Herencia: Dudas sobre el contador-partidor. - Nivel de exigible al contador-partidor

Tengo una herencia por el reciente fallecimiento de mi padre en la que él hizo testamento y nombró  "contadora-partidora" a una notaria amiga suya. 

Somos 4 hermanos provenientes de dos matrimonios distintos. Yo y mi hermano del primer matrimonio, y dos hermanas del segundo. 

A mi hermano y a mi nos ha dejado exclusivamente la legítima y ha dejado testado que se nos pague en efectivo. Es decir, lo ha dejado organizado de forma que nuestra parte depende totalmente de la correcta valoración de los bienes (inmuebles, efectivo, etc).  Se da la circunstancia de que tiene diversos inmuebles, algunos a su nombre y otros a nombre de una sociedad patrimonial. 

La Notaria Contadora-partidora ha pedido una tasación oficial de los inmuebles a su nombre, la cual aceptamos, pero para la valoración de la empresa se ha negado a hacer una auditoría independiente y tampoco ha pedido tasaciones de los inmuebles existentes.  Ha hecho una valoración con la que mi hermano y yo no podemos estar conformes ya que carece de  total ecuanimidad y rigor. (Ha tomado simplemente el balance de situación de la empresa en el que los inmuebles no están valorados a valor de mercado actual). Esto supone un agravio tremendo pues en esa empresa donde está el grueso de los bienes.


Mis preguntas son:

1) ¿Qué grado de exigencia y rigor se le puede exigir a un contador partidor en su labor como tal? ¿Es exigible que, dado que no es un profesional capacitado en valoraciones, deba encomendarlo a tasadores o auditores profesionales?  
2) ¿Es impugnable lo que ha hecho y qué posibilidad de éxito tenemos en una reclamación judicial? ¿Existe algún procedimiento alternativo previo a la vía judicial ordinaria?

Gracias.

Creo que una notaria es una profesional más que cualificada en las implicaciones formales y legales de una correcta valoración.
Tal y como expones, para valorar los inmuebles no ha usado su "ojo de buen cubero", sino que ha pedido una tasación oficial, que es lo que procede hacer.

Sobre la discordancia en lo de la empresa, la norma legal lo que dice es que si es una emrpesa "productiva", el valor oficial que hay que darle a las acciones o participaciones es el mayor de:
.- valor nominal de las acciones o participaciones
.- valor teórico contable del último balance aprovado
.- valor resultante de capitalizar al 20 % el promedio de beneficios de los últimos 3 años

Y no hay más. Eso es lo que dice la norma legal.

Si la empresa realmente no es una empresa, sino una mera sociedad patrimonial (mera tenencia de bienes, activo de la sociedad compuesto por más de un 50 % de bienes y derechos no afectos), entonces aunque exista esa persona jurídica interpuesta, lo que procede es realizar el mismo procedimiento que ya realizó respecto de los inmuebles en propiedad directa, una tasación oficial del valor de los inmuebles, y no del valor de las acciones o participaciones.

Creo que la discordancia radica en el caracter mercantil o patrimonial de la sociedad. Y la resolución de eso -administracion fraudulenta aparte- se resuelve según lo que diga el balance. Del propio balance se deduce su cualificación jurídica, y en caso de mercantilidad, la valoración legal de las acciones o participaciones.

¿Lo que no entiendo es por qué la notaria  ha buscado apoyo en una tasación oficial de los inmuebles y no lo hace para la valoración de la empresa?. 

Obviamente no es una pregunta dirigida a ti, pero me sorprende mucho que para una tarea más compleja (al menos para mí) no haya buscado una valoración por un técnico competente.

Un saludo.

No sugiero que la notaria tenga que hacer la valoración de los bienes con el rigor de un especialista, lo que me  sorprende es que recurrra a ellos en un caso (inmuebles) y, sin embargo, lo obvie para la sociedad patrimonial.

La notaria era amiga del testador y presumo, reitero que es una mera presunción, que lo otorgó ante ella. No existe incompatibilidad en ello, pero la mejor doctrina mantiene que el artículo 139 Reglamento notarial in fine es una norma susceptible de crítica.

Es evidente que el testamento puede impugnarse, como también es impugnable la función del contador-partidor.

El proindiviso no se vislumbra  porque se ha ordenado el pago de la legítima en metálico. De todas formas, recurrir a empresas compradoras de proindivisos no lo recomiendo.

Un saludo.

Existe la posibilidad de rescisión de la partición si hay perjuicio en más de 1/4.

Por lo demás, coincido con Buenavista: no es lógico que se obvie la valoración de la patrimonial por algún profesional independiente, máxime si hay indicios de plusvalías latentes.

Bueno, lo primero es tener claro si se trata de una patrimonial, o una mercantil de verdad, pero con abundante patrimonio.
Si desarrolla actividad económica, y si el activo no afecto es un 40 %, por ejemplo, eso puede ser una pasta en plusvalías latentes, pero eso no es una patrimonial.
Lo primero es eso.
Luego hay lo que Gds2020 insinúa, que los balances pueden estar mal formulados. Aquí más que una impugnación al contador-partidor, más bien habría que plantearse una acción de responsabilidad al administrador (presumiblemente el fallecido).

La partición es perfectamente impugnable, y por lo que dices, puede merecer la pena. El partidor como principio, debe mandar a valorar a expertos o peritos todos los bienes. Puede valorar por si mismo los bienes que crea que pueden ser "fáciles de valorar", es decir, que se puedan hacer con la aplicación simple de una norma, o que no tengan importancia, pero en este caso, está claro que si la tienen y no son de valoración inmediata, o al menos eso pensáis vosotros. Entiendo que cualquier juez medianamente normal, si hay indicios de que la valoración es incorrecta, ordenará la valoración por un experto, aunque nunca se sabe.

Los herederos que se crean perjudicados por la interpretación de las cláusulas testamentarias,o por la valoración del caudal relicto, o por cualquier otra circunstancia pueden atacar la partición y solicitar su rescisión por lesión. Sentencia del TS 12-12-27.. Por lo tanto se puede solicitar en vía judicial la rescisión, y la Administración de Justicia resolverá, habrá que valorar el coste económico de la reclamación y la probabilidad de éxito, y las costas judiciales en el caso de pérdida del litigio.