Se tiene un problema económico cuando no se tienen los suficientes medios o recursos para afrontar “adecuadamente” las necesidades u objetivos que se tengan o persigan. En tal caso, uno se ve forzado o bien a olvidar algunas de las finalidades que se tengan, o bien a redefinir (a la baja) el significado de la palabra “adecuadamente”, de modo que el nivel de satisfacción o cumplimiento de los objetivos pueda -ahora sí- adecuarse a la escasez de los medios con que se cuenta.
Se tiene un problema financiero cuando, incluso aún no teniendo ningún problema económico -definido como se ha definido este tipo de problemas en el párrafo precedente- , es decir, cuando incluso aunque se tengan suficientes recursos para satisafcer los objetivos que se tengan, no se pueden usar por carecer de los isntrumentos financieros adecuados para tal tarea. No es lo mismo un problema económico que un problema financiero. Eso es algo que cualquier empresario sabe -y padece- a la perfección. ¡Cuántas veces un proyecto que es rentable económicamente, o sea, que no presenta ningún problema económico, no puede sin embargo llevarse a cabo por no poderse sortear el problema financiero, el problema de la liquidez!
Pues bien, en opinión de todos excepto uno -el señor don Santos Ruesga, que así merece ser nombrado- de los componentes del grupo de expertos que fue creado por el Gobierno español para elaborar una propuesta de reforma del sistema público de pensiones español, hay un claro problema económico en el interior de ese sistema que lo corroe y pone en riesgo su viabilidad futura, consecuencia de un subyacente e incuestionable “hecho” demográfico: que tenemos la suerte o la desgracia el que cada vez más españoles con derecho a percibir una pensión pública viven más años y perciben esa pensión durante más tiempo. En consecuencia, afirma el informe elaborado por los expertos oficiales, el sistema público de pensiones está sometido hoy - y lo estará más en el futuro- sometido a un stress o problema económico por carecer de medios o recursos suficientes para afrontar sus necesidades que no son sino las obligaciones contraídas con esa masa creciente de jubilados que cada vez viven más años.
Para arreglar el problema de esta insuficiencia de medios económicos respecto a las obligaciones, los expertos oficiales proponen una "valiente" y dura reforma que persigue hacer frente a este problema económico mediante una política dual que, a la vez y por un lado, rebaje la presión demográfica alargando la vida laboral de los trabajadores de modo que el periodo de prestaciones por jubilacido disminuya, y por otro, disminuya la pensión media en términos reales.
Contra esta “interpretación” por parte de la mayoría menos uno de los “expertos” oficiales de los males actuales y futuros del sistema público de pensiones español, otro grupo de economistas (entre los que me encuentro) ha firmado un documento criticándolo. Subyaciendo este documento, hay en mi opinión una idea básica: la de que partir del supuesto de que el problema de nuestro sistema de pensiones es económico-demográfico dista de ser el mejor punto de partida para analizar la cuestión, que hacerlo así como lo hace el grupo de expertos es, más bien, un error radical pues el problema de nuestro sistema de pensiones no es económico sino financiero.
En cualquier sociedad actual o pasada, la cantidad de recursos o medios que se permite disfrutar o usar a sus miembros inactivos por su edad, e incluso la definición de cuándo socialmente se considera que un individuo es inactivo (es decir, la edad de jubilación o de retiro) no son por lo general problemas económicos -tal y como han sido definidos previamanete estos problemas- sino cuestiones políticas. Así, exceptuando sociedades primitivas en condiciones de vida muy poco por encima de la mera subsistencia y/o nómadas tal y como pueden encontrarse en algunos registros antropológicos (y estoy penando, por ejemplo, en la maravillosa Crónica de los indios guayaquíes de antropólogo anarquista Pierre Clastres) en que la sobrevivencia del grupo pasa por el abandono o la muerte/asesinato de sus ancianos; o en los casos novelados en obras literarias o fílmicas (como, por ejemplo, en la película La balada de Narayama de Inamura, o en la de ciencia-ficción futurista Soylent Green de Fleischer), practicamente toda sociedad humana ha dispuesto del suficiente volumen de recursos para sostener “adecuadamente” por término medio a sus miembros ancianos inactivos. En consecuencia, si ha sido así antes, en condiciones de bajo nivel de desarrollo, más lo es ahora en una sociedad económicamente rica como la nuestra. Cuánta pensión tiene derecho quién y cuándo no es por tanto un asunto técnico o económico sino político y financiero. Es el estado quien, en un sistema de reparto, como es el español, decide quién tiene derecho a una pensión, cuándo y cuánta es su cuantía mediante la definición concreta de circunstancias como la edad de jubilación, las normas que regulan el acceso y la prestación, el establecimiento de la pensión máxima y otras, que, en su conjunto, determinan las condiciones para la estabilidad y equilibrio financiero del sistema. En consecuencia, no hay un número sagrado, un porcentaje concreto o definido de los recursos de una sociedad destinado a pensiones de tipo “técnico” o “natural” que sea el adecuado o correcto. Por ello, distintos países dedican diferentes porcentajes de su PIB a los gastos en pensiones. Y es de este substrato político del que pretende olvidarse el informe técnico de la comisón de expertos oficiales. Pero como siempre pasa en los asuntos económicos, no hay peor política que la que insidiosamente se oculta bajo el habitual juego de manos intelectual de hacer pasar por asuntos técnicos lo que son cuestiones políticas.
Como una ecuación vale informativamente más, mucho más, que mil palabras, vayan aquí dos a la vez sencillas e ilustrativas. El problema económico del sistema público español de pensiones -en opinión de la mayoría del grupo de expertos- surge del hecho de que hay hoy y lo habrá mucho más en el futuro un desequilibrio entre, por un lado, el gasto en pensiones en términos reales (G), que puede definirse en cada periodo (por ejemplo, cada año) como el producto de la pensión media (p) in términos reales por el número de pensionistas (N):
G = p x N
gasto que va a crecer continuamente por razones demográficas y por el incremento en la pensión media; y, por otro lado, los ingresos del sistema (I): las “rentas” del sistema que proceden de las cotizaciones sociales de los trabajadores (¡ojito! que aunque quienes las recauden y entreguen al sistema sean las empresas, no las pagan ellas), o sea, del producto del tipo de cotización social (c) por la masa salarial ( W x L, el producto del salario real medio W por el número de trabajadores empleados y cotizantes al sistema L), y también de los ingresos procedentes de otras fuentes (A) como lo son intereses por los ahorros del sistema, la venta de activos, y demás:
I = (W x L x c) + A
Si G e I fueran iguales y crecieran al mismo ritmo, no habría problema. El sistema estaría en equilibrio financiero siempre. El problema aparece cuando G crece más que I, como sucede en la actualidad. A este hecho se agarra el grupo de expertos oficiales para afirmar que el sistema se hará insostenible si no se reforma. ¿Cómo? Pues de una forma determinada y particular: cambiando el sistema de modo que el crecimiento de los gastos del sistema se frene , y para ello habría que hacer que p y N se alterasen de modo que los gastos en pensiones se ajustasen a los ingresos, lo cual quiere decir en las circunstancias actuales que la pensión media en términos reales (p) y el número real de pensionistas (N) tienen que disminuir desde ya. A esto se reducen esencialmente las conclusiones del informe de los expertos oficiales: a que el lado del gasto ha de acomodarse al lado de los ingresos en la ecuación que define el equilibrio financiero del sistema.
Ahora bien, los “hechos” demográficos sobre los que se asienta todo el argumento distan de ser hechos. Son extrapolaciones de tendencias que hasta ahora se han demostrado erróneas: predecir la evolución demográfica a 15, 20 o 50 años es un ejercicio de ficción sobre el que nunca se debería construir una argumentación que pretenda ser realista. Los mismos que ahora dicen que el sistema de pensiones español entrará en quiebra para el año 2030 decían ya lo mismo a principios de los años 90 y con igual seguridad solo que poniendo la fecha de la quiebra ya habría hoy pasado.Se equivocaron repetidamente en el pasado y nada hace pensar que no lo están haciendo hoy también. Pero más importante a la hora de cuestionar el informe de los expertos, es darse cuenta de que en su argumentación resalta por su ausencia un aspecto, y es que en tanto que el lado de los gastos recibe toda suerte de atenciones y consideraciones buscando su ajuste, el lado de los ingresos está -por decirlo así- dejado de lado. Nada se dice de “arreglar” el lado de los ingresos para afrontar el desequilibrio financiero actual y previsto del sistema, puesto que no hay problema económico sino problema financiero.
En efecto, si se piensa un momento, parece parcial y muy poco profesional por parte de tan reputados expertos en sistemas de pensiones mirar solamente hacia un lado, el de los gastos, y olvidarse del lado de los ingresos para resolver un problema financiero. No es necesario ser un economista experto en pensiones para entender que el lado de los ingresos ha de ser tenido en consideración para definir adecuadamente el problema y buscarle solución. Y más aún cuando como sucede en la actualidad, el stress financiero del sistema resulta ser claramente una consecuencia de la actual crisis económica y de las políticas de austeridad instrumentadas desde el gobierno para afrontarla. No hay que ser un experto para predecir que un sistema de reparto se hallará en dificultades financieras si los salarios en términos reales decrecen y también los hacen los niveles de empleo. Una subida de salarios y/o una politica económica expansiva que aumente el empleo resolverían también el problema financiero, solo que desde el lado de los ingresos, sin tocar la pensión media y sin alterar la edad de jubilación.
El grupo de economistas “alternativo” estima en consecuencia que, en vez de afrontar el problema financiero del sistema público de pensiones cambiando solamente el lado de los gastos del sistema, un cambio que va contra los pensionistas y que usa -por cierto- como coartada una suerte de “falacia naturalista” (el hacer pasar las cuestiones económicas que son por definición de índole político, por cuestiones técnicas, “naturales” y por ende extrapolíticas), serías necesario una aproximación o enfoque del problema mucho más matizada y equilibrada que lo enfocase en su integridad, o sea, no sólo como una cuestión de exceso de gastos sino también como una cuestión de insuficiencia o estancamiento de medios. En consecuencia, y en la medida que los problemas financieros del sistema no sean consecuencia de su diseño interno sino de los efectos de medidas de política económica exógenas al sistema, rediseñarlo para acomodarse a ellas no parece la política más idónea ni justa dado que perjudica a quienes no son responsables de esas políticas. Este punto de vista abriría así el camino a otras políticas que enfrentasen el actual problema financiero buscando incrementar el lado de los ingresos del sistema haciendo pagar a quien es el responsible de esas dificultades, es decir, al estado cuyas políticas de austeridad contribuyen de modo directo al desequilibrio.
Como punto final, una cuestión siquiera marginal ha de ser tratada. Resulta obvio que si, como consecuencia de una reforma del sistema de pensiones siguiendo las líneas apuntadas por el grupo de expertos oficiales, la gente estima que las pensiones públicas ya no van a ser suficientes para satisfacer sus expectativas, tratarán de suplementarlas acudiendo a los sistemas de pensiones privados. Dicho de otra forma, una política de reforma que baje la pensión media y alargue la vida laboral beneficia directamente a los sistemas privados de pensiones y a sus gestores. Ahora bien, es de conocimiento público que muchos de los expertos oficiales trabajan o han estado trabajando para instituciones financieras que tienen un interés claro y potente en la expansión de las pensiones privadas en este país. No es necesario ser un Sherlock Holmes o un Hercules Poirot económico para encontrar este curioso hecho significativo y quizás hasta explicativo de las parcialidades de las que adolece la propuesta de reforma de las pensiones defendida por el grupo de expertos oficiales.
