A un amigo mío le acaban de robar la cartera y no está seguro de a quién responsabilizar.
Hace unos años, cuando la crisis ni estaba ni se la esperaba un cliente le dejó una deuda de sesenta mil euros y mi amigo, que no es de los que se demoran en tomar decisiones, le demandó inmediatamente y, tras unos años de leeeeento procedimiento judicial, consiguió una sentencia favorable.
Una vez firme la sentencia inició su ejecución y pidió que se trabara embargo sobre los bienes del demandado. Dicho y hecho, el juez acepta y le entregan la documentación al procurador, quien no la revisa y la lleva al Registro de la Propiedad, donde al cabo de unos días se la rechazan por el defecto subsanable de que al juzgado se le ha olvidado hacer mención de la cuantía del embargo.
¡¡¡Tremenda incompetencia!!! ¿El juzgado ordena un embargo preventivo y olvida mencionar la cuantía del mismo? ¿El procurador no se da cuenta? ¿Y el letrado?
Lo siguiente es presentar un escrito en el juzgado explicando el error y solicitando que se corrija inmediatamente. Eso ocurrió hace un poco más de un año, que es lo que ha tardado el juzgado en hacer la citada corrección.
Y la consecuencia de tanta negligencia ha sido que cuando el embargo llega finalmente al Registro de la Propiedad, naturalmente con su asiento ya caducado (caduca en 60 días), descubren que se les ha colado una pedazo de línea de crédito garantizada mediante hipoteca sobre el bien que se pretendía embargar, de manera que ha quedado meridianamente claro que mi amigo Carlos no va a recuperar ni un duro de su deuda.
¿Incompetencia de quien, del juzgado, del procurador o del letrado? ¿O quizás del propio Carlos? Porque mi abuelo decía que el ojo del amo engorda el ganado y esto aquí se aplica perfectamente. Es difícil que a un subastero le hubiera pasado algo parecido porque, conociendo como conocemos de qué pie cojea cada uno de los participantes necesarios en estas aventuras judiciales, nunca se nos habría ocurrido desentendernos de semejante asunto y dejarlo simplemente en sus manos. Al contrario, yo le hubiera acompañado al procurador a hablar con el secretario del juzgado para tratar de que hicieran la corrección in situ y, de haberse negado el juzgado, le habría dado la lata cada semana y si al cabo de un mes no me lo hubieran solucionado hubiera presentado una reclamación ante el Consejo general del Poder Judicial.
Cualquier cosa antes que perder dinero por la incompetencia de otros.