Lo que me ha sucedido esta mañana ha sido el colmo de los colmos.
Estaba tranquilamente examinando unos expedientes en un juzgado de la capital cuando veo que la expropietaria de un piso que me adjudiqué en julio entra en el juzgado y, tras preguntar brevemente a uno de los funcionarios, se dirige con paso resuelto a la tramitadora del expediente de la subasta en la que perdió su vivienda.
Breve inciso. A esta señora la visité por segunda vez la semana pasada y le ofrecí una salida digna de la casa y una pequeña oferta económica.
Esta fue su respuesta:
Mira listillo, ambos sabemos que el juzgado va a tardar al menos doce o dieciocho meses en echarme y con lo que tu me ofreces no tengo ni para tres meses de alquiler, así que o me das el alquiler de veinticuatro meses o me ofreces un alquiler social de diez años a 250 euros al mes, que es lo que yo puedo pagar, o yo no me muevo de aquí hasta que venga el juzgado a echarme.
Eso fue lo que me dijo esta señora que ahora se dirigía directamente hacia la funcionaria que estaba tramitando el procedimiento judicial.
Yo estaba a menos de cinco metros de ambas, así que he puesto los radares en marcha y he dejado de escribir.
La expropietaria le estaba contando a la funcionaria que un subastero (y aquí cuchichearon en voz baja) se había presentado en su casa y la había conminado a que hiciera las maletas diciéndole que si no lo hacía por las buenas lo acabaría haciendo por las malas.
(Mentira podrida. Yo jamás actúo de esa manera y es precisamente porque nunca hago cosas parecidas por lo que hasta hoy jamás me han hecho destrozos vandálicos en las casas que me he adjudicado. La clave está en tratar con respeto a los demandados).
¡¡Será lianta!!
No importa, yo he seguido callado mordiéndome la lengua.
Pero lo que ya no he podido tragar es cuando la funcionaria ha elevado la voz para que yo y todos los presentes la oyéramos (es o era así de chula) y le ha dicho a la demandada que ella no tenía por qué abandonar su casa antes de tiempo, que el subastero que se había adjudicado la subasta no tenía ningún derecho a entrar en esa casa hasta que el juzgado le entregara la posesión y que ella tenía el derecho a permanecer allí hasta el último minuto anterior a la fecha del lanzamiento y que aún faltaba mucho tiempo para eso. Meses, según ella, quizás años.
Y aquí es cuando he saltado:
Eso no es cierto. Todo lo que aquí se está diciendo es falso.
Lo cierto es que tu no eres nadie para asesorar a esta señora. Tu trabajo es sacar adelante el procedimiento a las órdenes del secretario y no estás aquí para asesorar a nadie, lo primero, porque no eres abogada y puedes meterles en un buen lío y lo segundo porque como funcionaria del juzgado debes ser escrupulosamente neutral y no puedes andar compadreando con los demandados en contra de las otras partes.
Y lo que te está diciendo esta señora también es falso.
Porque lo que yo hice la semana pasada y tengo perfecto derecho a hacer, dado que soy el legítimo propietario de esa casa, es ofrecerle dinero a cambio de que me entregase la posesión, porque para tu información, y aquí he mirado a la funcionaria, el juzgado no es el único que me puede poner en posesión de ese piso sino que, si quien la tiene, que es esta señora, me la quiere entregar, por la cara o a cambio de dinero, es un medio tan legítimo como otro cualquiera de obtenerla.
Digo esto para que veas que no estás cualificada para asesorarle a nadie.
Esta señora tiene la posesión y si ella lo desea me la podría entregar ahora mismo.
Si la funcionaria se hubiera callado, la cosa no habría pasado a mayores y ahora podría dormir más tranquila, pero le ha podido la soberbia de no poder soportar que un usuario de la Justicia, habitualmente tan acongojaditos ellos, le haya puesto por una vez en su sitio.
De manera que ha respondido, persistido en sus anteriores errores y añadiendo algunas dosis del rencor social que lleva dentro.
Conclusión, que como yo soy una persona muy educada y no me gustan las discusiones a voces he bajado el volumen de mi voz y le he pedido que me entregue inmediatamente los impresos para realizar una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial.
Ostras, se ha quedado de piedra. Se le ha ido el color de la cara.
Me he mantenido firme porque a estas alturas ya me importaba más el fuero que el huevo y aunque normalmente soy muy pragmático y suelo medir mucho las consecuencias de mis actos, en esos momentos ya solo me importaba defender mis derechos.
A los dos minutos ha salido el secretario y me ha pedido que le acompañase a su despacho, donde le he contado lo que había pasado y, como he persistido en presentar la reclamación contra la empleada pública, no le ha quedado más remedio que darme el impreso. Lo he rellenado, firmado y listo.
Ignoro si esto me va a perjudicar con los trámites de esta subasta o si, al contrario, ahora que conocen mi lado malo todo va a ir como la seda, pero ya empiezo a estar bastante harto de que funcionarios, que deberían ser más asépticos en su trato con las partes, se dediquen a llenar la cabeza de los demandados y okupas con falsedades acerca de derechos inexistentes.
Los demandados NO TIENEN DERECHO a permanecer en la vivienda hasta el último minuto.
No se trata de un derecho de ellos.
El derecho es nuestro, de los adjudicatarios.
De lo que se trata es de que los adjudicatarios NO podemos echarles a palos sino que si ellos no respetan NUESTRO DERECHO a tomar pacíficamente posesión de la vivienda, en tal caso no nos queda más remedio que esperar a que sea la Justicia quien lo haga.
Y eso, en España, toma su tiempo.
Meses... a veces años.
Supongamos que un macarrilla entra en mi casa y se lleva la moto de mi hijo. Yo no puedo ir a su casa, entrar en ella, darle de hostias y quitarle la moto.
¿Significa eso que el macarrilla tiene derecho a disfrutar de la moto hasta que la autoridad policial o judicial decida quitársela?
No, el macarrilla no tiene ese derecho. 
El derecho a disfrutar de la moto sigue siendo de mi hijo.
Lo que no significa que yo pueda liarme a hostias y recuperarla.
O sea, que mucho ojo con llenarle la cabeza de pájaros a los demandados acerca de sus derechos.
El derecho es nuestro, de los adjudicatarios.
¿O no?
