Todos quienes han leído la entrada anterior, han descubierto o señalado la razón que convierte en impracticable o irrealizable (o sea, en ineficiente) mi imaginaria propuesta de política microeconómica para acabar con la difusión del coronavirus, basada en el principio -tan de sentido común- de que quien contagie a otro, que pague por ello.
Cierto, la enorme dificultad que tendría todo quien fuese contagiado de descubrir quién le contagió y poder -además- demostrarlo, convierte en inviable esa política. En términos económicos, los costes de información y transacción de esa política la hacen imaginaria por ineficiente.
Ahora bien, si se lee con cierto detalle lo que escribí, se observará que esa política se basaba en el supuesto de que todos tenemos un derecho de propiedad que damos por supuesto: el derecho a respirar un aire libre de virus con la consiguiente consecuencia del derecho de los individuos infectados a perseguir judicialmente a quien los hubiera infectado. Y resulta claro que esa asignación de los derechos de propiedad que le concede a los individuos el derecho a no se contagiados/contaminados resulta ineficiente por la existencia de unos elevados costes de detección el que la epidemia de la COVID-19 sea vencida.
Pero la implicación de ello, atendiendo a lo que nos enseña el Teorema de Coase, no debe ser el abandonar el intento de hacer todo tipo de política económica contra la COVID-19 y dejar la lucha contra la epidemia en las manos de los expertos virólogos y de los periodistas-buenistas (tengo para mí que si Marx viviese en estos tiempos ya no hablaría de la religión como el opio del pueblo, sino del buenismo periodístico como el nuevo opio del pueblo) a la hora de diseñar la política antiepidemia, sino platearse la posibilidad de diseñar OTRA política económica partiendo de OTRA asignación de los derechos de propiedad.
Veamos, Imaginemos que, a diferencia de lo que nos dice el sentido común, que partéramos de una asignación radicalmente diferente de los derechos de propiedad que diera el derecho a respirar libremente a todos los individuos independientemente de que estuviesen infectados o no. Y, ahora, como política, propusiéramos que fuese responsabilidad de cada quien el no contagiarse. Dicho de otro modo, bajo esta asignación de derechos de propiedad, la víctima -y no el contagiador- sería la culpable de serlo por no haber puesto los medios materiales necesarios para protegerse. O sea, que quien se contagiase tendría que sufrir TODOS los costes que se derivasen de enfermarse. No podría repercutir los costes resultantes de contagiarse sobre nadie, ni sobre la sanidad pública ni sobre quien le hubiese contagiado.
Ciertamente, ya en la actualidad, las victimas, es decir, quiénes padecen la enfermedad sufren en sus propias carnes el padecerla. Pero lo que aquí yo propongo es un paso más en esa dirección, y es que las víctimas también paguen por los costes monetarios y de todo tipo que se siguen de estar enfermos. Costes que, ciertamente, no son baladíes. En el caso de las personas que estuviesen bajo la tutela de otros, por ejemplo, las personas en residencias de ancianos, los responsables financieros lo serían los dueños de esas residencias quienes tendrían que afrontar TODOS los costes e indemnizaciones (caso de fallecimiento) por los residentes que en ellas resultasen infectados.
Pues bien, si de algo estoy seguro es que la gente en general (y, por supuesto, los propietarios de las residencias), por la cuenta que les traería, se "pondrían las pilas" y harían todo lo posible por protegerse. Ciertamente, estoy convencido que no vería casos como el que ví el otro día en que una persona, todavía más vieja que yo, iba descuidadamente sin mascarilla en un lugar cerrado.
Obsérvese que esta política económica anticovid-19, tan imaginaria como la que propuse en la entrada anterior, lo único que hace es plantearse -como se hizo en la otra- el contagio como una forma de contaminación, y observar que el Teorema de Coase no se aplica a causa de los elevadísimos costes de detección del contaminador por parte del contagiado , resulta entonces que sí que importa si uno tiene o no el derecho a no ser contaminado/contagiado.
El "sentido común" siempre se posiciona a favor de la opción de que uno tiene el derecho a no ser contagiado, pero, bien mirado, no hay razón económica para que no se cuestione ese derecho si por así hacerlo se llega a una solución más eficiente para combatir la epidemia. Si, como he hecho aquí así se hace, de oponerse al sentido común y hacer a la víctima culpable surge otra imaginaria política económica anticovid más eficiente, ¿por qué no planteársela? Pues estoy seguro de ello, que una política que distribuye los costes del tratamiento CONTRA quien padece la enfermedad, incentivaría a los agentes de la manera más adecuada para protegerse de los contagios, además de que, obviamente,. sería más viable que la otra a la hora de combatir la epidemia ¿no?
Cierto, la enorme dificultad que tendría todo quien fuese contagiado de descubrir quién le contagió y poder -además- demostrarlo, convierte en inviable esa política. En términos económicos, los costes de información y transacción de esa política la hacen imaginaria por ineficiente.
Ahora bien, si se lee con cierto detalle lo que escribí, se observará que esa política se basaba en el supuesto de que todos tenemos un derecho de propiedad que damos por supuesto: el derecho a respirar un aire libre de virus con la consiguiente consecuencia del derecho de los individuos infectados a perseguir judicialmente a quien los hubiera infectado. Y resulta claro que esa asignación de los derechos de propiedad que le concede a los individuos el derecho a no se contagiados/contaminados resulta ineficiente por la existencia de unos elevados costes de detección el que la epidemia de la COVID-19 sea vencida.
Pero la implicación de ello, atendiendo a lo que nos enseña el Teorema de Coase, no debe ser el abandonar el intento de hacer todo tipo de política económica contra la COVID-19 y dejar la lucha contra la epidemia en las manos de los expertos virólogos y de los periodistas-buenistas (tengo para mí que si Marx viviese en estos tiempos ya no hablaría de la religión como el opio del pueblo, sino del buenismo periodístico como el nuevo opio del pueblo) a la hora de diseñar la política antiepidemia, sino platearse la posibilidad de diseñar OTRA política económica partiendo de OTRA asignación de los derechos de propiedad.
Veamos, Imaginemos que, a diferencia de lo que nos dice el sentido común, que partéramos de una asignación radicalmente diferente de los derechos de propiedad que diera el derecho a respirar libremente a todos los individuos independientemente de que estuviesen infectados o no. Y, ahora, como política, propusiéramos que fuese responsabilidad de cada quien el no contagiarse. Dicho de otro modo, bajo esta asignación de derechos de propiedad, la víctima -y no el contagiador- sería la culpable de serlo por no haber puesto los medios materiales necesarios para protegerse. O sea, que quien se contagiase tendría que sufrir TODOS los costes que se derivasen de enfermarse. No podría repercutir los costes resultantes de contagiarse sobre nadie, ni sobre la sanidad pública ni sobre quien le hubiese contagiado.
Ciertamente, ya en la actualidad, las victimas, es decir, quiénes padecen la enfermedad sufren en sus propias carnes el padecerla. Pero lo que aquí yo propongo es un paso más en esa dirección, y es que las víctimas también paguen por los costes monetarios y de todo tipo que se siguen de estar enfermos. Costes que, ciertamente, no son baladíes. En el caso de las personas que estuviesen bajo la tutela de otros, por ejemplo, las personas en residencias de ancianos, los responsables financieros lo serían los dueños de esas residencias quienes tendrían que afrontar TODOS los costes e indemnizaciones (caso de fallecimiento) por los residentes que en ellas resultasen infectados.
Pues bien, si de algo estoy seguro es que la gente en general (y, por supuesto, los propietarios de las residencias), por la cuenta que les traería, se "pondrían las pilas" y harían todo lo posible por protegerse. Ciertamente, estoy convencido que no vería casos como el que ví el otro día en que una persona, todavía más vieja que yo, iba descuidadamente sin mascarilla en un lugar cerrado.
Obsérvese que esta política económica anticovid-19, tan imaginaria como la que propuse en la entrada anterior, lo único que hace es plantearse -como se hizo en la otra- el contagio como una forma de contaminación, y observar que el Teorema de Coase no se aplica a causa de los elevadísimos costes de detección del contaminador por parte del contagiado , resulta entonces que sí que importa si uno tiene o no el derecho a no ser contaminado/contagiado.
El "sentido común" siempre se posiciona a favor de la opción de que uno tiene el derecho a no ser contagiado, pero, bien mirado, no hay razón económica para que no se cuestione ese derecho si por así hacerlo se llega a una solución más eficiente para combatir la epidemia. Si, como he hecho aquí así se hace, de oponerse al sentido común y hacer a la víctima culpable surge otra imaginaria política económica anticovid más eficiente, ¿por qué no planteársela? Pues estoy seguro de ello, que una política que distribuye los costes del tratamiento CONTRA quien padece la enfermedad, incentivaría a los agentes de la manera más adecuada para protegerse de los contagios, además de que, obviamente,. sería más viable que la otra a la hora de combatir la epidemia ¿no?
