A pesar de que el gobierno ha violado los más elementales principios de la seguridad jurídica que deben regir en toda inversión en un país que se supone que es civilizado.
A pesar de que el sector renovable se encuentra muerto en España y la frase ahorro energético ha desaparecido de las politicas energéticas nacionales.
A pesar de que el ministro Soria dijo que la contrarreforma energética iba a conseguir por fin disminuir el déficit de tarifa.
A pesar de que el ministro Soria dijo incluso, justo tras cargarse el régimen especial, que el déficit de tarifa se eliminaría, con o sin consenso.
A pesar de que el ministro Soria poco después reconoció que no sabía como reducir el déficit de tarifa, aunque al mismo tiempo dijo que se iba a reducir y también el precio de la electricidad.
A pesar de que su colega Cristóbal Montoro le avisó de que sacar la deuda del sistema eléctrico y meterla debajo de la alfombra de los PGE no era la solución.
A pesar de que el Reino de España ha pasado de establecer alianzas estratégicas punteras con muchos países, especialmente los que cuentan un mayor recurso solar, a través de sus mejores empresas en renovables a ser demandado pocos años después.
A pesar de que se han esforzado desde el Gobierno en desincentivar el autoconsumo de energía a través del invento de un impuesto abusivo y manifiestamente retrógrado, y de que países mucho más capitalistas y liberales permiten el balance neto mientras que aquí es ilegal.
A pesar de que el precio de la electricidad se ha casi doblado en los últimos siete años.
A pesar de todo ello, el déficit de tarifa eléctrica correspondiente a 2013 fue de más de 4.000 millones de euros, mientras que durante los tres primeros meses de 2014 ya vamos por más de 2.098 millones (700 millones al mes).
Como era previsible, a pesar de haberse cargado al sector más prometedor de toda la economía española y haber arruinado a más de 60.000 familias, no ha disminuido el problema del déficit de tarifa lo más mínimo. Ahora que sabemos que las renovables no se comen a los niños crudos, ¿qué harán los responsables políticos de este desaguisado?
No sé que harán, probablemente ocupar un sillón en el Consejo de Administración de alguna utility española en un futuro. Pero mientras, podemos expresar nuestro cabreo.
Hacía tiempo que no escribía un post reivindicativo.
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El día 21 de junio es una fecha señalada para todos los que sabemos que las renovables no sólo no son el coco, sino que son parte de la solución. Es el solsticio de verano, el día con más luz solar del año.
El próximo sábado 21 a las 12.30 nos uniremos a los productores españoles de energía solar fotovoltaica que se manifiestan en Madrid para reclamarle al Gobierno del Partido Popular que no impida al Estado español cumplir con los compromisos que adquirió con 62.000 familias españolas, a las que animó a través de un Real Decreto y por medio de una campaña publicitaria, "El sol puede ser tuyo", a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.
Si quieres un futuro para las energías renovables, acompáñanos el día 21. Reclamaremos seguridad jurídica, renovables y honestidad. Los organizadores están coordinando autobuses para poder venir a Madrid desde otras provincias a un precio de 10 €. Para ello es preciso inscribirse a través de Anpier:
Más información: página Web de Anpier
Los productores españoles de energía solar fotovoltaica, agrupados en Anpier, se manifestarán en Madrid el próximo día 21 de junio frente al Ministerio de Industria, Turismo y Energía, para reclamarle al Gobierno del Partido Popular que no impida al Estado español cumplir con los compromisos que adquirió con 55.000 familias españolas, a las que animó a través de un Real Decreto y por medio de una campaña publicitaria, “El sol puede ser tuyo”, a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.
El Estado español recomendó a sus ciudadanos que, en un escenario especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), optarán por destinaran sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables, con lo cual se podrían alcanzar los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental. Una inversión que se promocionó por el Estado como rentable, muy segura y socialmente comprometida, por lo que el propio Ministerio no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones.
A los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, se inició un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades pactadas entre el Estado, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores, que siguiendo las sugerencias financieras del Ministerio, se endeudaron. La sucesión de recortes retroactivos en los últimos 4 años ha sido la siguiente:
1. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RD 1565/2010, que reduce drásticamente los años con derecho prima de manera retroactiva.
2. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible, que reduce las horas primadas de manera retroactiva, la mayoría de las plantas alcanzan este límite en el mes de agosto.
3. Imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía establecido por la Ley 15/2012, y que este colectivo no puede repercutir como el resto de sujetos pasivos de esta nueva carga impositiva.
4. No actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General (RDL 2/2013).
5. Nuevo marco legal del RD 9/2013 que establece una supuesta pero falaz remuneración razonable, que en la práctica supondrá la quiebra de la mayoría de las instalaciones.
6. Imposición de soportar Déficit de tarifa a las familias del sector en igualdad con los 3 grandes operadores nacionales (Ley 24/2013), en la primera liquidación correspondiente a enero los productores han percibido, en marzo, el 25,5% de la cantidad que les correspondía.
7. A estos recortes hay que añadiré los elevados costes financieros que han supuesto las sucesivas refinanciaciones con la banca, que ha ido elevando los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos regulatorios.
Una actividad normativa que fue acompañada de una intensa labor propagandística para legitimar ante la sociedad el atropello de los derechos de 55.000 familias y la construcción de un nuevo marco energético que sólo beneficia a unas pocas empresas, países y personas. En este escenario, se hace evidente el doble juego del Partido Popular: con un discurso claro en contra de las medidas retroactivas y en defensa de este colectivo cuando estuvo en la oposición, lo que le supuso decenas de miles de votos de este colectivo, que contrasta con las imposiciones normativas, que sin consenso territorial ni político, desmantelan al sector sin ningún miramiento con las familias productoras.
De manera intolerable, muchos son los ministros y altos cargos del actual Gobierno que han mutado radicalmente su discurso a este respecto, incluso el propio Mariano Rajoy, en sede parlamentaria estando en la oposición, reprochaba al Gobierno Zapatero: “Lo que usted se propone -sería bueno que aclarara esto- es echar todo por tierra con ese proyecto de decreto de tarifas de energías renovables que limita los apoyos, crea inseguridad jurídica en las inversiones a largo plazo y amenaza con efectos retroactivos a las inversiones ya realizadas.
A juicio del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “El acoso que sufren las familias fotovoltaicas, solo se comprende si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear: peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas; y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas como una competencia que les priva de sus ingresos; y todo a pesar de que la fotovoltaica democratiza el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas, son evidentes para todo aquél que no se conforme con el sesgado discurso oficial”.
Anpier ha iniciado en Barcelona, la primera de las 26 Jornadas asamblearias informativas, que están previstas en toda España, para trasladar a las familias productoras la situación en la que van a quedar con el nuevo marco normativo retroactivo y las acciones de defensa social, política y jurídica que se articularán desde Anpier. Estas asambleas prevén también catalizar la gran manifestación del sector fotovoltaico español prevista para el día 21 de junio en Madrid, en la que se pretende implicar a sectores y colectivos sociales afines.
Para Martínez-Aroca “Una vez agotada la capacidad financiera de aquellos que, animados por el propio Estado, invertimos ahorros e ilusiones en la generación y producción de energía solar fotovoltaica, debemos luchar por preservar junto con nuestras instalaciones, nuestra propia dignidad como ciudadanos y como personas”.
