Tras la publicación ayer de un anuncio en relación a las concesiones de autopistas que presentan unos resultados negativos http://www.lavanguardia.com/economia/20120320/54271148433/fomento-se-plantea-nacionalizar-las-autopistas-en-bancarrota.html , yo no salgo de mi asombro, y para ello he remitido una carta la presidencia del gobierno, con copia al Ministerio de Fomento. Dudo que la respuesta que reciba, si es que la recibo, aporte algo de luz al asunto. No es la primera vez que me remito a algún Ministerio o a alguna Conselleria en el caso autonómico, y se suele obtener respuesta, ahora bien que a uno le parezca lógica ya es otro asunto.
Antes de que se lea la carta, creo que esto va a responder a motivos contractuales, dudo que con la que está cayendo, alguien se plantee “regalar” nada a negocios mas que consolidados, aun cuando puedan tener alguna división o filial cuyos “números” no son los que debieran, pero si es por dichos motivos contractuales me parece que al igual que en otros muchos asuntos, deberían pedirse responsabilidades y no solo políticas, porque las mismas todos sabemos hasta donde llegan.
Bien, ahí la dejo, por si alguien tiene interés en el particular, pero antes un poco de relax: http://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ
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Texto del escrito:
En .................a, ........................ de marzo de 2012
Sr. D. Mariano Rajoy Brey – Presidencia del Gobierno
Complejo de la Moncloa .......
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Excelentísimo Sr.:
Me dirijo a usted tras la publicación en prensa de la siguiente noticia:
“El plan que prepara Fomento para salvar a las autopistas de la quiebra incluye la entrada de la firma pública Seittsa en el capital de las más perjudicadas por la crisis o por decisiones de la Administración. El ministerio ve prácticamente ineludible el rescate de la Madrid-Toledo (AP-41) y la Eje Aeropuerto (M-12). La ministra Pastor se ha dado seis meses para articular las soluciones”.
Me permito presentar mi profunda perplejidad ante dicho proyecto, porque las mismas empresas concesionarias o, como mínimo algunas de ellas, aunque sea de manera indirecta a través de sociedades filiales, ostentan otras concesiones con una rentabilidad mas que demostrada, incluso en estos momentos de crisis económica, pero de las mismas nadie se plantea el rescate, y como bien conoce, al menos el último gobierno catalán lo llegó a plantear, pero el montante de la transacción, al parecer era inasumible.
Es mas, a cambio de ciertas obras de mejora se les amplían los plazos de concesión, de forma que su reversión al estado se torna muy lejana o incluso con unos tintes que se acercan mas a la perpetuidad que otra cosa, como sería el ejemplo de la AP7 (Autopista del Mediterráneo), de la cual son concesionarias seis sociedades distintas, y de ellas algunas incluidas en los grupos empresariales a los que se plantea el rescate que indica la noticia.
No acierto a comprender los motivos por los cuales el estado se ve obligado a una actuación como esta (caso de producirse), porque albergo la esperanza que no es voluntario y tendrá, supongo, relación con los contratos de “peaje en la sombra” que apunta el rotativo La Vanguardia en sus páginas económicas de hoy día 21/03/2012, porque de otro modo entiendo que no se puede permitir y utilizando un símil que en una herencia consistente en “una casa con hipoteca” se pudiera renunciar a la hipoteca pero aceptar la casa, la mera mención ya supone un despropósito mayúsculo, entonces a mi juicio esta idea del rescate se le asemeja bastante, permitiendo el ejecutivo que usted preside y que ha contado con una amplia mayoría de la confianza de la ciudadanía, de confirmarse la notica, que dichas concesionarias, insisto de manera directa o indirecta a través de filiales o participadas, podrán quedarse con “la casa” (las concesiones rentables) y desechar “la hipoteca” (las concesiones deficitarias).
Si yo en la empresa en la que trabajo, se nos ocurriera plantear a la administración la “donación” de alguna de nuestras unidades no rentables, ya conocemos la respuesta, es que ni se nos ocurriría plantearlo, las leyes del mercado, son las que son, no las que les interesa a algunos grupos empresariales, por mas que su actividad económica pueda considerarse de interés general. Como ciudadano puedo perfectamente entender las ayudas a ciertos sectores económicos por la incidencia social que suponen, como por ejemplo la banca, el sector energético o el transporte público, evidentemente que no es del agrado de la ciudadanía, sin embargo algunos comprendemos lo que podría suponer el permitir que las reglas del mercado actuasen con toda su crudeza en ciertos sectores de la economía, supondría unos males muchos mayores, y unas consecuencias económicas o de confianza en el sistema de muy difícil solución, pero me parece que no es el caso de las autopistas, y más cuando los sucesivos gobiernos a través de las distintas administraciones del estado (la estatal o las autonómicas) efectuaron unos elevados esfuerzos económicos en modernizar nuestra red de carreteras, que si bien podremos estimar que son mejorables, por mera definición todo lo es, convendremos que es un hecho el avance en ello desde la instauración de la democracia en España.
Incluso me atrevo a indicar que las actuaciones en inversión que el estado se ve obligado a efectuar en algunas zonas poco habitadas, en aras de un deseable “equilibrio territorial” o el evitar su despoblación, objetivos comprensibles para el ciudadano medio, y muy recomendables en un estado occidental como el nuestro, tampoco parecen ser aplicables en este caso, al menos de lo que se desprende de la información aparecida en prensa y objeto de mi escrito.
Si el estado se ve obligado a la actuación objeto de la reiterada noticia, fruto los contratos que amparan dichas concesiones, tal vez sería hora de pensar en pedir responsabilidades y no solo políticas a quien aceptó contratos que suponen que en caso de resultados satisfactorios, éstos van a engrosar los resultados de las concesionarias y de los balances de sus grupos consolidados, y para el caso de ser insatisfactorios, la ciudadanía debe correr con ellos.
Finalmente y expuesta mi inquietud sobre el particular, le rogaría que me indicase, en la medida de lo permite el reglamento de comunicación a los ciudadanos, dónde está mi error de apreciación, porque insisto de nuevo no salgo de mi asombro y perplejidad, sin ninguna pretensión de posición política, únicamente remarcar que con la información aparecida en prensa, a primera vista es como mínimo un atentando al sentido común, y si la situación fuera en momentos de expansión económica, entiendo que la perplejidad seria exactamente la misma .
En espera de su respuesta le saluda muy atentamente
D. ........................ NIF. ....................
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