Una de las recetas que se nos vende últimamente como receta a la salida de esta situación son los distintos sistemas de colaboración entre el sector público y el sector privado. Ateniéndonos a lo que nos cuentan es curioso comprobar que tal sistema no tiene el menor efecto secundario. Tanto que cuesta entender porque no se ha hecho antes.
Sé que es difícil criticar que el sector público y el sector privado colaboren, porque ya sólo la palabra colaboración, tiene unas connotaciones capaces de eliminar cualquier crítica. ¿Cómo va a ser mala la colaboración?. Pero como en todo tenemos que entender muy bien la perversión que estas palabras esconden para encontrar la verdadera realidad de estas propuestas.
Como argumentos para estos sistemas, nos encontramos principalmente que el estado puede mantener o incluso incrementar la inversión infraestructura, sin tener problemas con el déficit, y por otra parte se mejora la gestión al introducir al sector privado. Tales son las coartadas para el plan extraordinario de Fomento, las construcciones de hospitales y numerosos ejemplos más a poco que rasquemos.
El sistema es sencillo; el sector público decide una inversión que construye el sector privado y a cambio de esta construcción el estado pasará a pagar un canon determinado por la construcción o por la gestión del bien.
Como el estado no tiene que anticipar el coste, está claro que no incurre en un déficit actual, lo cual nos lleva a cierto engaño. Y no es demasiado difícil descubrirlo; Lo que está claro es que parte de la colaboración que le corresponde al estado es pagar, está claro que de alguna u otra forma, esto hará empeorar las cuentas públicas. Por lo tanto invariablemente, va a generar déficit o empeorar superávits; pero sin embargo nadie nos lo dice porque nos escudamos en el “ahora” y esto lo va a generar en el futuro.
Y esto es algo que tendremos que tener claro siempre; cuando nos cuentan que tal medida maravillosa nos soluciona el hoy, tendremos que preguntarnos qué pasa con el mañana; y de esta forma quizás entendemos las razones por las que no se hayan tomado algunas decisiones en otros momentos.
Es fácil ver que las grandes empresas constructoras conseguirán un beneficio hoy, (derivado de la construcción de las infraestructuras), y conseguirán otro gran beneficio en los 40 años posteriores, (derivado del aplazamiento y(o) la gestión). Pues ese beneficio, más los costes en los que incurramos en estos planes son la factura que hemos de pagar los contribuyentes. El hecho de que hoy no genere déficit supone que el déficit del mañana será muy superior al que correspondería haciéndolo hoy.
Este es el leiv motiv del plan especial de Fomento, que ya he comentado en otro post. La administración lanza un plan de 17.000 millones para construir algo que no se sabe muy bien que es. Pues el caso es que en principio nos cuentan que no nos costará hasta que las obras empiecen su explotación, momento en el que el estado pagará un canon que supondrá un 15% ¡anual! de rentabilidad asegurada por encima del coste.
Ese beneficio es un coste nuestro, de forma que estamos asumiendo que para no generar déficit ahora mismo asumimos unos compromisos que nos van a generar un coste increíble. Si fuese un préstamo y estuviésemos hablando de un 15% todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza, y planteado de esta forma todo el mundo traga sin dificultad a pesar de que en definitiva no difiere de un préstamo.
Podemos hablar de la gestión privada, pero en este caso también estamos hablando de que la gestión privada no es mejor porque sea una S.A. quien la realice. Sino que la competencia entre las distintas empresas y la lucha por los clientes son los que obligan a que una empresa mejore sus servicios y ajuste sus precios. Dicho de otra forma, es el mercado y la presión de captar clientes lo que empuja y hace mejorar la gestión. En este caso, por mucha gestión privada que se nos venda, la realidad es que no existe mercado, porque las empresas cobrarán a la administración el coste más los beneficios garantizados, de tal forma que estas no tendrán que convencer a ningún cliente.
¿Por qué una empresa a la que se le garantizan los beneficios durante 40 años va a esforzarse por mejorar la gestión?. ¿Va a intentar hacer las inversiones más baratas?. Lo curioso es que tratarán de hacerlo más caro, porque dado que no tienen que pelearse con el que paga, (ciudadano), su mayor interés es que el coste sea mayor, y con este el beneficio.
Sin incertidumbre, sin competencia y con contratos firmados y atados, las empresas no tienen ningún incentivo para innovar.
Y la otra gran ventaja se supone que es que la empresa privada asume la financiación de estas infraestructuras. Quizás esta fuese la única razón por la que podría interesar estos contratos, aunque tenemos que reconocer todos que un 15% anual es un coste muy elevado por la financiación de estas infraestructuras. Desgraciadamente, es que ni tan siquiera esto es exacto, porque la realidad es que va a ser el Instituto de Crédito Oficial, y el Banco Europeo de Inversiones el que va a financiar las inversiones. Dicho de otra forma, es el estado el que ha conseguido la financiación para las empresas a un precio mucho menor, (desde luego) que ese 15% que nos van a clavar.
De esta forma, en estos momentos vamos a hipotecar nuestro futuro durante 40 años, asumiendo unos costes elevadísimos, (acabaremos pagando en torno a los 100.000 millones por los 17.000 millones), por unas inversiones que no están nada claras, (como ya expliqué en su día esto no es importante), y poniendo el estado el dinero. ¡Y nos cuentan que no se incrementa el déficit!.
Y mientras a nosotros nos toca ver impotentes cómo se saquean las cuentas públicas de esta forma, generando unos beneficios fabulosos para la banca y las cotizadas, realizados en despachos y con nuestro dinero, por empresas que en definitiva no están asumiendo ningún tipo de riesgo, (clave para una empresa sana).
Sorprende por otra parte que esto lo pueda plantear un consejo de ministros, ya que es muy discutible el hecho de que Pepe Blanco o Zapatero, nos pueda hipotecar durante 40 años para salvar un par de ejercicios de las cotizadas, porque da igual quien gane las elecciones en estos 40 años ya que tendrá que asumir esto; lo razonable sería que ningún gobierno pudiese plantear gastos comprometidos a posteriori (y menos de esta cuantía), sin tener en cuenta a los demás partidos.
Pero en todo caso, hoy, hasta esta previsión de que fuesen más partidos los que deberían pactar este tipo de decisiones, sería inútil; porque simplemente la circunstancia es que no hay nadie que parezca descubrir este robo y desde luego que se oponga a él, ¡ni tan siquiera los sindicatos, ni los defensores de un estado pequeño!. Los primeros porque piden que el estado gaste más, (aunque les de igual en que), y los segundos porque lo que piden es que el estado sea pequeño, ¡pero (o para) que pague mucho a las grandes empresas!, y todo ello en el entorno de una supuesta medida keynesiana, (cuando se ha abandonado), que hará que el bueno de John se revuelva en la tumba.