Castilla-La Mancha paga 160.000 euros al año por despacho, chófer y dos secretarias para José Bono
La oficina, que cuenta con los servicios de un chófer y dos secretarias, forma parte del 'retiro dorado' que estipuló el ex presidente de Castilla-La Mancha para los próximos 20 años y, que en caso de cumplirse, supondrá un coste de tres millones de euros.
Nacional | 13:56
Castilla-La Mancha destinó en 2012 más de 160.000 euros para mantener la oficina de representación de su ex presidente José Bono, según publica este martes el diario ‘ABC’. Está estipulado por ley que dicha oficina en Toledo -que incluye los servicios de un chófer y dos empleados- permanezca abierta hasta mayo de 2024, los mismos 20 años que duró su mandato.
En virtud de esta norma, la Comunidad de Castilla-La Mancha debe sufragar los costes de dos secretarias y un conductor, cuyas retribuciones deben ser “las mismas que las que perciban el secretario y el conductor de la Junta de Comunidades”. Esas partidas supusieron el año pasado 110.949,72 y 48.792,58 euros respectivamente, incluyendo la Seguridad Social.
A esa cantidad, hay que añadir los costes de la gasolina del automóvil de representación -517,81 euros- y el contrato de una empresa de seguridad electrónica -630 euros anuales-.
En caso de cumplirse la ley, el coste total de este despacho ascendería a los tres millones de euros para las arcas castellano-manchegas, una decisión adoptada en época de vacas gordas y que se antoja ahora excesiva.
Como recuerda la publicación, José Bono no es más que un ejemplo de los numerosos dirigentes regionales que se aseguraron un “retiro dorado” en compensación a los años en el cargo. Lo mismo hicieron antes Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura, Jordi Pujol en Cataluña o Juan José Ibarretxe en el País Vasco.
A pesar de que en 2003 el Partido Popular apoyó la ‘Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha’, a medida que ha avanzado la crisis económica, se han posicionado en contra. Así, han solicitado en varias ocasiones la modificación del artículo 25 -el que se ocupa de los Presupuestos- y que regula los mencionados privilegios para los expresidentes.
El PSOE se ha opuesto siempre.