Los mensajes que desde los gobiernos, o mejor dicho, los mensajes que desde el sector financiero se transmiten mediante los gobiernos, cada vez son más incoherentes. El último mensaje completamente incoherente ha sido el malestar entre los gobiernos inglés y holandés a cuenta de la decisión de los ciudadanos islandeses, de no respaldar las deudas de Icesave, filial de Landsbanki.
En resumen lo que tenemos en esta historia es que los bancos islandeses se endeudaron de una forma totalmente desproporcionada, hasta que quebraron. Cuando quebraron las entidades fueron nacionalizadas, (por Islandia), y los gobiernos de Inglaterra y Holanda asumieron el coste de los depósitos de los ahorradores de estos países en estas entidades.
El gobierno Islandés, se comprometió al pago de un importe cercano a los 4.000 millones, pero el presidente se negó a firmar la ley y sometió a referéndum la decisión de asumir o no asumir esta deuda. Tras dos referéndums, nos hemos encontrado con la negativa de asumir este pago, lo cual ha sido muy mal acogido por el resto de gobiernos y por supuesto por todos los analistas.
Y aquí es donde entra la esquizofrenia de un sistema de pensamiento que ha perdido completamente el norte. Por un lado se habla de las bondades del sistema privado, basándonos en que todo ha de ser sometido al imperio y a la valoración de los mercados. Pero por otro lado se pide sin rubor que sean los contribuyentes los que asuman los costes de los errores. Estamos en definitiva en la expresión máxima de aquella frase de privatizar beneficios y socializar perdidas.
El caso es que en Islandia estábamos hablando de entidades privadas, que se endeudaron con personas privadas y que mientras obtuvieron beneficios, (aunque no fuesen reales), se repartieron entre personas privadas. ¿Por qué razón ha de ser rescatada por el contribuyente?. O podemos hacer la pregunta de otra forma, todo aquel que no entienda que los contribuyentes se nieguen a pagar las deudas de una determinada empresa, en realidad estarán defendiendo que dicha empresa ha de ser pública.
En el fondo de todo está el binomio riesgo-beneficios, en varias vertientes que aquí parece que se olvidan completamente. Y en este caso, tendremos que tener todos claros, que si la gestión, la propiedad y los beneficios son privados, los riesgos también lo han de ser; o más que los riesgos, la materialización de estos riesgos lo ha de ser. Lo que no tiene el menor sentido es que yo invierta en unas entidades, o le preste a unas entidades, exigiendo y cobrando una prima de riesgo, y cuando las cosas vayan mal; pues simplemente ¡pedir que otro asuma el riesgo!.
Está claro que si se defiende que el sector público no esté en una empresa, se ha de defender que el sector público, (o los ciudadanos), no han de asumir las consecuencias de nada de lo que esta empresa haga. Puede ser que por error se haya valorado mal la situación y en el pasado, se pensase que lo mejor era la iniciativa privada para estas entidades; Cuando los problemas estallan, podemos arrepentirnos y acordarnos de San Estado; y optar por aquello de “no podemos dejar caer a las entidades”; pero una vez hemos llegado a la situación de que las pérdidas las ha de pagar el contribuyente, o que este tendrá que hacer todo lo que sea para subsanar la situación; lo que no se puede hacer es pedir la privatización. Y si se defiende la privatización lo que toca es defender el “caiga quien caiga”. Puede tener sentido tratar de defender cualquiera de las posturas; o bien nacionalizamos, o bien privatizamos, pero en todo caso tendremos que tener claro que cualquiera de las dos decisiones tienen aspectos negativos que deben acompañar y tenerse en cuenta con los positivos.
La única opción que me queda para tratar de justificar que sean los contribuyentes deban pagar por deudas privadas, es a través de los fallos de los reguladores. En este sentido podemos defender que exista una responsabilidad de las instituciones por permitir comercializar sin determinados problemas determinados activos financieros o bien deudas de entidades, empresas, personas o incluso países que no las van a poder pagar.
Claro que aceptando esto como valido; me quedan una serie de dudas. La primera es el papel de los británicos y de los holandeses. Si el contribuyente debe asumir responsabilidades por que los representantes de este no han actuado con la debida diligencia y han ocasionado pérdidas, la pregunta es clara: ¿si estamos hablando de bonos vendidos en Inglaterra, por una entidad en Inglaterra, (aunque sea filial de una entidad islandesa) a ingleses?; Imaginemos que Bank of América crea una filial es España, que nos paga unos intereses elevados por unos depósitos que contratamos en España. Puede ser que el regulador USA tenga cierta responsabilidad, pero ¿a quién hemos de reclamar?, ¿Quién ha de ser el encargado de que en España las inversiones nos den un mínimo de seguridad?. O si lo queremos ver de otra forma; ¿Quién ha de vigilar que una entidad como ING que lanza publicidad en España y consigue depósitos en España, (aunque sea por internet), tenga que cumplir demasiados requisitos?. ¿A quién reclamamos si hay problemas?. ¿A los holandeses?. ¿no será lógico que sea el Banco de España y la CNMV que vigilen las entidades que tienen cualquier tipo de red comercial en España?.
Parece que como poco las autoridades de los países que permiten comercializar sin el mínimo control y la mínima garantía determinados productos en su país, a sus ciudadanos, tienen cierta responsabilidad.
Pero lo más surrealista de todo es que se bloquee cualquier medida que imponga el mínimo control real al sector financiero. Es decir, tampoco tiene sentido que se exija el pago a cualquier contribuyente, (me da igual que islandeses, o de cualquier otro país), por parte de las mismas personas que siguen a vueltas con lo de “los excesos de regulación son malos”.
En la situación actual nos encontramos con que se critica a los ciudadanos de un país por no aceptar las pérdidas derivadas del sector privado, mientras se propone la privatización de absolutamente todo, en un esquema en el que se nos aseguraba y se nos asegura que es precisamente la continencia regulatoria, la que permite toda clase de ingeniería y tácticas financieras con el objetivo de reducir los riesgos, cuando en realidad se trata de traspasar los riesgos a los contribuyentes.
Y esta situación es una autentica locura, y desde luego se ha de imponer desde ya una cierta coherencia. O se defiende una banca pública y una gran regulación y por tanto el contribuyente entra en la ecuación y se asumen todas las consecuencias negativas y positivas que se nos ocurran; o bien se defiende la banca privada y se asumen todas las consecuencias negativas y positivas que tal decisión supone. Lo mismo va para la regulación o la desregulación.
Pero lo que no tiene sentido es que nos quedemos con una opción que viene a ser coger lo bueno de un lado y lo bueno del otro lado, de forma que los beneficios caen de un lado, las pérdidas caen del otro, mientras que alternamos desregulación con protección jurídica en función de nuestro interés.
