En estos días de "ruido y furia" en torno a la crisis de la deuda griega y sus efectos contagio, me da la impresión de que en los análisis que sobre todo ello se realizan por parte de políticos, periodistas y analistas, se deslizan más o menos oculta o inconscientemente , y una y otra vez, algunas preconcepciones que, como mínimo, son más que dudosas cuando no falsas de solemnidad y que, creo, merecen ser expuestas a las claras.
La primera de esas preconcepciones es la de que un Estado es a fin de cuentas como una gran familia,de modo que sus cuentas, su presupuesto, es y ha de gestionarse con los mismos criterios que ha de seguir una familia con su presupuesto familiar. Pues bien, tal cosa es falsa de todas todas: un Estado no es como una familia, y fuera de superficiales parecidos, la gestión de su presupuesto nada tiene que ver con la gestión de un presupuesto familiar. Más concretamente, hay una diferencia cualitativa entre un Estado y una familia lque viene a significar es que las finanzas de un estado no se ven constreñidas como lo están las finanzas familiares.
La cuestión básica aquí es que, a diferencia de una familia, un Estado no tiene fecha de caducidad. Por el contrario, toda familia la tiene en principio. En efecto, la longevidad de cada familia está marcada en principio por la biología, de modo que una vez que sus fundadores mueren, sus deudas y activos se liquidan, y el resultado neto pasa a sus descendientes si lo aceptan como herencia. Cosa ésta, que obviamente, no sucederá caso de que ese resultado neto sea negativo, situación esta en que la familia como entidad económica desaparecería con sus fundadores. Si, por el contrario, el saldo es positivo, la familia como entidad económica pervive en el tiempo más allá del primer ciclo de vida de sus fundadores. O sea, que si el valor de los activos familiares al final del ciclo de vida de la primera generación es al menos igual al valor de sus deudas, la familia como entidad económica vive un nuevo ciclo vital que acabará con la muerte de los miembros de la segunda generación, momento en que se volverá a plantear el problema de si el valor de los activos acumulados por esta segunda generación superan o no las deudas contraídas,... y así sucesivamente. La consecuencia de todo ello es que, como entidades económicas, las familias a lo largo de su ciclo vital o de cada uno de sus posibles ciclos vitales, si quieren pervivir como tales antes de que le llegue la hora de la extinción biológica a sus fundadores o si pretenden perpetuarse en el tiempo como saga familiar a través de sus herederos, se ven constreñidas a comportarse de modo que el valor de las deudas no supere a lo largo de cada ciclo vital al valor de sus activos, o sea, dicho en otras palabras, una gestión financiera de una familia como unidad económica exitosa requiere que no se endeude permanentemente. Si en una serie de periodos se endeuda, luego ha de hacer frente a esas deudas si pretende seguir siendo una unidad económica viable. En suma, que para una familia los periodos en que esté endeudada han de venir siempre compensados por periodos en que tenga un superavit financiero.
Ahora bien, resulta evidente que un Estado no se ve constreñido por una limitación semejante en la medida que su perpetuación en el tiempo no pasa por un mecanismo de herencias, es decir, que un Estado puede en principio estar siempre endeudado y no pasa nada de nada, pues para él, en principio, nunca llega el día final, el día de cerrar las cuentas para ver si el valor de sus activos supera al valor de sus deudas. Siempre, es decir, en cada periodo puede un Estado estar endeudado. Mientras vaya pagando los principales e intereses de las deudas contraídas, pues no tendría problemas para seguir endeudándose.
Tampoco, por lo mismo, los Estados son como las empresas, si bien se parecen algo más a ellas que a las familias. De nuevo aquí la cuestión es la de su longevidad, la de su ciclo vital, que sin duda es más elevado para una empresa que para una familia, ello se traduce en que una empresa puede endeudarse con más facilidad y durante más tiempo que una familia. y al igual que un estado, una empresa podría endeudarse año tras año siempre que fuese pagando el principal y los intereses de las deudas contraidas en el pasado.
Una familia puede entrar en "quiebra", dejar de ser una entidad económica exitosa, cuando ya no logra pagar el principal y los intereses de las deudas que contrajo en el pasado aún solicitando nuevos préstamos. Lo que pasa entonces es que sus acreedores se dirigen contra los activos que posea para tratar de resarcirse y cobrar sus deudas. Así, si una familia deja de pagar su hipoteca, se le expropia la casa. De igual manera, si una empresa "quiebra", los acreedores se dirigen contra su capital. Pero, ¿pasa lo mismo en el caso de los Estados? Pues no. En el inimaginable por absurdo caso de que, por ejemplo, el estado griego dejara de hacer frente a sus compromisos, ¿qué pasaría? ¿Le invadiría acaso el ejército alemán a modo de policía judicial para apoderarse del Partenón o quedarse con unas cuantas de sus islas? Y aquí, la historia económica de España es aquí bastante ilustrativa. Tanto la monarquía austriaca como la borbónica tienen una larguísima historia de suspensiones del pago de sus deudas, que ponían en serios aprietos a sus acreedores, llevándo por ejemplo a la ruina a la famosa casa Fugger. Son los Fugger de hoy en día la banca alemana, austriaca y francesa en cuyas manos está la mayor parte de deuda griega. Son ellos y los respectivos estados alemán, austriaco y francés los que tienen más intereses en evitar que por cualquier medio que sus bancos quiebren para evitar una nueva crisis de sus sectores bancarios. O sea, que por un lado no me creo nada de nada eso de que el estado griego pueda "quebrar", y más bien lo que observo es que los fondos del plan de rescate acabarán en manos de esos bancos, lo que sin duda les ayudará a recomponer sus cuentas tras sus inversiones en hipotecas "tóxicas" y demás. Y ello sin contar con el increíble negociazo que les supone a los bancos pedir prestado al BCE al euribor para ese mismo día prestar al gobierno español, portugués o griego a unos tipos sustancialmente elevados.
Obviamente, en todo lo que acaba de decirse hay un cierto "truco", cual es el problema de la confianza que los prestamistas tienen en cada periodo en que un Estado querrá y podrá hacer frente a sus compromisos financieros. Y ello dependerá de dos factores: a) el primero es la estabilidad política y social de la sociedad. Si la situación social y política es tan inestable que hace pensar en la factibilidad de una revolución, difícilmente un Estado logrará obtener más préstamos ante la desconfianza de que la revolución tenga éxito, acabe con una determinada forma estatal y la que le sustituya no haga honor a las deudas de la anterior. Eso, por ejemplo, es lo que les ocurrió a todos aquellos que en 1917 eren propietarios de deuda emitida por el estado zarista en Rusia. Tras la revolución soviética, esos títulos se convirtieron en papel mojado, pues el estado dirigido por Lenin se negó a hacer frente a las obligaciones financieras que había contraído el zar; y b) el peso que tengan las deudas contraídas en divisas, es decir, en una moneda distinta a la nacional. Un Estado siempre puede pagar sus compromisos financieros nominados en su propia moneda pues, en último extremo, siempre puede emitir más dinero. El problema es cuando los préstamos están denominados en alguna divisa o cuando como sucede en la zona euro, los países que la conforman han perdido voluntariamente su soberanía monetaria, pues en tal caso para cumplir sus obligaciones financieras como medio para que se le faciliten nuevos créditos ha de conseguir esas divisas o ese dinero mediante la adecuada gestión de la economía y de su sector exterior.
Pero aquí es necesario hacer frente a la segunda preconcepción que tiene que ver con la idea de qyue hay un determinado nivel de deuda que una vez alacnzado es insostenible, lo que destata la desconfianza entre los prestamistas de un estado. No voya aquí a aportar un cuadro de las cifras del valor de la deuda pública sobre el PIB de cada uno de los países de la UE, cuadro ya archiconocido pues aparece diariamente en la prensa. Y ya se sabe que ese nivel de deuda respecto al PIB sostenible es de lo más variado. A lo que se ve todos los países "CERDOS" lo tenemos más bajo se diría que por naturaleza, y así para la prensa internacional, el nivel de la deuda española ya roza casi la insostenibilidad como muestra las dificultafdes de dinanciación del estado español que se ha visto obligado a subir el interés que paga por su deuda.
Pero, dejando de lado esta cuestión tan antropológicamente reveladora (el que los países protestantes y calvinistas de la fría Europa del Norte llamen PIGS a los del cálido Sur católico no es creo yo nada circunstancial y responde a un estereotipo que ya lleva unos cuantos siglos en circulación) tiene su "miga") la cuestión es la desi hay un volumen de deuda pública sobre el PIB insostenible y cuál sería. Y para enfocar aquí este asunto, voy a comparar (paradójicamente, a tenor de lo que acabo de señalar acerca de las diferencias entre las finanzas públicas y las familiares) la deuda del Estado con la deuda familiar. Y simplemente, me gustaría preguntar a los improbables lectores de este blog cuántas familias conocen cuyas deudas hipotecarias superan porcentualmente el valor de su PIB anual, o sea, de sus ingresos anuales en más de un 130%. Y conozco algunas para las que sus hipotecas equivalen a sus ingresos anuales durante tres, cuatro y cinco años. Pues bien todas ellas están no en peores sino en infinitamente peores circunstancias financieras que el estado griego, al que si se le juzgara como si fuese una familia, necesitaría sólo los ingresos generados en un año y cuatro meses para pagar el total de su deuda. Y, por supuesto, la situación financiera del estado español es mucho mejor que la de muchas familias que conozco, incluida la mía. se me dirá que el argumento no es correcto en la medida que no habría que comparar el volumen de deuda pública sobre el PIB con el volumen de deuda familiar sobre los ingresos familiares sino la deuda publica sobre el valor de los ingresos públicos. Pero quienes así argumentan se olvidan del legítimo poder del Estado para a determinar qué parte del PIB son sus ingresos, por lo que, en último término, sí que Hacienda somos todos como decía la publicidad del Ministerio hace unos años, por lo que hay que medir el volumen de la deuda pública en relación al total de los ingresos de esta unidad familiar sui generis que es la gran familia del estado español.
Y queda una última cuestión, la de si un plan de ajuste como el que se les ha impuesto al estado griego permitirá reducir el tamaño de su deuda en relación a su PIB. Y aquí las cosas no están nada claras, pues matemáticamente la tasa de crecimiento del peso de la deuda pública (B) respecto al PIB nominal (P.Y; donde P es un índice de precios e Y es el PIB en términos reales), o sea, de b= B/PIB = B/(P.Y) depende de tres factores: 1) positivamente del tipo de interés real (la diferencia entre el tipo de interés nominal al que se colocó la deuda pasada y la tasa de inflación) que sin duda crecerá por la caída de demanda a consecuencia del ajuste; 2) negativamente de la la tasa de crecimiento del PIB, pues resulta obvio que si el valor del denominador en el cociente entre deuda publica y PIB disminuye, crece el valor del quebrado, y 3) negativamente del deficit público primario x (gastos públicos menos gastos en intereses de la deuda menos ingresos públicos), dividido por b, o sea:
Tasa de variación de b = r - y + x/b
Ahora bien, ya se ha señalado que es previsible que r crezca e y caiga, por lo que para evitar que b crezca (o sea, para que la tasa de crecimiento de b sea cero), entonces es necesario que haya un superavit público igual a la diferencia entre el tipo de interés real y la tasa de crecimiento económico multiplicado por el nivel de las deuda pública sobre el PIB. O sea, que para que b no crezca el superavit del presupuesto público ha de alcanzar un valor elevadísimo en atención a la siguiente ecuación:
x = b.r - b.y
que, en situaciones como el caso griego, puede ser económica y políticamente inalcanzable.
Y finalmente, todo ello lleva ineludiblemente a pensar que, al contrario de lo que he leído en los últimos días por parte de académicos de reconocido prestigio y sólida fe en la eficiencia de los mercados financieros, que afirman que los especuladores no son tontos, pues que sí que lo son. No individualmente, donde puede que sean enteramente racionales, pero sí agregadamente. Nos encontramos aquí una vez más con un fallo del mercado, una situación donde la racionalidad individual de los agentes conduce a la irracionalidad colectiva. Y ya se sabe, en estos casos la intervención reguladora del Estado es difícilmente sorteable.