https://www.expansion.com/empresas/industria/2024/07/11/668eecaa468aebd1488b457d.htmlLa eventual toma de control del fabricante de hemoderivados por el fondo canadiense Brookfield y la familia Grifols debe someterse al escrutinio del Gobierno y tener su permiso.Una eventual oferta de adquisición (opa) sobre Grifols, como la que prepara el fondo canadiense Brookfield en alianza con la familia fundadora del grupo, deberá obtener autorización del Gobierno.Así lo aseguran fuentes gubernamentales al más alto nivel. El Gobierno se reserva el poder de veto sobre una operación de esas características. Si la aprueba, podría imponer condiciones más o menos exigentes, como la no exclusión de Bolsa, el mantenimiento de la sede del grupo en España, la continuidad de inversiones o el control de los dividendos.Sería el primer gran movimiento corporativo en España en el que el Gobierno aplicase la normativa para proteger activos estratégicos dentro del sector sanitario. Hasta ahora, todo el foco estaba puesto en grupos energéticos, como Naturgy, por la opa de IFM; de telecomunicaciones, como Telefónica, por la entrada de STC; o de infraestructuras, como Talgo, por la opa de Magyar Vagon.De las 129 solicitudes de autorización de inversión extranjera recibidas por el Gobierno el pasado año, solo el 5% fueron del sector sanitario (25% en comunicaciones y 15% en energía).Grifols es un grupo clave del sector farmacéutico. Es la tercera mayor empresa del mundo y la primera de Europa en hemoderivados, un componente esencial para las transfusiones.La empresa está bajo el paraguas de la protección estatal de activos estratégicos por varias razones. Por ejemplo, desarrolla actividades sin fácil sustitución.Insumos fundamentalesEs además un grupo esencial en "el suministro de insumos fundamentales", algo que da total flexibilidad al Gobierno para vetar la operación o imponer condiciones. La mal llamada ley antiopas es en realidad un conjunto de normas que el Gobierno empezó a establecer en pleno Covid, para blindar a determinadas empresas españolas -entonces debilitadas por la crisis- ante depredadores foráneos.10% o toma de controlEse conjunto normativo empezó poniendo controles a las inversiones de grupos de fuera de la UE en España. Entre ellos, se obligó a pedir permiso a todos aquellos inversores que quisieran hacerse con más del 10% de un grupo cotizado. Después, la normativa fue ampliando su radio de acción geográfico y sectorial, así como sus requisitos. El escrutinio se hace a través de la Junta de Inversiones Exteriores, adscrita a Comercio, antes en la órbita del Ministerio de Industria y ahora bajo el de Economía.Exclusión bursátilBrookfield negocia una opa con los Grifols para hacerse con la mayoría del capital de la compañía y promover, en última instancia, la exclusión de Bolsa. La exclusión del parqué nacional es algo que, a priori, no gusta al Gobierno. En 2021, para aprobar la entrada de IFM en Naturgy, el Gobierno obligó a mantener la compañía en Bolsa al menos tres años.A pesar de ser relevante, el Gobierno podría aceptar que Grifols dejara de cotizar a cambio de que asumiera otras condiciones. Es lo que pasó con la opa de Antin sobre Opdenergy. El objetivo final de ese fondo con su opa de 900 millones a Opdenergy era excluir a esta empresa de renovables del parqué español, algo que finalmente completó este año. Pero antes de que el Gobierno le impusiera condiciones, Antin renunció voluntariamente a iniciar arbitrajes internacionales contra España por desacuerdos en el recorte de subvenciones a las renovables.Sede, un punto espinosoOtro tema sensible es la sede de Grifols, un asunto que siempre ha sido muy espinoso en esta empresa. Grifols, con sede en Barcelona, fue la única empresa del Ibex que entre 2017 y 2018, en plena tormenta política del independentismo catalán, no trasladó su sede fuera de Cataluña, lo que le valió el apelativo de "abanderada del procés". Aunque sigue en Barcelona, algunos negocios los tiene en Irlanda.
