El Sr. Carlos San Juan de Laorden, impulso una iniciativa que creo conocida por casi toda la ciudadanía, denominada:
Soy mayor, pero no soy idiota
Como apareció en prácticamente todos los medios de comunicación, la repercusión (y sus 600.000 firmas) ha sido mayúscula, sin embargo, de momento los resultados han sido muy escasos, una muy buenas palabras de varios políticos entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Sra. Nadia Calviño, no hay que olvidar que la banca es un servicio que afecta a mucho público, pero no es un servicio público, se trata de empresas bancarias privadas que, nos fuste o no, atiendes a sus intereses, su cuenta de resultados. El disponer de más oficinas que nadie no es, desde hace ya mucho tiempo, un objetivo en sí, aunque si supone objetivos el número de clientes, no obstante, el volumen de clientes que pueden aportar ciertas oficinas de pueblos pequeños, no se está considerando y que la contrapartida es el excesivo gasto que crea “un punto de venta”, en un negocio que, por sus bajos márgenes comerciales, la única forma de sobrevivir y ganarse la vida es con grandes masas de clientes.
Al margen de tímidas medidas que tiene más de publicitarias que otra cosa, como el caso de Banco Santander https://www.20minutos.es/noticia/4954009/0/santander-amplia-desde-el-lunes-su-horario-de-caja-a-las-14-00-horas-para-mejorar-la-atencion-a-los-mayores/ no vemos avances en este sentido, si bien siempre hay excepciones como es el caso de la Diputación de Huesca https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/02/10/la-diputacion-de-huesca-financiara-los-cajeros-automaticos-en-los-pueblos-1552160.html, la cual de confirmarse, podría cambiar algunas cosas, siempre y cuando estuviera acompañada de un servicio público de ayuda al manejo de los cajeros a instalar y, además que tales cajeros de las últimas generaciones, es decir, no solo dispensar efectivo, admitiendo ingresos, pagos de recibos, transferencias, etc.
El estado no puede en modo alguno obligar a entidades privadas a realizar tal o cual servicio, de hacerlo, esto acabaría bastante mal ante una reclamación en la Unión Europea, aun cuando si de alguna forma se promoviesen ciertas “pseudo obligaciones”, quien reclamase de contrario, podría tener un daño reputacional no deseado.
Para mí, el tema es bastante sencillo, se trata solo de una cierta voluntad política, y un presupuesto acorde. Tal "voluntad", en este momento puede ser de cierto interés incluso para los partidos mayoritarios, las plataformas de la España vaciada, podrían ayudar bastante en eso, su participación en las instituciones públicas, que empezaron por el diputado de Teruel en las cortes generales, que continuaron ayer con Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y Soria Ya (*) pueden condicionar algunas cosas a futuro. Ciertamente esto va de poner dinero público para poder mantener estructuras financieras en lugares en lo que serían deficitarias y, al mismo tiempo, conseguir alguna concesión de entidades bancarias a las que no interesa mucho salir como no ya los malos de la película, que esta percepción con razón o sin ella, ya está bastante instalada en la ciudadanía, sino como los peores de la economía, lo cual tampoco debe interesarles mucho (supongo).
Tampoco me vale que la parte de la ciudadanía que se está quedando fuera de las nuevas tecnologías, es un segmento que cada vez será menor por simple ley de vida, no creo que vaya a ser así, al ritmo que avanza esto, nos vamos a quedar algo fuera con el avance de la edad.
Para mí, la única manera ya no de solucionar esto, sino de minimizar sus efectos, no es otra que la colaboración en términos económico tecnológicos de los servicios públicos y las entidades financieras, y esto no se trata solo de hablar, habrá que poner algo de dinero público si o sí. Al final no es nada nuevo, el deseado equilibrio territorial nunca fue gratis para el estado.
(*) Ya tiene narices que, en unas elecciones autonómicas, cuyos objetivos de los que van a gobernar son los intereses de una comunidad concreta, no lo sean o, la percepción ciudadana sea ésta y tengan su espacio electoral, cuando lo lógico sería que lo tuvieran en el ámbito estatal y ahí es donde podrían incidir de una manera significativa, porque se supone que tales intereses regionales o autonómicos los va a defender cualquiera que tenga representación. Sin embargo, las cosas no siempre funcionan con la lógica deseable.
