FERNANDO SWIFT MORA
En la entrada anterior defendía el uso de la Economía para resolver problemas políticos. La base teórica de esta aproximación es el llamado Teorema de Coase, con arreglo al cual la mejor forma de solventar cualquier problema que surja en una interacción entre distintos agentes, la solución más eficiente (si no hay costes de negociación y si no importan los efectos-renta, o sea, no importa la diferencia de riqueza entre ellos) es dejar que negocien entre ellos y lleguen a un acuerdo económico, no importando para nada para el resultado final quién tenga la razón o el derecho. Por ejemplo, en el caso de un problema de contaminación entre una empresa contaminante y los habitantes de un pueblo o un barrio (los contaminados), la solución eficiente (el nivel de contaminación óptimo) alcanzado en una negociación sería la misma ya sea que la razón jurídica la tuviese la empresa (tuviese el derecho a contaminar) o la tuviese los contaminados (los ciudadanos tuviesen el derecho a vivir en un ambiente limpio).
Que ¿cuál sería la solución alcanzada? Pues muy sencillo. Si la empresa contaminante tuviera el derecho a contaminar, los que quisiesen no ser contaminados estarían dispuestos a pagarle para que disminuyese sus emisiones una cantidad equivalente al valor que para ellos tuviese el entorno limpio. En el caso de que la razón jurídica la tuviesen los ciudadanos y se aplicase el principio del que contamina paga, la empresa estaría dispuesta a pagarles a los ciudadanos del pueblo o el barrio para compensarles por la contaminación que sufren si les fuese rentable. Coase demuestra que, bajo una serie de condiciones, el nivel de contaminación que habría sería el mismo ya se ais la empresa paga por el derecho a contaminar o si los ciudadanos pagan por el derecho a vivir en un entorno limpio.
Pero, claro está, la solución no es la misma: hay un conflicto. A la empresa contaminante le interesa que la "ley" esté de "su" parte de modo que sean los ciudadanos los que la compensen económicamente por dejar de contaminar o asuman que han de ser dontaminados; y a los ciudadanos les interesa, por el contrario, que la "ley" les respalde a ellos y que sea la empresa la que les compense por la contaminación o deje de contaminar.
Obviamente, aparece aquí un problema que es que siempre alguna de las partes estará en desacuerdo con la solución legal, sea cual sea. Las gentes, si el derecho (o la "justicia") le da la razón a la empresa, o la empresa, si el "derecho" (o la justicia) le da la razón a las gentes. Y de ahí, que sea necesaria la coerción o violencia. Es necesario usar la violencia o amenazar con su uso (coerción) para que el acuerdo se cumpla por parte de la parte que se ve perjudicada. Para que la empresa pague si no tiene derecho a contaminar, o para que los ciudadanos paguen a la empresa si no tienen derecho a no ser contaminados. Dicho de ora manera, la violencia o la coerción es consustancial con el uso eficiente de los recursos, con la aplicación del Teorema de Coase.
¿A qué viene todo esto? Pues lo cuento. Partiré de un hecho observable y sobradamente demostrado teórica y empíricamente. España es un país de mierda. Eso es algo que todo español lo sabe desde muy pequeño. Casi de forma innata. Lo saben también los políticos y empresarios, pero mienten como bellacos porque para sus particulares negocios les interesa pensar o más bien que otros piensen que España es un país serio. No. Lo repito una vez más: España es un país de mierda. Toda España, toda. Incluyendo Catalunya y Euskadi, que al menos en esto son tan españa como Cuenca.
Y, ¿en qué se demuestra que España es un país de mierda? Pues en algo muy simple. Y es que a España vienen los de fuera, o sea, los guiris o extranjeros, a hacer lo que nunca jamás siquiera se les pasaría por la cabeza hacer en sus países de origen. Y si eso lo hacen en cualquier sitio de nuestro país (se ha llegado incluso a la solución de crear unos lugares explícitamente para que así lo hagan como, por ejemplo, Magaluf) no es necesario que diga que ahora lo hacen todavía más en un lugar como Madrid, donde la política de sus delirantes "dirigentes": doña Isabel "cu-cú" Díaz Ayuso y don José Luis Martínez Almeida (conocido internacionalmente como cockface) tiene por objetivo nada escondido el convertir Madrid en el Magaluf mesetario. O sea, un lugar donde los guiris puedan "pasarse", o sea, contaminar a sus habitantes lo que les venga en gana, donde les venga en gana y cuando les venga en gana.
Tengo como "vecinos" a un grupo de increíblemente gritonas jóvenes anglosajonas que, tras haber oído que la presidenta de Madrid proclama que Madrid es la capital mundial de la libertad... para emborracharse y hacer fiestas en las casas, se han aplicado el cuento y se emborrachan y gritan todas las noches hasta las 4 o 5 de la madrugada. El resultado es el de esperar: no hay quien duerma. Para quienes me lean de fuera de Madrid diré que este problema mío no es un problema personal aislado, sino que lo sufrimos en silencio, como si fueran unas hemorroides, la mayor parte de vecinos de las zonas centrales de esta ciudad.
Pero, ¿por qué lo sufrimos en silencio? ¿Por qué no podemos hacer nada? Pues porque a este problema de contaminación acústica le sucede que no puede aplicarse la solución de Coase. Y es que, si bien todavía la legislación (las ordenanzas municipales) nos dan la razón a los ciudadanos de Madrid, y nos dicen que tenemos derecho a no sufrir la contaminación sonora (y de otros tipos) de los guiris (aunque repito que el alcalde "cockface" y la presidenta "ojos-de-loca" andan como locos por cambiarla para defender a los propietarios de borracherías y a los dueños de biambís o pisos turísticos), el problema es que la violencia legal no se ejerce con la debida intensidad y contundencia aplicando la normativa, por la que esta no se cumple...con el resultado de que gente como yo no podemos descansar. Pero...¿por qué?
La razón la descubrió hace ya muchos años el grandísimo sociólogo y economista Max Weber. Definió al Estado como la institución que tenía el derecho a usar legítimamente de la violencia, de la fuerza. E imponer así, diría Coase, las soluciones más eficientes. Y el problema, entonces, aquí está en la palabra monopolio.
Pues lo que todo economista sabe es que los monopolios se caracterizan por vender lo que producen a un precio mayor que el competitivo y por producir una cantidad de lo que venden menor que la óptima. Un monopolio produce menos y más caro. O sea, que el Estado, el monopolista legítimo de la violencia, produce violencia sí, pero en una cantidad menor que la necesaria y a un precio o coste abusivo. La implicación es obvia: como no se produce la suficiente violencia legal, no hay eficiencia en las interrelaciones humanas.
Al caso. No sólo los ciudadanos de Madrid, sino los de cualquier ciudad española saben de los muy elevados sueldos que cobran los guardias urbanos o policías municipales, los proveedores monopolistas de violencia a nivel local. Saben también de su escasa diligencia. En Madrid hay un dicho que todos los de aquí conocemos: eres más vago que la chaqueta de un guardia, que refleja con absoluta precisión la idea de que los "monopolistas de violencia local" ,comportándose como tales, no se caracterizan precisamente por sus denodados esfuerzos en la aplicación de las normativas. Esa es una de las razones por las que, quienes están en una situación similar a la mía y tienen que soportar a los guiris liberados en la patria de la ayusolibertad, cada vez perdamos menos el tiempo llamando a la guardia urbana o a la policía municipal y nos veamos obligados a sufrir en silencio: sencillamente, cuando se entera de de qué va el problema, no aparece.
Pero no sería justo cargar sólo contra "los municipales". Como ellos mismos dicen justificandose, no es pasividad, sino impotencia lo que está debajo de su tibia aplicación de las normas. Y es que los jueces no acompañan. Es decir, que su comportamiento represor está limitado por el sistema judicial, y este va despacio muy despacio. Y es que, al margen de lo "justa" que sea la justicia española, y aquí uno no puede sino dar gracias a que exista la justicia europea (recuerdo el caso de los vecinos zaragozanos de una discoteca local que, al final, tuvieron que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se les reconociese su derecho a dormir un poco en paz), puede a este respecto decirse que si "las chaquetas" de los guardias son perezosas, comparadas con las togas de los jueces son más rápidas que Aquiles, el de los pies ligeros, que decía Homero. No es esto nada nuevo en nuestro país, y si alguien quiere leer un buen y actualizado informe acerca de la justicia española y sus muchos males lo más recomendable es que lea los Sueños de don Francisco de Quevedo y Villegas.
En suma, como conclusión puede sacarse de todo lo dicho es que, problemas como el de insomnio provocado que ahora sufro, son consecuencia de la monopolización de la administración y la regulación del uso de la violencia a la hora de imponer las normas legales. Y, si se me admite esto, la solución está clara: aumentar la competencia en este mercado.
Uno de los libros de Economía más turbadores que he leído nunca es uno del economista anarco-capitalista o libertario David Friedman (hijo del gran Milton Friedman) titulado The Machinery of Freedom. Guide to Radical Capitalism (la Maquinaria de la libertad, o de cómo vender el estado en pequeñas piezas), en donde propugnaba soluciones mercantiles para los problemas sociales y políticos de la vida cotidiana. Incluido este del uso de la violencia. David Friedman defendía, frente a la policía y ejércitos públicos o estatales, las policías y privadas. Parece lógico, ¿no? Si el problema es que la policía del estado (o del ayuntamiento) no produce la suficiente coerción o violencia para que se cumpla la normativa, ¿por qué no acudir a otros proveedores de ese servicio? .
Pero aquí está el problema. En que, como bien decía Max Weber, El "estado" tiene el monopolio legal o legítimo en esto de usar la violencia, luego permitir que aparezcan otros proveedores de violencia que hagan el mismo trabajo no es legal. Y si no es legal, es que es ilegítimo. Es decir, que no hay forma legal de resolver el problema planteado por la monopolización de la violencia en manos de la policía. O lo que es lo mismo, que si se quiere resolver ese problema de escasez de la coerción o violencia producida legalmente no queda otra que buscar proveedores ilegales de la misma.
Y esto, si bien eso es un problema para políticos, juristas o moralistas, no es problema par los economistas. Si el "estado" no produce la suficiente y necesaria coerción o violencia para la consecución de una eficiente asignación de recursos (incluido el nivel de tranquilidad vecinal nocturna necesario para que yo pueda descansar) no hay razón para no acudir a productores privados ilegales: las mafias u organizaciones "criminales".
Otro gran economista, también Premio Nobel, Thomas C.Schelling, analizó las organizaciones "criminales" desde este punto de vista: como empresas productoras de un servicio muy especial: la protección violenta o coercitiva. Protección de todo tipo, incluso contra el comportamiento desaprensivo de un grupo de guiris maleducados.
No es tan raro, por otro lado, el acudir a este tipo de protección privada. Es lo normal en los estados "fallidos". Pero no sólo en ellos. Pondré dos ejemplos solamente. Uno de alto nivel, y otro más pedestre. El primero es aquel de un empresario vasco que, según se decía. en los "años de plomo" ante la incapacidad de obtener la adecuada protección por parte de la policía y los jueces, contrató los servicios de la mafia marsellesa con el objetivo explícito de que vengara contundentemente en familiares de terroristas etarras caso de que él o los suyos sufriesem un atentado. Le fue efectivo, pues no sufrieron atentados ni él ni su familia, y le salió además más barato que pagar el "impuesto revolucionario".
El otro ejemplo me lo proporcionan las pintadas en las que se leía "GUARDA GITANO" que proliferaron en las vallas de las obras de Madrid hace unos años. Con ellas se comunicaba a los posibles ladrones que, quien estaba de guardia no era ni la policía, ni un "segurata" de una empresa de seguridad privada legal al uso, sino un miembro de una supuesta organización o "mafia" gitana que no se iba a andar con legalidades a la hora de afrontar un robo sino que iba a aplicar la violencia más contundente.También esa forma de proceder, a lo que parece, resultaba eficiente como política disuasoria de robos.
Ante este tipo de argumentos, la respuesta suele ser siempre la obvia y esperada. Toma como ejemplo el caso italiano de cómo el uso de las mafias como productores complementarios de coerción o violencia no sólo no resuelve el problema sino que lo agudiza. Y es que estas empresas productoras de protección que son las mafias encuentran que lo más fácil para generarse ingresos es generar la demanda o la necesidad de sus propios servicios, es decir, que para obtener más beneficios lo que les interesa es generar la inseguridad para la que ellas ofrecen protección. Al así proceder, dejan de ser unos productores de violencia necesaria para convertirse en extorsionadores, es decir, oferentes de protección contra la violencia innecesaria contra la inseguridad que ellos mismos producen.
Pero, como señala Schelling, el problema aquí es que no hay la suficiente competencia. Es decir, que no hay las suficientes mafias u organizaciones ilegales productoras de coerción o violencia que compitan en un determinado territorio. Es lo que pasa en Sicilia, en donde sólo opera una mafia, la siciliana. En Calabria, donde sólo opera la calabresa, o en Napoles donde sólo opera la Ndrangetta. Si en cada uno de esos territorios operasen varias, la competencia entre ellas llevaría a que se comportasen "correctamente", o sea, a vender la protección estrictamente necesaria y deseada por los clientes pues en caso de que una extorsionase a sus "clientes", estos tendrían el obvio incentivo de abandonarla y contratar a otra no extorsionadora para que les defendiese contra la primera.
Así que, -pensaba anoche mientras no podía dormir mientras oía los gritos y cantatas de mis "vecinos" guiris,- "¡ojalá -me decía- que en Madrid operasen la mafia siciliana, la calabresa, la albano-kosovar, la rusa, la china o la de Madagascar! Me daba igual. Ahora mismo llamaba a alguna y contrataba sus servicios. Seguro que con el pack básico, el que viene con dos servicios o "visitas": una de aviso y otra, ya ejecutiva con el consabido mafioso tiro en la rodilla, bastaba para resolver mi problema".
Y que es una solución efectiva lo he comprobado esta mañana al despertarme. Pues fue suficiente imaginar que lo había contratado y regodearme con que, tras hacer caso omiso al primer aviso, mi mafia había enviado ya la orden para proceder a la segunda y contundente "visita" a mis gritonas"vecinas", como para caer dormido como un bendito a pesar de sus incesantes carreras, aullidos y berreos. ¡Más eficaz y con menos efectos secundarios que un Lexatín!
En la entrada anterior defendía el uso de la Economía para resolver problemas políticos. La base teórica de esta aproximación es el llamado Teorema de Coase, con arreglo al cual la mejor forma de solventar cualquier problema que surja en una interacción entre distintos agentes, la solución más eficiente (si no hay costes de negociación y si no importan los efectos-renta, o sea, no importa la diferencia de riqueza entre ellos) es dejar que negocien entre ellos y lleguen a un acuerdo económico, no importando para nada para el resultado final quién tenga la razón o el derecho. Por ejemplo, en el caso de un problema de contaminación entre una empresa contaminante y los habitantes de un pueblo o un barrio (los contaminados), la solución eficiente (el nivel de contaminación óptimo) alcanzado en una negociación sería la misma ya sea que la razón jurídica la tuviese la empresa (tuviese el derecho a contaminar) o la tuviese los contaminados (los ciudadanos tuviesen el derecho a vivir en un ambiente limpio).
Que ¿cuál sería la solución alcanzada? Pues muy sencillo. Si la empresa contaminante tuviera el derecho a contaminar, los que quisiesen no ser contaminados estarían dispuestos a pagarle para que disminuyese sus emisiones una cantidad equivalente al valor que para ellos tuviese el entorno limpio. En el caso de que la razón jurídica la tuviesen los ciudadanos y se aplicase el principio del que contamina paga, la empresa estaría dispuesta a pagarles a los ciudadanos del pueblo o el barrio para compensarles por la contaminación que sufren si les fuese rentable. Coase demuestra que, bajo una serie de condiciones, el nivel de contaminación que habría sería el mismo ya se ais la empresa paga por el derecho a contaminar o si los ciudadanos pagan por el derecho a vivir en un entorno limpio.
Pero, claro está, la solución no es la misma: hay un conflicto. A la empresa contaminante le interesa que la "ley" esté de "su" parte de modo que sean los ciudadanos los que la compensen económicamente por dejar de contaminar o asuman que han de ser dontaminados; y a los ciudadanos les interesa, por el contrario, que la "ley" les respalde a ellos y que sea la empresa la que les compense por la contaminación o deje de contaminar.
Obviamente, aparece aquí un problema que es que siempre alguna de las partes estará en desacuerdo con la solución legal, sea cual sea. Las gentes, si el derecho (o la "justicia") le da la razón a la empresa, o la empresa, si el "derecho" (o la justicia) le da la razón a las gentes. Y de ahí, que sea necesaria la coerción o violencia. Es necesario usar la violencia o amenazar con su uso (coerción) para que el acuerdo se cumpla por parte de la parte que se ve perjudicada. Para que la empresa pague si no tiene derecho a contaminar, o para que los ciudadanos paguen a la empresa si no tienen derecho a no ser contaminados. Dicho de ora manera, la violencia o la coerción es consustancial con el uso eficiente de los recursos, con la aplicación del Teorema de Coase.
¿A qué viene todo esto? Pues lo cuento. Partiré de un hecho observable y sobradamente demostrado teórica y empíricamente. España es un país de mierda. Eso es algo que todo español lo sabe desde muy pequeño. Casi de forma innata. Lo saben también los políticos y empresarios, pero mienten como bellacos porque para sus particulares negocios les interesa pensar o más bien que otros piensen que España es un país serio. No. Lo repito una vez más: España es un país de mierda. Toda España, toda. Incluyendo Catalunya y Euskadi, que al menos en esto son tan españa como Cuenca.
Y, ¿en qué se demuestra que España es un país de mierda? Pues en algo muy simple. Y es que a España vienen los de fuera, o sea, los guiris o extranjeros, a hacer lo que nunca jamás siquiera se les pasaría por la cabeza hacer en sus países de origen. Y si eso lo hacen en cualquier sitio de nuestro país (se ha llegado incluso a la solución de crear unos lugares explícitamente para que así lo hagan como, por ejemplo, Magaluf) no es necesario que diga que ahora lo hacen todavía más en un lugar como Madrid, donde la política de sus delirantes "dirigentes": doña Isabel "cu-cú" Díaz Ayuso y don José Luis Martínez Almeida (conocido internacionalmente como cockface) tiene por objetivo nada escondido el convertir Madrid en el Magaluf mesetario. O sea, un lugar donde los guiris puedan "pasarse", o sea, contaminar a sus habitantes lo que les venga en gana, donde les venga en gana y cuando les venga en gana.
Tengo como "vecinos" a un grupo de increíblemente gritonas jóvenes anglosajonas que, tras haber oído que la presidenta de Madrid proclama que Madrid es la capital mundial de la libertad... para emborracharse y hacer fiestas en las casas, se han aplicado el cuento y se emborrachan y gritan todas las noches hasta las 4 o 5 de la madrugada. El resultado es el de esperar: no hay quien duerma. Para quienes me lean de fuera de Madrid diré que este problema mío no es un problema personal aislado, sino que lo sufrimos en silencio, como si fueran unas hemorroides, la mayor parte de vecinos de las zonas centrales de esta ciudad.
Pero, ¿por qué lo sufrimos en silencio? ¿Por qué no podemos hacer nada? Pues porque a este problema de contaminación acústica le sucede que no puede aplicarse la solución de Coase. Y es que, si bien todavía la legislación (las ordenanzas municipales) nos dan la razón a los ciudadanos de Madrid, y nos dicen que tenemos derecho a no sufrir la contaminación sonora (y de otros tipos) de los guiris (aunque repito que el alcalde "cockface" y la presidenta "ojos-de-loca" andan como locos por cambiarla para defender a los propietarios de borracherías y a los dueños de biambís o pisos turísticos), el problema es que la violencia legal no se ejerce con la debida intensidad y contundencia aplicando la normativa, por la que esta no se cumple...con el resultado de que gente como yo no podemos descansar. Pero...¿por qué?
La razón la descubrió hace ya muchos años el grandísimo sociólogo y economista Max Weber. Definió al Estado como la institución que tenía el derecho a usar legítimamente de la violencia, de la fuerza. E imponer así, diría Coase, las soluciones más eficientes. Y el problema, entonces, aquí está en la palabra monopolio.
Pues lo que todo economista sabe es que los monopolios se caracterizan por vender lo que producen a un precio mayor que el competitivo y por producir una cantidad de lo que venden menor que la óptima. Un monopolio produce menos y más caro. O sea, que el Estado, el monopolista legítimo de la violencia, produce violencia sí, pero en una cantidad menor que la necesaria y a un precio o coste abusivo. La implicación es obvia: como no se produce la suficiente violencia legal, no hay eficiencia en las interrelaciones humanas.
Al caso. No sólo los ciudadanos de Madrid, sino los de cualquier ciudad española saben de los muy elevados sueldos que cobran los guardias urbanos o policías municipales, los proveedores monopolistas de violencia a nivel local. Saben también de su escasa diligencia. En Madrid hay un dicho que todos los de aquí conocemos: eres más vago que la chaqueta de un guardia, que refleja con absoluta precisión la idea de que los "monopolistas de violencia local" ,comportándose como tales, no se caracterizan precisamente por sus denodados esfuerzos en la aplicación de las normativas. Esa es una de las razones por las que, quienes están en una situación similar a la mía y tienen que soportar a los guiris liberados en la patria de la ayusolibertad, cada vez perdamos menos el tiempo llamando a la guardia urbana o a la policía municipal y nos veamos obligados a sufrir en silencio: sencillamente, cuando se entera de de qué va el problema, no aparece.
Pero no sería justo cargar sólo contra "los municipales". Como ellos mismos dicen justificandose, no es pasividad, sino impotencia lo que está debajo de su tibia aplicación de las normas. Y es que los jueces no acompañan. Es decir, que su comportamiento represor está limitado por el sistema judicial, y este va despacio muy despacio. Y es que, al margen de lo "justa" que sea la justicia española, y aquí uno no puede sino dar gracias a que exista la justicia europea (recuerdo el caso de los vecinos zaragozanos de una discoteca local que, al final, tuvieron que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se les reconociese su derecho a dormir un poco en paz), puede a este respecto decirse que si "las chaquetas" de los guardias son perezosas, comparadas con las togas de los jueces son más rápidas que Aquiles, el de los pies ligeros, que decía Homero. No es esto nada nuevo en nuestro país, y si alguien quiere leer un buen y actualizado informe acerca de la justicia española y sus muchos males lo más recomendable es que lea los Sueños de don Francisco de Quevedo y Villegas.
En suma, como conclusión puede sacarse de todo lo dicho es que, problemas como el de insomnio provocado que ahora sufro, son consecuencia de la monopolización de la administración y la regulación del uso de la violencia a la hora de imponer las normas legales. Y, si se me admite esto, la solución está clara: aumentar la competencia en este mercado.
Uno de los libros de Economía más turbadores que he leído nunca es uno del economista anarco-capitalista o libertario David Friedman (hijo del gran Milton Friedman) titulado The Machinery of Freedom. Guide to Radical Capitalism (la Maquinaria de la libertad, o de cómo vender el estado en pequeñas piezas), en donde propugnaba soluciones mercantiles para los problemas sociales y políticos de la vida cotidiana. Incluido este del uso de la violencia. David Friedman defendía, frente a la policía y ejércitos públicos o estatales, las policías y privadas. Parece lógico, ¿no? Si el problema es que la policía del estado (o del ayuntamiento) no produce la suficiente coerción o violencia para que se cumpla la normativa, ¿por qué no acudir a otros proveedores de ese servicio? .
Pero aquí está el problema. En que, como bien decía Max Weber, El "estado" tiene el monopolio legal o legítimo en esto de usar la violencia, luego permitir que aparezcan otros proveedores de violencia que hagan el mismo trabajo no es legal. Y si no es legal, es que es ilegítimo. Es decir, que no hay forma legal de resolver el problema planteado por la monopolización de la violencia en manos de la policía. O lo que es lo mismo, que si se quiere resolver ese problema de escasez de la coerción o violencia producida legalmente no queda otra que buscar proveedores ilegales de la misma.
Y esto, si bien eso es un problema para políticos, juristas o moralistas, no es problema par los economistas. Si el "estado" no produce la suficiente y necesaria coerción o violencia para la consecución de una eficiente asignación de recursos (incluido el nivel de tranquilidad vecinal nocturna necesario para que yo pueda descansar) no hay razón para no acudir a productores privados ilegales: las mafias u organizaciones "criminales".
Otro gran economista, también Premio Nobel, Thomas C.Schelling, analizó las organizaciones "criminales" desde este punto de vista: como empresas productoras de un servicio muy especial: la protección violenta o coercitiva. Protección de todo tipo, incluso contra el comportamiento desaprensivo de un grupo de guiris maleducados.
No es tan raro, por otro lado, el acudir a este tipo de protección privada. Es lo normal en los estados "fallidos". Pero no sólo en ellos. Pondré dos ejemplos solamente. Uno de alto nivel, y otro más pedestre. El primero es aquel de un empresario vasco que, según se decía. en los "años de plomo" ante la incapacidad de obtener la adecuada protección por parte de la policía y los jueces, contrató los servicios de la mafia marsellesa con el objetivo explícito de que vengara contundentemente en familiares de terroristas etarras caso de que él o los suyos sufriesem un atentado. Le fue efectivo, pues no sufrieron atentados ni él ni su familia, y le salió además más barato que pagar el "impuesto revolucionario".
El otro ejemplo me lo proporcionan las pintadas en las que se leía "GUARDA GITANO" que proliferaron en las vallas de las obras de Madrid hace unos años. Con ellas se comunicaba a los posibles ladrones que, quien estaba de guardia no era ni la policía, ni un "segurata" de una empresa de seguridad privada legal al uso, sino un miembro de una supuesta organización o "mafia" gitana que no se iba a andar con legalidades a la hora de afrontar un robo sino que iba a aplicar la violencia más contundente.También esa forma de proceder, a lo que parece, resultaba eficiente como política disuasoria de robos.
Ante este tipo de argumentos, la respuesta suele ser siempre la obvia y esperada. Toma como ejemplo el caso italiano de cómo el uso de las mafias como productores complementarios de coerción o violencia no sólo no resuelve el problema sino que lo agudiza. Y es que estas empresas productoras de protección que son las mafias encuentran que lo más fácil para generarse ingresos es generar la demanda o la necesidad de sus propios servicios, es decir, que para obtener más beneficios lo que les interesa es generar la inseguridad para la que ellas ofrecen protección. Al así proceder, dejan de ser unos productores de violencia necesaria para convertirse en extorsionadores, es decir, oferentes de protección contra la violencia innecesaria contra la inseguridad que ellos mismos producen.
Pero, como señala Schelling, el problema aquí es que no hay la suficiente competencia. Es decir, que no hay las suficientes mafias u organizaciones ilegales productoras de coerción o violencia que compitan en un determinado territorio. Es lo que pasa en Sicilia, en donde sólo opera una mafia, la siciliana. En Calabria, donde sólo opera la calabresa, o en Napoles donde sólo opera la Ndrangetta. Si en cada uno de esos territorios operasen varias, la competencia entre ellas llevaría a que se comportasen "correctamente", o sea, a vender la protección estrictamente necesaria y deseada por los clientes pues en caso de que una extorsionase a sus "clientes", estos tendrían el obvio incentivo de abandonarla y contratar a otra no extorsionadora para que les defendiese contra la primera.
Así que, -pensaba anoche mientras no podía dormir mientras oía los gritos y cantatas de mis "vecinos" guiris,- "¡ojalá -me decía- que en Madrid operasen la mafia siciliana, la calabresa, la albano-kosovar, la rusa, la china o la de Madagascar! Me daba igual. Ahora mismo llamaba a alguna y contrataba sus servicios. Seguro que con el pack básico, el que viene con dos servicios o "visitas": una de aviso y otra, ya ejecutiva con el consabido mafioso tiro en la rodilla, bastaba para resolver mi problema".
Y que es una solución efectiva lo he comprobado esta mañana al despertarme. Pues fue suficiente imaginar que lo había contratado y regodearme con que, tras hacer caso omiso al primer aviso, mi mafia había enviado ya la orden para proceder a la segunda y contundente "visita" a mis gritonas"vecinas", como para caer dormido como un bendito a pesar de sus incesantes carreras, aullidos y berreos. ¡Más eficaz y con menos efectos secundarios que un Lexatín!
