adjudicatario provisional en 100 euros.
Lo cual también fue aceptado dócilmente por el secretario.
El cual, tan dócil como se mostraba con el malo de esta película se mostró implacable con el adjudicatario, no permitiéndole personarse en el procedimiento en defensa de su adjudicación.
Así que no le dejó otro camino que retorcerle el brazo y recurrir a la benevolencia del juez quien, por esta vez y sin que sirviera de precedente (se conoce que sí sabía algo de Derecho), admitió que el adjudicatario provisional se personara y defendiera sus intereses. Algo que éste hizo recordando al tribunal que el ejecutado no es quien para mejorar la postura sino que lo que debió haber hecho durante el plazo del que disponía era haber presentado a un mejor postor, con nombre y apellidos y, además, ofrecer una cantidad equivalente al menos al 70% del tipo de subasta.
¿Y entonces qué hizo el lumbrera del secretario?
¿Le dijo al ejecutado que eso era así y que lamentándolo mucho no podría aceptar la mejora de postura?
Noooooooo, eso habría sido ponerse de parte de los justos y como he afirmado al principio de este post eso sería algo realmente insólito.
En lugar de cortar por lo sano y que la historia se acabara ahí, lo que decidió el secretario fue preguntarle al ejecutado si esa oferta de mejorar cien euros la había realizado en su propio nombre o si, como ordenaba la Ley, la había hecho en nombre de una tercera persona.
A lo que el bellaco respondió:
¡Cállate puta plebeya,
Te meteré toda ella
Y los cojones detrás!
O dicho de otra forma, que no, que naturalmente que la oferta de mejorar en cien euros la mejor puja no era en nombre propio sino que había sido en nombre de una tercera persona que hasta entonces no había mencionado pero que tenía pensado hacerlo.
A lo que el secretario le pidió que tuviera la amabilidad de manifestar el nombre y los apellidos del mejor postor o que, aún mejor, que éste acudiera al juzgado y aportara sus datos.
O algo así.
Y todo esto transcurriendo las semanas y los meses entre un escrito y su respuesta.
Así que los meses siguen transcurriendo y el adjudicatario provisional venga a presentar escritos desesperados manifestando que el plazo de diez días ya se le pasó al ejecutado y que cualquier cosa que manifieste ahora es extemporánea y que el secretario no puede andar alargando los plazos y aleccionándole y blablablá.
Y además lo de que cualquier cifra que se ofreciera debería superar el 70% del tipo de subasta.
Y el caso es que ya ha transcurrido un año sin que haya decreto de adjudicación.
Y sin que el secretario se atreva a decir ni pío.
Porque sabe que ya ha metido la pata hasta el corvejón y que cualquier cosa que diga ahora va a ser implacablemente recurrida.
Y ese es el motivo de que yo ni me haya planteado participar en esta subasta que iba a ser gestionada por el mismo personaje.
Vamos, que ni de coña.
Por cierto, que el tipo de la subasta que ha finalizado el pasado fin de semana era de doscientos noventa mil euros y el 70% del tipo de doscientos tres mil.
La puja más alta se ha quedado en ciento ochenta y cinco mil euros.
O sea, que la adjudicación no es firme. 
Y vuelta a empezar.
En mi círculo íntimo me decían que al menos avisara desde el blog acerca de los peligros objetivos de la subasta, para evitar que a otro le ocurriera lo mismo, pero...
En fin, que he preferido que el darwinismo hiciera una pequeña limpieza de postores.
¿He hecho mal?
