Según he podido leer, el gravamen se situaría entre el 0,3% y el 0,6%, porcentajes nada desdeñables teniendo en cuenta que las rentabilidades que ofrecen los depósitos son en el mejor de los casos superiores al 4,50%.
Este impuesto se aplicaría sobre el saldo final de los depósitos que los clientes mantienen en las entidades financieras.
Además se contempla también una fuerte penalización por "deslocalización de depósitos", esto es, contabilizar en sucursales fuera de Cataluña los depósitos de entidades que estén situadas dentro de esta Comunidad Autónoma. La sanción sería a partir del 50% sobre la cuota dejada de ingresar.
El Gobierno ya había anunciado que establecería un tipo sobre los depósitos, que en principio sería del 0%, para evitar que las Comunidades Autónomas aplicaran el suyo propio, puesto que no está permitido gravar a dos administraciones el mismo hecho imponible. Por ello el Gobierno ha decidido recurrir, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría:
un gobierno en funciones, no puede adoptar medidas más allá de la gestión corriente y no puede crear nuevos impuesto vía decreto ley.
Un saludo.